La Federación Rural del Uruguay manifestó públicamente su descontento con el bajo precio del dólar, que afecta a los productores que reciben ingresos en dólares, pero enfrentan gastos en pesos. Jorge Rodríguez, presidente de la gremial, explicó por qué creen que el dólar debería estar a $ 58, y aclaró otros conflictos relacionados al mecanismo impositivo de las intendencias y el cese del apoyo al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).
En las últimas semanas se dieron múltiples discusiones entre agentes del Banco Central del Uruguay (BCU) y del Poder Ejecutivo, junto a empresarios y representantes de la producción agrícola. La razón radica en la caída del precio del dólar, con la defensa de la libre flotación por parte del directorio del BCU y los reclamos del sector productivo para una intervención sobre el atraso cambiario, quienes argumentan que están “bancando la fiesta”.
La semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou remarcó en reunión con más de 100 empresarios, que la intervención en el mercado de cambios no está en la agenda del BCU a corto plazo, pero que en la semana siguiente se podría tomar alguna medida sin un impacto fuerte. Fue así que el pasado miércoles el directorio del BCU resolvió recortar la tasa de interés en 50 puntos básicos hasta 8,5%, “dada la disminución sostenida de la inflación, su permanencia dentro del rango meta y el descenso gradual de las expectativas de los agentes”, explicaron en un comunicado. Tal como adelantó Lacalle Pou, el efecto de este recorte tendría efectos muy limitados en el dólar, al mismo tiempo que quita presión a la baja.
El dólar para la Federación Rural
En conversación con CRÓNICAS, Jorge Rodríguez, presidente de la Federación Rural, explicó la disconformidad con el precio actual del dólar. El economista asesor de la gremial, Milton Ramallo, calculó el atraso cambiario tomando datos de la evolución del dólar desde el 2004 hasta momentos previos a la pandemia, cuando el dólar estaba a $ 43. De allí salió que el dólar debería valer $ 58. Recientemente, también se hizo una comparación de la evolución del tipo de cambio con Brasil y Paraguay, donde el dólar debería estar a $ 50 y $ 59, respectivamente. “Quiere decir que ellos están por encima del promedio de la tasa de pérdida de valor del dólar y nosotros por debajo”, explicó.
Para Rodríguez, el tema del tipo de cambio bajo es un problema estructural del Uruguay, que trasciende gobiernos. Los productores reciben el valor del producido en dólares, pero luego “las cuentas hay que pagarlas en pesos, como cualquier ciudadano”. Otro problema es que la alta disponibilidad de dólares se da en parte por empresas del sector de las TIC que invierten en el país, mientras que estos dólares no encuentran demanda. “Este tipo de empresas tienen la posibilidad de corregir en tarifa el efecto del tipo de cambio, nosotros no, porque recibimos precios ya dados en dólares. Hablando como paisano, somos a los que más les chicotea el problema”, aseguró.
Si bien desde el sector se valora el esfuerzo por mantener el salario real y la baja inflación, también se entiende que desde el gobierno se tendrían que tomar medidas más intencionales para aplacar la situación, porque de lo contrario podría haber consecuencias de inversión y de empleo en las industrias asociadas a la exportación, y a productos primarios especialmente. “Algunos dicen que si esto fuera en el gobierno del Frente Amplio, hubiéramos salido a las cuchillas. La verdad es que no es el estilo de la Federación en mi presidencia. Nosotros participamos y argumentamos con información”, apuntó.
Disconformidad con las intendencias
En noviembre del año pasado la Federación Rural emitió un comunicado abordando el problema del mecanismo “injusto e improcedente” de no venta de guías de propiedad y tránsito de semovientes a los productores que no demuestren estar al día con el impuesto del 1% municipal. Dicho impuesto surge cuando se vende ganado, debiendo pagar un 1% del valor de la venta a la intendencia correspondiente. Si bien está la posibilidad de reclamar la devolución de este dinero, con cada venta del mismo ganado con valor agregado, este impuesto es cobrado repetitivamente. Para Rodríguez, se trata de “un juego en el que las intendencias están muy cómodas”, y apuntó que, en campaña presidencial, Lacalle Pou dijo que derogaría el impuesto, pero luego comunicó que “la coalición no acompañó”.
El desacuerdo con el INBA
Un mes después del mencionado comunicado, publicaron otro, esta vez expresando a las entidades de Campo Unido que la Federación Rural decidió “dejar de apoyar” con su presencia al INBA. “Creemos que, por su constitución, no es un organismo idóneo para ocuparse del bienestar animal de los animales de producción”, declararon. El presidente de la gremial admitió que estuvieron “muy enfrentados” con el primer director ejecutivo del INBA en la presente gestión, Gastón Cossia, quien renunció en 2022.
Posteriormente, aclaró la situación: “Los veterinarios que hay allí no son de campo, y el Sindicato Médico Veterinario también expresó su rechazo a eso. Están los animalistas y ONG de cuidado de animales de compañía, que hacen un muy buen trabajo. Pero nosotros cumplimos normas de bienestar para animales de producción reconocidas internacionalmente, y esos temas no están en agenda. Estar tres horas para discutir cuántos fustazos se permite pegarle a un caballo en una carrera… no estamos para perder el tiempo. Queremos que haya un INBA donde esté Cancillería, donde esté INAC, donde esté la industria y, por supuesto, los productores”, puntualizó.
