Guillermo Alves, economista principal de CAF –Banco de Desarrollo de América Latina-, explicó que Uruguay tiene un envejecimiento poblacional comparable al de Europa, lo que es una “rareza” en el contexto regional. En ese sentido, evaluó que el debate sobre la reforma de la seguridad social que tiene lugar en la actualidad será “un espejo” en el que se mirarán otros países de la región que afrontarán un desafío similar en el futuro. A su entender, el mayor desafío para Uruguay es garantizar la sostenibilidad fiscal.
Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo
CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, publicó la semana pasada su Reporte de Economía y Desarrollo 2020, ocasión en la que abordó un tema de mucha actualidad en el debate local: los sistemas de pensiones y salud en la región. Además del documento, ayer jueves se realizó un evento para analizar con mayor profundidad la realidad específica de Uruguay en este asunto, donde participaron autoridades del Banco de Previsión Social (BPS), del Ministerio de Economía (MEF) y del Ministerio de Trabajo (MTSS).
Considerando la relevancia del asunto, CRÓNICAS dialogó con el economista principal de CAF y coeditor del estudio, Guillermo Alves, quien destacó la importancia que tiene el debate actual de ese tema en Uruguay, ya que puede verse como un preludio de lo que sucederá en otros países de la región dentro de no muchos años. Según evaluó, nuestro país “es un espejo para la región de algunos problemas y desafíos que ya están hoy planteados”, ya que mientras otros países deben prepararse a futuro en la materia, para Uruguay implica un desafío actual.
-¿Cuáles son las principales observaciones que pueden destacarse del informe elaborado a nivel regional?
-Cuando nos planteamos hacer estos reportes nos tratamos de preguntar qué fenómenos de la economía de la región van a ser relevantes para los siguientes años para la calidad de vida latinoamericana y para las políticas públicas de los países. El objetivo de CAF es trabajar para el desarrollo de la región, y lo que hacemos con este libro es trabajar para esos temas que son importantes para esa meta. ¿Por qué escribimos este libro? Porque miramos un fenómeno que es el envejecimiento. La región es todavía relativamente joven: la proporción de personas que tienen más de 65 años alcanza un 8% de los latinoamericanos, pero las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es que ese porcentaje va a aumentar rápido. Un proceso de envejecimiento que a los países de Europa les llevó entre 80 y 100 años, de pasar de esta proporción de 8% a 15%, a la región le va a llevar 20 o 30 años solamente. Veíamos que es un fenómeno que se viene y rápido, entonces los países de la región tienen que empezar a prepararse.
-Pero en Uruguay esa discusión ya está en la mesa.
-En ese contexto regional, Uruguay es un poco raro, en el sentido de que es un país bastante envejecido ya. En el país, esta proporción de la población mayor de 65 años ya alcanza el 15% en 2020, y eso ya está muy cerca de lo que es el promedio actual de Europa, que es 18%. Uruguay es un espejo para la región de algunos problemas y desafíos que ya están hoy planteados en el país. No es un tema de 20 o 30 años; Uruguay ya tiene hoy un desafío de dotar de sostenibilidad fiscal a su sistema de jubilación y de salud.
Entonces, la principal conclusión y motivación del reporte es ese tema. Vemos el envejecimiento como un desafío para la región, que implica para la mayoría de los países prepararse a futuro; (pero) para Uruguay esto es un desafío hoy. Y sin dudas el hecho que haya sido un tema que estuvo muy presente en la campaña electoral del año pasado, y ahora con la conformación por parte del gobierno de una Comisión de Expertos en Seguridad Social, marca lo que es la prioridad del tema.
-¿Qué relevancia tiene para Uruguay haber creado esta comisión para analizar una reforma?
-El país tiene unos avances muy importantes en cuanto a que los adultos mayores están muy bien cubiertos en términos de ingresos, pero la contracara es un problema de sostenibilidad fiscal, que está dado porque Uruguay tiene un gasto público en pensiones que es muy elevado. Para dar unos números, en 2019 -según estimaciones del MEF- el gasto público en jubilaciones y pensiones (sumando BPS y los sistemas de retiro policial y militar) anduvo en torno al 11% del PIB. El principal desafío de Uruguay es la sostenibilidad fiscal, y esa es la principal motivación de esta reforma.
La razón fundamental para la conformación de esta Comisión es un tema de resolver que las cuentas cierren, que ese gasto tan elevado -que tiene una contrapartida en un déficit elevado también- pueda controlarse, en especial en un contexto además que, en el marco de un país que va a seguir envejeciendo, ese déficit se prevé que va a seguir aumentando. Ya es insostenible hoy, pero todavía va a seguir aumentando.
–¿Cree que el reporte de CAF debería servir como insumo para las autoridades?
-La Comisión está conformada por miembros que tienen una acumulación muy importante en el tema, entonces nosotros vamos a aportar a un espacio en el que ya hay mucho conocimiento y trayectoria. El valor agregado de nuestro reporte en especial es de proveer esta comparación de nivel regional, y a veces también internacional, que ayuda a situar a Uruguay en contexto. Y ayuda a tomar ese tipo de conclusiones: cómo estamos en comparación con otros países en términos de cobertura, de monto de las pensiones, y también de sostenibilidad fiscal de las cuentas.
– En su opinión, ¿Uruguay debería ir a un sistema unificado de la seguridad social? Eliminando las cajas paraestatales, con períodos de transición…
– Nosotros lo que sostenemos en el reporte es que lo fundamental no es tanto esa discusión, sino evaluar si las pensiones cumplen el objetivo de dar cobertura, si los montos son suficientes, y si las cuentas cierran. Esas son las dimensiones que tienen que trascender a lo que es el “unificado sí, unificado no” o, como se dice en Uruguay, “AFAP sí, AFAP no”.
