En la búsqueda de prevenir el lavado de activos, la Ley de Rendición de Cuentas del año 2016 incorporó a agentes del sector no financiero –operadores inmobiliarios, escribanos, rematadores, constructores, entre otros- al elenco de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Pero ha habido gran resistencia por parte de algunos profesionales, que creen que no deberían estar en esa lista. Sin embargo, expertos en la materia dicen lo contrario, e incluso advierten por los efectos negativos que la falta de regulación puede significar para nuestra economía.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
La regulación del lavado de dinero “vino para quedarse”, remarcó Juan Cruz Amirante, socio director para el Cono Sur de Kroll, la consultora norteamericana líder en investigaciones corporativas y mitigación de riesgos. Agregó que inclusive “puede dejar afuera del negocio” a los profesionales que se resistan a participar de la supervisión.
Por su parte, la socia de Testa Consultores –firma uruguaya dedicada a la consultoría en gestión de riesgos, prevención de lavado y regulación bancaria y financiera-, Andrea Testa, afirmó que hasta el momento no ha existido “una supervisión fuerte de los profesionales que son sujetos obligados”, debido, sobre todo, a un “tema cultural”, aunque aseguró que “eso está cambiando”.
Ambos disertaron en el seminario internacional denominado “Prevención del Lavado de Activos, Ética, Cumplimiento y Transparencia Fiscal”, que tuvo lugar en el Hotel Sheraton de Montevideo el martes 15, donde conversaron con CRÓNICAS.
El objetivo del congreso, que todos los años se realiza en distintos países de América Latina, es brindar una capacitación continua y una actualización respecto de las nuevas tendencias regionales en materia de prevención de lavado de dinero. “Al ser un delito que muta continuamente, es importante estar a la vanguardia en esta temática”, explicó Amirante.
-¿Cómo es la situación de Uruguay en materia de lavado de activos con respecto a la región?
Andrea Testa – Uruguay ha tenido grandes avances en estos últimos tiempos, y de hecho ahora se está tratando en el Parlamento una ley que –como explicó el secretario nacional antilavado [Daniel Espinosa]- reúne las normas vigentes hasta el momento e incorpora determinadas exigencias, que si bien estaban en los estándares internacionales, nuestro país no las tenía dentro de su legislación.
-¿Cuáles son esas exigencias?
AT – Por ejemplo, amplía el elenco de delitos precedentes y también el de sujetos obligados; concretamente entran profesionales como contadores, abogados, escribanos, que si bien estaban incluidos cuando ejercían determinadas actividades, no quedaban a texto expreso en la ley. La gran modificación es la incorporación de los delitos fiscales como precedentes, específicamente la defraudación tributaria, que va a implicar un cambio importante en los sistemas de prevención de las instituciones.
Yo creo que Uruguay está muy bien a nivel de la región. Le podrán faltar pequeños retoques, que se están haciendo, y de cara al 2019, que tendrá la evaluación del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), va a tener que mostrar efectividad y que el sistema funciona.
En el sector privado también se están haciendo muchos esfuerzos. El sistema financiero hace muchos años que trabaja en esto y muestra buenas estadísticas y resultados; ahora el trabajo más arduo queda del lado del sector no financiero, donde la supervisión empezó hace relativamente poco tiempo.
-Justamente, profesionales que conforman ese sector han mostrado bastante resistencia a ser considerados sujetos obligados.
AT – Yo creo que es un tema más cultural. La vieja regla del banquero de conocer al cliente, las instituciones financieras la tienen más grabada a fuego –igual no fue fácil, estamos desde 2001-2002 con estos temas-, y no es una cultura que esté presente en otros sectores, por eso ha dado un poco más de trabajo. También porque no hubo una supervisión efectiva: realmente no existió hasta el momento una supervisión fuerte de esos sujetos obligados, pero creo que eso está cambiando.
-Que nuestro país esté a la vanguardia en comparación con el resto ¿se debe a los avances normativos?
Juan Cruz Amirante – Desde hace muchos años Uruguay tiene una estructura jurídica muy sólida, sujetos obligados muy conscientes, y de hecho este evento te lo demuestra: participan sujetos obligados muy variados, porque realmente toman conciencia de que esto vino para quedarse y que los puede dejar afuera del negocio.
“La informalidad genera ausencia de controles por el BCU y abre una ventana de oportunidad a los lavadores”, sostuvo Amirante.
-Uruguay está adelantado, pero no deja de ser vulnerable.
JCA – Absolutamente, todo sistema es perfectible. Siempre vamos algún paso detrás de los lavadores, que encuentran nuevos mecanismos para ingresar fondos de procedencia ilícita, pero sin lugar a dudas otros países de la región, incluyendo el mío [Argentina], están bastante más atrás.
-Quiere decir que a medida que avanza la regulación, los mecanismos de lavado también se van aggiornando.
JCA – Exacto. A medida que vamos cerrando canillas, se van abriendo otras. Estamos hablando de volúmenes muy importantes de dinero, que por más que el costo a veces sea elevado, siempre encuentran la forma de colarse al sistema financiero.
-El mercado inmobiliario es de los sectores más importantes de nuestra economía, y aun así todavía no está regulado por ley. El presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Gabriel Conde, expresó tiempo atrás a CRÓNICAS que la falta de regulación en el rubro facilita el lavado de dinero. ¿Comparten esta visión?
AT – Ese ha sido un reclamo constante de la CIU. El sector inmobiliario está regulado en el sentido de que los operadores son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.
-Pero hay mucha actividad informal en el sector.
