Lic. Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
El titular de la Secretaría cuyo objetivo es combatir el lavado de activos, Carlos Díaz, fue crítico con aquellos sectores vinculados a actividades profesionales que se resisten a formar parte del sistema preventivo contra el lavado, que según dijo, “no visualizan la dimensión del problema”. Por otro lado, si bien aseguró que la Senaclaft cuenta con las facultades necesarias para controlar al sector no financiero, opinó que “algún día deberá tener una estructura que no sea fundada exclusivamente en los pases en comisión”.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-El Presupuesto Nacional del año pasado otorgó a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) el cometido de controlar el sector no financiero, que comprende a inmobiliarias, casinos, escribanos, rematadores, constructoras, entre otros rubros. ¿Cómo ha sido ese proceso?
-El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley con un cronograma establecido para todo el año, que se viene cumpliendo tal como fue previsto. Hay que tener en cuenta que es una tarea muy compleja, que hay muchísimas personas comprendidas como sujetos obligados y que era necesario incorporar funcionarios. Creemos que todo esto se ha cumplido más que satisfactoriamente.
-¿Por qué se decidió ese cambio?
-Porque desde hace tiempo y en función del cambio en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el año 2012, según las cuales se requiere que las normas se lleven a la práctica, estábamos con controles muy débiles y creíamos que teníamos que cumplir con lo que establecían las recomendaciones.
Además de eso, necesitábamos un sistema preventivo eficiente, pero resultaba que el sector no financiero no estaba contribuyendo a que lo fuera, dada la inexistencia prácticamente de reportes de operaciones sospechosas, y la carencia de controles.
La conclusión a la que se llegó fue que la tarea del control de este sector no se le podía adjudicar a ningún organismo que lo viera como algo accesorio, es decir, era imprescindible que estuviera en manos de un organismo que lo tuviera como tarea sustantiva.
Se decidió que lo tomara la [ex] Secretaría Antilavado [actual Senaclaft], con la atribución de tener autonomía técnica absoluta, sin injerencias políticas de ninguna naturaleza ni de ningún sector.
“Un organismo de esta entidad algún día tendrá que tener una estructura que no sea fundada exclusivamente en los pases en comisión”
-¿Qué se entiende por lavado de activos?
-Es intentar darle carácter lícito a activos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Es fundamental para el mundo actual tener claro que el lavado de activos es quizás uno de los temas más importantes, en tanto es el corazón del crimen organizado. Hay autores que sostienen que estamos volviendo a la era del crimen organizado. El único leitmotiv que persigue la actividad criminal es la obtención de un beneficio económico.
Cuando hablamos de lavado de activos estamos hablando de crimen organizado, entonces, combatir a uno o a otro es exactamente lo mismo. Y no me estoy refiriendo a quitarle bienes de uso como autos o casas, sino al capital del trabajo, es decir, privarlo de eso es la única forma que existe para combatir al crimen organizado y a sus ramificaciones.
-¿El lavado de activos y el crimen organizado están aumentando en nuestro país?
-No necesariamente. Nosotros creemos que vamos camino a tener una buena performance en el enfrentamiento que estamos teniendo. Algo que resulta de fundamental importancia es que tenemos un sistema político integrado por todos los partidos, y éstos tienen el propósito de combatir el crimen organizado, no solo a través del lavado de activos, sino de todas sus manifestaciones.
Eso pone al país en una situación de menor vulnerabilidad en comparación con la mayoría de los países del mundo, donde los actores políticos manifiestan tener algunas dudas en cuanto a tomar una posición en contra de este tema.
Somos muy optimistas y en Uruguay estamos más adelantados que en los demás países. De todas formas, tenemos algunos sectores que no visualizan la dimensión del problema o no quieren formar parte del sistema preventivo, que parece que tienen una especie de carácter divino y que no están llamados a actuar como se dice en el resto del mundo que se debe actuar.
-¿Qué sectores?
-Algunos sectores vinculados con actividades profesionales.
-¿Que no han venido acompañando este proceso?
-Que no lo han venido acompañando y que manifiestan cierta resistencia, pero estoy seguro de que eso se va a superar.
-¿Resistencia por qué?
-Tengo que ser honesto. Lo poco que yo leí de algunos de los argumentos –porque es un tema que no me ha preocupado demasiado-, no era correcto, o sea, estaban manejando información equivocada. El otro día escuchaba por la radio al presidente de una institución criminal que decía: “Nosotros no tenemos que estar”. El GAFI entiende que sí, y si los legisladores entienden que no, no estarán.
“La concepción del Estado-nación no solo ha sido vulnerada por el mosquito del Dengue y del Zika, sino también por el crimen internacional”
-¿Considera que los controles son suficientes en Uruguay?
-El problema que tenemos es que el lavado de activos es algo muy dinámico, como el crimen organizado. Uruguay tiene una excelente calificación según las evaluaciones que le han practicado los organismos internacionales.
