Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional
El 2022 presenta grandes desafíos para la coalición de gobierno, de acuerdo con el representante nacional y coordinador de bancada del Partido Nacional (PN) entrevistado por CRÓNICAS. “Lo que está en juego en el referéndum es la profundidad de los cambios”, advirtió. En otro orden, enfatizó en la necesidad de “profundizar” el vínculo entre los socios del bloque multicolor. También se refirió a la agenda de derechos, que, según entiende, debe “reorientarse”, y alertó por las consecuencias que implicaría aprobar el proyecto que legaliza la eutanasia.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Cuáles son los principales desafíos que presenta el 2022?
-El 2022 presenta tres desafíos o encrucijadas políticas. Primero, hasta el 27 de marzo, el foco excluyente será el referéndum, en el que se va a dilucidar no tanto el rumbo del gobierno, sino de las transformaciones iniciadas y comprometidas. El rumbo no está en juego, se mantendrá firme en cualquier hipótesis, con una fuerte impronta liberal, social y humanista, y orientado por la idea fuerza abrazada por el presidente de libertad responsable. Pero hay que admitir que lo que está en juego es la profundidad de los cambios, y si gana el No, cabe esperar un gobierno pleno de transformaciones no solo en la seguridad ciudadana, la educación y las relaciones laborales, sino también en la inserción internacional y la gestión del Estado.
Segundo, luego del referéndum, nos espera una agenda muy cargada con cuestiones que no estaban incluidas en la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero que son sensibles para diversos sectores políticos o sociales, como la tenencia compartida o la corresponsabilidad de crianza, la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, la promoción de la natalidad, entre otros.
Finalmente, y una vez que podamos hablar de pospandemia, se deberán abordar sus principales efectos, entre los que se destacan el agravamiento de los problemas de salud mental y el aceleramiento de la transformación digital y las nuevas exigencias para la empleabilidad de las personas.
Todo esto sin olvidar la reforma de la seguridad social que el gobierno parece dispuesto a impulsar, pero habrá que ver si el sistema político está dispuesto a asumir la responsabilidad.
-El sector colorado Ciudadanos rechaza el proyecto de tenencia compartida impulsado por Cabildo Abierto (CA) y el PN. ¿Le ve futuro de todas formas?
-Yo te diría que van a estar los votos, porque no todo el sector está en contra, al menos en Diputados. Ese proyecto se va a resolver en el primer cuatrimestre del 2022. Y quiero ver en el momento de votar si no aparecen votos de la oposición también.
-¿Lo cree posible?
-Sí, porque es un tema muy sensible.
-¿Lo ha hablado con diputados opositores?
-Sí, yo veo que hay dudas, no están claros en el “no”.
-¿Qué estima que pasará con la iniciativa para otorgar prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años?
-Después del referéndum, ese es un tema que va a haber que resolver por sí o por no. Es un proyecto que CA como socio importante de la coalición puso como prioritario.
-¿Qué posición tiene usted al respecto?
-Yo estoy a favor de una solución.
-¿Va a votarlo?
-Es un proyecto que necesita reformulaciones, quizás debería ser para mayores de 70 y no de 65, y para algunos delitos y no otros, pero yo soy favorable a encontrar una solución para una definitiva pacificación de todos los sucesos transcurridos antes y durante la dictadura. El partido todavía no ha tomado posición.
-¿Cuáles serán las claves para definir estos desafíos que mencionaba?
-En primer lugar, la capacidad para consolidar la coalición de gobierno, para lo cual deberemos dar otros pasos para profundizar el relacionamiento entre los partidos miembros y acordar nuevas reglas de organización y funcionamiento como bloque. Hay que trabajar mucho más en afianzar la relación entre los partidos, legisladores, autoridades de gobierno y dirigentes a todo nivel.
Segundo, hay que impregnar el debate público de un registro más ético y menos ideológico como el que suele predominar en la sociedad uruguaya, para propiciar una mayor responsabilidad política, muy necesaria para abordar cuestiones de largo plazo y de mucho costo político como la reforma de la seguridad social. En tal sentido hemos incorporado nuevas formas y metodologías de gobernanza anticipatoria sistémica como la que estamos ensayando en el Parlamento con la Comisión de Futuros, o en otros ámbitos como la Comisión de Seguridad Social.
Esta clave con fuerte acento humanista, también resulta necesaria para abordar los desafíos que la revolución tecnológica y la crisis de la pandemia imponen. Para contribuir en esa tarea, hemos propuesto la creación de una Comisión Nacional de Bioética con el objetivo de orientar sobre cuestiones éticas suscitadas en el desenvolvimiento de la ciencia y la tecnología, y que puedan tener impacto en la vida humana o en el medio ambiente.
-¿A qué se refiere concretamente con la necesidad de profundizar el relacionamiento entre los partidos de la coalición y acordar nuevas reglas de funcionamiento?
-El objetivo de consolidar la coalición es prioritario, el presidente lo reafirmó en la reunión que tuvimos la semana pasada. Debería haber una agrupación parlamentaria y otra de gobierno de todo el bloque, con instancias permanentes para resolver las tensiones, conflictos y diferencias que se van generando o incluso para proyectar. La coalición está madura y está reclamando eso, que no tiene que ser necesariamente un ámbito de cúpula como pide el senador Manini –eso depende del presidente-.
-¿Qué lugar ocupa la agenda de derechos para el gobierno en el tiempo que viene?
-La agenda de derechos debe reorientarse. Más que seguir inventando nuevos derechos, que a veces ni califican para ello, lo que hay que hacer es reformularla en dos sentidos. Por un lado, debemos adaptar los mecanismos de protección de los derechos humanos en los nuevos escenarios digitales y tecnológicos. En esa línea, estamos trabajando en la aprobación de una Carta de Derechos Digitales, que no implica crear nuevos derechos, sino procurar la adecuada protección en un entorno digital en constante expansión y evolución, que a su vez plantea nuevos conflictos y retos en la aplicación e interpretación de los principios jurídicos vigentes.