AT – Exacto. Los reclamos de la Cámara muchas veces vienen por el lado del sector informal, y en la medida que no está matriculado, se dan esos casos. Ahora, el problema es que se den casos [de lavado] también en las inmobiliarias que están formalmente constituidas. Yo creo que han avanzado mucho, de hecho hay interés, consultan, buscan armar procedimientos de prevención, vienen a este tipo de eventos, pero indudablemente todavía queda mucho por hacer. De todas formas, la informalidad juega en contra en todos los sectores. En el inmobiliario capaz que es más visible porque hay un gran número de operadores informales –al menos eso es lo que opina la CIU-.
“El crimen organizado siempre va un paso adelante en recursos, en innovación, y Uruguay no está ajeno a esa realidad”, lamentó Testa.
-Pesa también el hecho de que en los casos de lavado, por lo general, hay inmuebles involucrados.
AT – Exactamente. Varios de los procesos que hay en Uruguay implicaron compras de campos o de inmuebles importantes en alguna etapa. Yo creo que el registro de sujetos obligados va a ayudar en ese sentido –hoy ni siquiera sabemos bien quiénes son todos los que integran esa nómina-.
Pasa también con otros sectores, como el de obras de arte, los artículos de gran valor, de alhajas, pero da la sensación de que tienen un menor riesgo en nuestro mercado, al menos al día de hoy, porque a medida que los controles empiezan a ser más efectivos en un sector, puede darse un traslado [del lavado] hacia otros sectores.
No hay una vacuna contra el lavado, hay que tener buenos procedimientos, aplicar una buena debida diligencia, conocer al cliente. Uno podrá tener una falla en el proceso, porque aparte, lamentablemente, el crimen organizado siempre va un paso adelante en recursos, en innovación.
-¿Y nuestro país no está ajeno a esa realidad?
AT – No, sin duda que no. Estamos inmersos en una región que tiene riesgos importantes; el riesgo de los delitos de corrupción ha crecido enormemente, el narcotráfico está a la vuelta de la esquina, y nuestro país no está ajeno a eso.
-¿Cómo repercute la informalidad de la economía en el lavado?
JCA – Todos los países de Latinoamérica tienen un porcentaje de economía informal muy grande. Uruguay con la bancarización lo que está buscando es acortar esa brecha, que me parece fundamental para que el regulador pueda tener más control respecto de la economía, los movimientos de flujos, y descubrir potenciales actividades inusuales o ilícitas.
“Hay volúmenes muy importantes de dinero que siempre encuentran una forma de colarse al sistema financiero”, advirtió Amirante.
Como decía Andrea, Uruguay no escapa de la realidad de la región, donde existe informalidad, pero me parece que las iniciativas que se están teniendo aquí y que otros países todavía no han adoptado, hacen que este país esté a la vanguardia en estas cuestiones.
-Pero esa informalidad o falta de regulación ¿puede facilitar que se lave dinero?
JCA – Absolutamente. La informalidad de la economía hace que los reguladores no puedan ejercer control sobre determinados fondos y, lógicamente, que no puedan trabajar para evitar el lavado de dinero. Además, genera ausencia de controles por el BCU (Banco Central del Uruguay) y abre una ventana de oportunidad a los lavadores.
-¿Cómo es el rol de los gobiernos en América Latina en la prevención del lavado?
JCA – Combatir este delito siempre es una decisión política, al margen de que hay presiones de organismos internacionales.
-¿Es correcto el rol que ejerce nuestro gobierno en esta materia?
JCA – Evidentemente la decisión de este gobierno es continuar con la tendencia y con la lucha contra el lavado de dinero, y creemos que es lo correcto. Incluso con funcionarios de muy buena trayectoria, a diferencia de otros países de América Latina, donde esas posiciones están muy politizadas.
Aquí cambia el gobierno y el funcionario que tiene conocimiento y trayectoria se mantiene, de hecho Espinosa está vinculado a esta temática desde que se inició la normativa, hace unos 20 años. Este es el único país de la región donde los funcionarios se han mantenido dentro del Estado, tratando de defenderlo en todo lo relativo a la prevención de lavado, cosa que lamentablemente en otros países no sucede porque son puestos mucho más vinculados a la política.
-Es de vital importancia que la evaluación del Gafilat en 2019 sea positiva, porque de lo contrario se vería afectada nuestra reputación ante las instituciones financieras internacionales. ¿Se podría decir que va camino a lograr una buena calificación?
JCA – Yo creo que se están haciendo las cosas de manera suficientemente profesional como para tener una calificación positiva, estoy convencido de eso.
Lo que falta
Los desafíos que Uruguay enfrenta en cuanto a la prevención del lavado de dinero van de la mano de la implementación de la nueva ley, que incorpora el delito fiscal como precedente.
Es importante destacar también el reto que representa la preparación para la evaluación del Gafilat en 2019, donde por primera vez se va a evaluar a nuestro país por la nueva metodología de evaluación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que está basada en mostrar efectividad. “Se trata de exponer las estadísticas de reportes de operaciones sospechosas, de procesamientos, de decomisos, y creo que en esa línea es donde el país está trabajando mucho”, dijo Testa.
Agregó que en el sector financiero la supervisión es “efectiva”, aunque resta aggiornarse a las normas en materia de intercambio de información tributaria, que “si bien no es estrictamente un tema de prevención de lavado, está relacionado porque impacta en forma directa en la debida diligencia del cliente que deben llevar a cabo las instituciones para cumplir con las normas antilavado”.