¿Eso nos puede dejar satisfechos? Creemos que no. Creemos que debe complementarse sobre todo con la puesta en marcha de una serie de mecanismos que están previstos, pero que no están funcionando todo lo bien que nosotros quisiéramos.
A partir de las nuevas realidades que van surgiendo, de las nuevas tipologías que vamos viendo, creemos que estamos en una situación saludable porque conocemos los cambios que tenemos que hacer, algunos de los cuales están en un borrador que hemos elevado al Poder Ejecutivo.
-Uno de ellos es la inclusión del delito fiscal como delito precedente del lavado.
-Sí.
-¿Por qué es importante incluirlo?
-En primer lugar porque lo exige el GAFI, esa es una de las cosas que más incide en la decisión, pero también porque el delito fiscal juega un rol muy importante en el cierre del circuito de control de todo el sistema antilavado.
-Y una vez incluido…
-Vamos a andar mucho mejor y no vamos a tener más observaciones en materia de cooperación internacional, que hoy las estamos teniendo. No va a ser tarea fácil incorporar a la cultura de todos los que hoy actuamos en esto, un régimen de mayor cumplimiento.
Muchas veces miramos para adelante y muchas veces miramos para atrás, y yo creo que es hora de que miremos para adelante. Podemos discutir incluso el no cumplir con lo que establecen los organismos internacionales, podemos llegar a plantearnos volver a ser anacoretas y quedarnos aislados del mundo, pero eso implica que perdamos fuentes de trabajo, que tengamos una serie de perjuicios que la mayoría de la sociedad no quiere.
El Estado lo único que hace cuando plantea este tipo de reformas es adjudicarse más trabajo y más responsabilidades, no hay ningún interés que no sea tratar de que el país no quede rezagado de la economía internacional por no cumplir con las recomendaciones.
Se está viendo muchísimo en otros países el cierre de sucursales bancarias, de corresponsalías, las grandes dificultades para realizar transferencias en el sistema financiero, y todo ello porque las casas matrices de las instituciones financieras perciben riesgos en cada vez más jurisdicciones.
Eso para un país como el nuestro, con una economía muy abierta, con escasa capacidad de lobby internacional, es riesgoso, y estoy seguro de que no va a pasar porque aunque cueste un poquito de trabajo, vamos a tener la madurez suficiente para darnos cuenta de qué es lo que está en juego. Estaría muy bueno que se estudiara a otros países que están sufriendo las consecuencias por haber sido un poco remisos a cumplir con esas normas internacionales.
-¿Cuáles son los riesgos que corre un país que no cumple esas normas o no controla cómo se debe el tema del lavado?
-El riesgo fundamental que tiene un país no viene por el lado en sí del país, sino que viene por las características que tiene el crimen organizado en el mundo actual. La lucha contra el crimen organizado es la defensa del sistema democrático.
Yo digo que Uruguay anda muy bien porque el sistema político tiene una posición de enfrentar al lavado de activos. Creo que estamos en una situación mucho mejor que los demás países, pero no nos podemos descuidar.
Si realmente vemos y nos horrorizamos por lo que pueda pasar en determinadas regiones del mundo, nos damos cuenta de que es el Estado de Derecho lo que se pierde, y lo peor de todo es que la gente no se da cuenta, la gente va y vota, pero las decisiones que hacen al país, en muchos casos, son tomadas por el crimen organizado.
“Hay países que están sufriendo las consecuencias por haber sido remisos a cumplir con las normas internacionales”
-¿Eso no pasa en nuestro país?
-No. Me refiero a países como México, que es adonde no queremos llegar. Nuestra clase política está lejos de eso, pero la única forma de encararlo para evitarlo es trabajar cuando no lo tenés cerca, porque la clase política es afín a votar normas que impidan que se produzca.
-¿Cuán importante es la cooperación internacional?
-Es fundamental en el sentido de que para las organizaciones criminales no hay fronteras. La concepción del Estado-nación, en que todos pensamos que la frontera es aquello que nos pone a salvo de todo lo que pueda haber del otro lado, no solo ha sido vulnerada por el mosquito del Dengue y del Zika, sino también por el crimen internacional.
-¿Qué facultades tiene hoy la Secretaría como controlador del sistema no financiero?
-Muchas. Yo diría que todas las que precisa, o sea, citar, sancionar, investigar. Tiene las facultades necesarias, no precisa más de las que tiene.
-El país atraviesa un contexto económico complejo. De hecho, en la última Rendición de Cuentas se hicieron algunos recortes. ¿Esto afectó a la Senaclaft?
-Sí, nosotros de todas maneras sabíamos que eso iba a suceder, entonces todos nuestros técnicos son funcionarios en comisión, o sea, no pudimos crear cargos y no lo hemos hecho, y se nos habilitó a traer en comisión a todos los funcionarios que consideráramos necesarios.
No se nos han establecido trabas en ese sentido, de todas maneras, un organismo de esta entidad algún día tendrá que tener una estructura que no sea fundada exclusivamente en los pases en comisión, pero eso será el día que Uruguay pueda hacerlo.