Por otro lado, la agenda de derechos debe enfocarse en revalorizar algunos derechos fundamentales que han sido descuidados por los gobiernos anteriores. Hace falta volver a jerarquizar derechos fundamentales como la vida, que se ha visto sometida a un proceso insostenible de relativización, o la libertad de expresión, que se encuentra seriamente amenazada en el marco de la creciente expansión y poder de las grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, Twitter y otras plataformas globales.
-¿De qué manera entiende que habría que “reformular” la agenda de derechos?
-Hasta ahora ha habido una obsesión por crear nuevos derechos, pero el gran desafío es cómo garantizar los derechos fundamentales como la libre expresión en este nuevo mundo digital dominado por las grandes plataformas que controlan los contenidos, que tienen un poder oligopólico enorme. Por eso yo hablo de una Carta de Derechos Digitales, para salvaguardar la protección de datos personales, la intimidad, la privacidad. ¿Dónde está hoy el debate público? En las plataformas. Entonces, hay que garantizar que uno pueda participar y no lo cancelen o le cierren la cuenta.
En un segundo sentido, hay derechos fundamentales que han tratado de marginarse, entre ellos, el derecho a la vida, donde hoy en las cárceles, por ejemplo, parece estar olvidado. Y hay intentos de atentar contra ese derecho, como con la eutanasia. Por eso es un momento de revalorizar esos derechos que han quedado un poco desplazados. En el tema de la eutanasia hay un intento claro de despreciar el derecho a la vida, dado que lleva a la muerte de un número muy importante de personas.
-¿A qué se refiere con que hay una obsesión por crear nuevos derechos?
-El Frente Amplio (FA) propone crear el derecho a la eutanasia; tiene una obsesión de crear derechos, cuando este ni siquiera lo es, es un antiderecho, porque si te quedás sin vida, te quedás sin derechos. El camino es otro. Los derechos ya están, hay que revalorizarlos y garantizarlos.
-¿Qué le depara el futuro al debate para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en el país?
-Lo primero es asumir que estamos ante una cuestión de la mayor trascendencia política, social y cultural, con efectos muy importantes tanto para las actuales generaciones como para las que vendrán. Segundo, se trata de un asunto muy complejo que no puede ser resuelto con ligereza ni frivolidad. En consecuencia, requiere una reflexión seria y profunda que tiene que involucrar a toda la sociedad.
-¿Cuáles son las razones de su rechazo?
-Primero que nada, la propuesta de legalizar la eutanasia implica un cambio radical y subversivo del orden jurídico y ético de la sociedad, atentando contra la vida y la libertad de los más vulnerables y causando un daño irreversible a la profesión médica y en especial a la relación con los pacientes.
En segundo lugar, tanto el proyecto de Ope Pasquet como el del FA, además de ser profundamente injustos, resultan de una inoportunidad, ingenuidad e imprudencia inexcusable. Injusto, porque les quita la protección de la ley a los más vulnerables –enfermos y ancianos- y los exponen a todo tipo de abusos, tanto desde las instituciones de salud como desde sus entornos. Inoportuno, porque los problemas de salud mental se han visto agravados por la pandemia y los casos de depresión e intentos de suicidio han aumentado exponencialmente. Ingenuo, porque no prevé las consecuencias que se pueden ver en todos los países en los que se aplica una legislación similar, en los que se amplía la práctica de la eutanasia a muchos más casos que los previstos en la ley originalmente. A todas luces, resulta de la mayor imprudencia proponer legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en estas circunstancias.
Y, finalmente, porque, aunque este atajo puede ser seductor en una sociedad crecientemente individualista, hedonista y de la satisfacción inmediata, no conduce a la eliminación del sufrimiento como promete, sino a la muerte anticipada de muchos inocentes, a un recorte de derechos fundamentales y a una cultura del descarte que legaremos a las futuras generaciones. Es un camino sin retorno que implica una degradación ética y un retroceso civilizatorio que marcará el comienzo del fin del Uruguay humano y solidario.
El aprendizaje tras la experiencia del Fondes
El diputado Goñi se refirió a la gestión del Fondes llevada adelante en los gobiernos anteriores, tema sobre el cual ha sido duramente crítico. “Para mí, eso fue una lección aprendida de que el Estado no puede sustituir al empresario, porque cuando quiso hacerlo, fracasó el 100% de los proyectos”, opinó.
Agregó que el Estado “puede y debe” apoyar al empresario que ha demostrado tener condiciones y competencias, pero “no sustituirlo por sí mismo ni inventar grupos de personas que no tienen las condiciones para emprender, porque esa capacidad no la tiene cualquiera”.
Un camino para adaptarse a los cambios en ciencia y tecnología
Desde setiembre del año pasado funciona la Comisión de Futuros, que está integrada por diputados, senadores y actores del ámbito científico, tecnológico y de la bioética. “Es una especie de GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) parlamentario”, graficó Goñi, y explicó que su propósito es hacer “gobernanza anticipatoria”, tal como sucede en países como Finlandia o Chile.
La función de esta comisión es prever y anticiparse a los cambios en ciencia y tecnología, a fin de generar los instrumentos para que los distintos sectores de la sociedad puedan adaptarse a esas transformaciones.
“La revolución digital está cambiando la empleabilidad de la mayoría de los trabajadores”, por lo cual es necesario capacitar a los recursos humanos, de modo que puedan adecuarse a las nuevas formas de trabajo, de acuerdo con el legislador.
