En 2023 fueron asesinadas más de 380 personas, mientras que en 2022 por esa circunstancia fueron 383 las víctimas y 306 en 2021, que fue el punto más bajo de los últimos años. Según comentó a CRÓNICAS Edward Holfman, experto en seguridad, la tasa de homicidios se reduce acercando la policía a la población para aumentar la confianza a la hora de denunciar.
El número total de homicidios en nuestro país en el cierre de 2023 estaría superando las 380 víctimas, según comentó el Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en entrevista con el programa radial Las Cosas en su Sitio. A su vez, el ministro aseguró que los números son “preocupantes”, y se refirió al fin de semana de Navidad, en el que ocurrieron nueve homicidios, como “un fin de semana violento”, y señaló que en parte la “escalada de violencia” obedece al clima emocional y el aumento en el consumo de drogas ocasionado por las fiestas.
En conversación con CRÓNICAS, Edward Holfman, consultor en materia de seguridad, estuvo en desacuerdo con el ministro sobre este punto. Según Holfman, no existe una correlación comprobable entre el aumento de asesinatos y el advenimiento de las fiestas, y categorizó estos dichos como parte de “un relato político policial de que los homicidios no se pueden prevenir”, lo que a su vez “legitima la actividad criminal”.
En la misma entrevista a Radio Sarandí, Martinelli mencionó que una medida tomada para reducir el número de homicidios fue la de centralizar el Departamento de Homicidios en Montevideo, que anteriormente estaba dividido por seccionales. Holfman apuntó que esta decisión es acertada, ya que para combatir los homicidios es necesario contar con una brigada con los “conocimientos, capacitación y experiencia” adecuada.
Aun así, en opinión del experto uno de los grandes problemas de la policía hoy es la poca confianza que le tiene la población, lo cual a su vez se debe, explicó, a que “tenemos una policía reactiva, que reacciona frente a un estímulo”, pero que no actúa “de forma proactiva”. “Para tener una policía proactiva, esta tiene que estar cercana a la gente”, comentó. Esto significa que la policía debería formar lazos con la población, tener una presencia real en el territorio, y no “concentrar todos los recursos humanos, técnicos y materiales en la represión del delito” una vez que el delito ya se cometió.
El experto señaló que gran parte de ese enfoque reactivo se cimentó durante el último par de décadas, donde se fue retirando a la policía de los espacios comunitarios para trasladarlos a unidades especiales como la Guardia Republicana, la Guardia Rural, etc. Para Holfman, esta remoción de los oficiales del territorio ocasiona un descenso en la confianza por parte de la población. Según la Encuesta Nacional de Victimización realizada en 2017, la población solamente denunció el 28% de los delitos. “En estos barrios en los que no llega la policía, ni servicios de emergencia, ni el ómnibus ni los taxis, se abre el espacio para una gobernanza criminal”, sentenció.
Andrés Gandini, delegado del Sindicato Policial Nacional (antes Sifpom, ahora Sipolna), comentó a CRÓNICAS que está de acuerdo con este enfoque de policía comunitaria, y que sería muy beneficioso para el cuerpo policial un acercamiento a la sociedad “para que dejen de vernos como un cuco”. Esto, según expresó el policía, tendría que venir de la mano de una reforma estructural del sistema policial.
Gandini aseveró que en el Ministerio del Interior en general los recursos “son escasos desde hace tiempo”, y puntualizó que donde más falta refuerzo, tanto técnico como humano, es en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). “No da abasto, son los funcionarios quienes lo vienen sosteniendo”, observó. Según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el porcentaje del presupuesto nacional asignado al Ministerio de Interior desde 2017 se encuentra en un promedio anual de 5,28%.
Otro tema al que hizo referencia Martinelli fue la cooperación necesaria entre su cartera y otras entidades como la intendencia y otros ministerios, y comentó que quienes “deberían participar activamente serían los que fallaron en esa contención”. Al respecto de esto, Holfman acotó que existe cierta desconexión entre estos ámbitos y mencionó como ejemplo el manejo de las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo. Las cámaras de la intendencia, según informó, son de mejor calidad que las del ministerio, pero sólo se utilizan una vez que ya se cometió el delito. Esta falta de cooperación la atribuye a “razones políticas”.
Según el experto, las cámaras también tienen el problema de que a pesar de ser muchas, si no hay personal verificándolas es limitada la ayuda que pueden proporcionar en prevención del delito. “Para poder hacer uso de esas cámaras tenés que tener gente visualizándolas o algún software que indique cuando la actividad criminal está desarrollándose”, especificó.