Lo que sí es claro -que va a hacer la Comisión y que recomendamos- es que el análisis tiene que hacerse en conjunto, y que es necesario tener un sistema integrado, no necesariamente unificado en el sentido de que tengan que desaparecer el resto de las cajas o los sistemas policiales y militares. Es importante que se avance hacia una integración. Aunque subsistan las cajas, es bueno que el sistema esté más integrado, y además allí también hay problemas de sostenibilidad fiscal, de cuentas que no cierran.
Entonces también, cuando hablamos de la sostenibilidad de las cuentas del sistema de pensiones, es un tema para tratar; no solo el déficit que tiene el BPS, sino también el déficit que tienen estos otros sistemas públicos de retiro (policial y militar).
Después, la forma concreta que termine adoptando la solución es un tema del que no tenemos una posición.
– ¿Deberían incorporarse variables de voluntad? Por ejemplo, de permitir optar por la edad de retiro, dando incentivos para postergar en el tiempo esa decisión.
– Cuando uno mira esas edades mínimas de jubilación de 60 años, parecen relativamente bajas en la comparación internacional, porque hoy en día la mayoría de los países están tendiendo a edades mínimas de 65 años. Pero es un debate muy válido y que tiene que darse en Uruguay, si la herramienta es la edad mínima obligatoria o mecanismos más optativos o voluntarios.
Sí lo que nosotros apuntamos es que, si la edad mínima en Uruguay es de 60 años, parece relativamente baja; una opción también, que lo han implementado muchos países europeos, es que la edad mínima puede reformarse con un esquema gradual a futuro que se puede ir ajustando de a poco, y sobre todo que se pueda ir ajustando en función de la esperanza de vida del país. Eso puede ser también un camino para explorar.
A consideración
– Ante el fuerte crecimiento de la automatización y su impacto en el mercado de trabajo, ¿debería estudiarse alguna medida tributaria que grave estas actividades automatizadas, para compensar la pérdida de ingresos?
– Lo primero con el tema de la automatización y el cambio tecnológico es que es un fenómeno que lo estamos viviendo pero que todavía existe un poco de incertidumbre respecto a sus impactos. Es un tema sobre el que tenemos más una intención de estudiarlo, y no tanto que sea claro que haya que tomar medidas hoy.
Lo que sí nos parece que es un asunto interesante por estudiar y que puede ser un tema también para que analice la Comisión de la reforma es que hay nuevas formas de trabajo; por ejemplo, el trabajo por plataformas como son los servicios de delivery y de comercio electrónico, cosas que están creciendo mucho y más ahora todavía con la pandemia. Se trata de servicios que cada vez emplean a más cantidad de trabajadores, y es importante regularlos y lograr que esos trabajadores realicen aportes.
A veces hablamos, por un lado, que esos servicios suponen una amenaza para el sistema, pero también puede haber una oportunidad en términos de -por ejemplo- un trabajador que hacía un delivery para una pizzería, y era muy difícil que ese trabajador realizara aportes para su jubilación; pero una vez que el trabajador forma parte de una plataforma más grande y está bajo una estructura digital común, a veces con pagos que son electrónicos, facilita mucho la efectividad de fiscalización y recaudación.
Entonces, ahí hay una oportunidad para el sector público de ser activo en regular esas actividades; y si se requieren regímenes especiales, ser proactivo para que esos trabajadores también estén incorporados en los sistemas de seguridad social.
Un debate “oportuno”
CAF organizó ayer jueves una videoconferencia para presentar el Reporte “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina: los desafíos del envejecimiento, el cambio tecnológico y la informalidad”, que contó con la participación de los ministros de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres; y Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche.
Mieres señaló que la instancia “pone sobre la mesa un asunto de particular actualidad y desafío para América Latina y para nuestro país”. Asimismo, destacó el contexto “oportuno” de la misma, ya que tiene lugar tan solo una semana después de instalada la Comisión de Expertos en Seguridad Social. “Todos los asuntos que se presentan en este informe son debates absolutamente esenciales que serán puestos en consideración por la comisión”, agregó.
Mieres continuó su alocución, y afirmó que el documento “se centra en poner el envejecimiento de la población en el contexto del cambio tecnológico y del mercado de trabajo”. Además, a su entender, “ratifica con contundencia” la “particular” situación demográfica uruguaya, en relación al alto porcentaje de población envejecida.
“Esta situación, que puede ser calificada como un problema, es, sin embargo, consecuencia de realidades positivas que deben ser motivo de orgullo”, reconoció el jerarca. Justificó, por tanto, que la población vive más “porque tenemos condiciones de bienestar (y) un sistema de acceso a la salud con condición universal desde hace mucho tiempo”.
Por su parte, la jerarca de Economía y Finanzas sostuvo que el gobierno “está confiado” de que “vamos a salir adelante” en cuanto a la reforma de la seguridad social, gracias a la creación de la Comisión de Expertos. Según precisó, es necesario “revisar” el sistema “y priorizar algunos aspectos”.
Se están examinando la historia clínica electrónica, y cómo llegar a un sistema más eficaz y eficiente. “Se está trabajando”, profundizó Arbeleche, “en relevar cuáles son las cápitas distinguiendo los riesgos de todos los pacientes, no solo por sexo y edad, (así como también) en el fortalecimiento de la gestión de los prestadores públicos, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)”, y los hospitales Policial y Militar.
A modo de conclusión, la economista señaló que el reporte tiene como pregunta fundamental cuáles son los desafíos que enfrentan los sistemas previsionales y de salud. En ese marco, se debe agregar a la pandemia “como elemento clave que nos lleva a repensar a fondo estos sistemas”, afirmó.
