Más allá de un contexto internacional adverso, Benavente resalta aspectos positivos en la marcha del país y pone como ejemplos la inversión de UPM, la temporada turística, las inversiones en infraestructura y el crecimiento de las exportaciones. A la vez, establece que la reforma del Estado continúa siendo una asignatura pendiente en los distintos gobiernos. Reflexiona, además, con que quedó demostrado que es posible bajar el déficit sin que exista aumento de impuestos, y alerta en no caer en la tentación de aumentar el gasto público en el próximo año electoral.
Por Oscar Cestau | @OCestau
¿Cómo ve parado al país ante un escenario internacional complicado en materia económica y geopolítica?
Efectivamente, el mundo comenzó a salir de la pandemia y se dio la invasión rusa a Ucrania, al tiempo que se empezaron a dar procesos inflacionarios casi generalizados.
En Uruguay, a esos aspectos negativos se suma, desde el último trimestre del 2022, una sequía que se prolonga hasta el presente y que tiene consecuencias fuertes en sectores clave como el agro y la energía.
Sin embargo, también se detectan aspectos positivos: la inversión de UPM, la temporada turística, las corrientes de inversión extranjera directa y de inversión pública en infraestructura, el crecimiento de las exportaciones, especialmente, las de servicios y el descenso del riesgo país hasta mínimos históricos.
¿Cómo evalúa la marcha económica del gobierno? ¿Cuáles son los puntos altos y cuáles los temas que deberían preocupar, en una economía que, ya se sabe, no crecerá como lo venía haciendo, y que ahora se encuentra con el impacto de la sequía?
Según prestigiosas publicaciones (Euromoney y Financial Times, entre otras), Uruguay es el país más seguro para invertir en América Latina, destacándose por su estabilidad democrática, su respeto por las reglas del juego y su previsibilidad más allá de la ideología de los distintos gobiernos.
Ello ha incidido en los flujos de inversión extranjera directa y en un riesgo país que se encuentra, como decía, en mínimos históricos.
Se demostró que se podía bajar el déficit fiscal sin aumentar los impuestos, y más importante aún, en la Ley de Urgente Consideración se mejoró la institucionalidad fiscal, estableciendo una regla fiscal y creando un Consejo Fiscal Asesor.
A ello se agrega la presentación de importantes reformas largamente postergadas: la reforma de la seguridad social y la reforma educativa.
Se destaca, asimismo, la fuerte inversión pública en infraestructura.
Sin embargo, aún subsisten problemas de competitividad. El país sigue ocupando lugares de mitad de la tabla para abajo en los indicadores de competitividad del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial. Y en especial, en indicadores como Registro de Propiedad y Flexibilidad laboral, se ubica en lugares más bajos aún.
A mediano plazo, ¿puede crecer Uruguay por encima de su media histórica? ¿Qué se precisa para lograr ese salto cualitativo?
Relacionado con la pregunta anterior, sólo se puede crecer por encima de la media histórica si aumenta la productividad de la economía.
Repasando un poco la historia reciente, hacia el año 2010 el mundo ya estaba superando la crisis internacional de 2008 y Uruguay estaba creciendo a tasas vigorosas.
Entre 2010 y 2022 es posible distinguir tres períodos claramente diferenciados: un primer tramo entre 2010 y 2014, con tasas de variación del Producto de más de 5%, un segundo tramo entre 2014 y 2020 con crecimientos apenas superiores al 1%, y luego la pandemia, con su fuerte caída de actividad y su posterior recuperación en 2021 y 2022 con tasas de más de 4%, pese a la incidencia de la invasión de Rusia a Ucrania, al crecimiento de la inflación internacional, y por tanto, en la suba de las tasas de interés.
Pero esas tasas de crecimiento de actividad postpandemia no se sostendrán en el tiempo sin un cambio tecnológico importante y un crecimiento de la productividad de los factores.
Para ello, es necesario que, además de profundizar en la senda de ortodoxia fiscal, se consoliden las reformas en curso, se reduzca el peso del Estado sobre los hombros del sector privado y de la población en general, se abra el país al mundo -con Mercosur o a pesar del Mercosur- y se facilite la innovación y la inversión en conocimiento.
La reforma del Estado continúa siendo una asignatura pendiente en los distintos gobiernos.
En cuanto a la apertura al mundo, poco se puede esperar en el ámbito del Mercosur. En este sentido, aunque a mi juicio su envío se demoró demasiado, es importante la carta de adhesión al Cptpp (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), que se presentó ante Nueva Zelanda, así como las iniciativas de firma de tratados de libre comercio con otros países.
Por último, poco se podrá avanzar en materia de innovación si Uruguay no adhiere al PCT (Sistema Internacional de Patentes), ya que es de los pocos países que no lo integran y lleva a que los innovadores uruguayos compitan en inferioridad de condiciones con sus pares en el mundo, teniendo que registrar una a una sus patentes en los diferentes países.
En su reciente libro, Del freno al impulso, el Prof. Ricardo Pascale señalaba: “Si Uruguay apuesta a mejorar el bienestar de sus habitantes, debe moverse decididamente -dejando el larghissimo y pasando a un tempo allegro vivace e con brio– desde una economía basada en cantidades a otra donde lo importante sea el valor único de lo producido. …. Es preciso contar con una sólida voluntad política y un amplio consenso entre todos los actores y partes interesadas para determinar una estrategia nacional sobre el tema.”
Y esta voluntad política y estos consensos sólo serán posibles con una generación de líderes que los lleve adelante, pero, a mi juicio, en Uruguay nos faltan hacedores y pensadores. Cuando en 1930, a raíz de la crisis internacional, las autoridades del momento decidieron desandar el camino de apertura económica y comercial seguido hasta el momento y se comenzó a transitar por un creciente intervencionismo estatal, con una economía cada vez más cerrada, el centro dejó de estar en el individuo y sus capacidades y pasó a estar en el Estado. Y esto repercutió no sólo en la riqueza y prosperidad del país, sino en la mentalidad de la gente y en la capacidad de la sociedad de generar líderes, de apostar al riesgo, a la innovación. En el Siglo XIX y comienzos del XX teníamos fuertes líderes “hacedores”: el Barón de Mauá, Emilio Reus, Francisco Piria, toda la generación de empresarios que estableció la Bolsa de Comercio, el Banco Comercial, el Banco de Londres y una enorme cantidad de bancos en todo el país y de empresas que cotizaban en Bolsa. Pero además teníamos una generación muy importante de “pensadores”: Pedro Bustamante, Tomás Villalba, José Pedro Varela, Carlos María Ramírez, Francisco Labanderia, el propio Batlle y Ordóñez, y otros tantos pintores, escritores, filósofos.
Entiendo que la agenda de crecimiento, innovación y desarrollo de un país está indisolublemente ligada a la existencia de este tipo de líderes.
¿La receta de aumentar las tasas de interés utilizada por la Fed, y seguida por muchos bancos centrales en el mundo, es la única para combatir la inflación? Uruguay ha seguido, en cierta forma, ese camino. ¿Es la medida adecuada, teniendo en cuenta lo que dicen algunos expertos, de que al ser la nuestra una economía bimonetaria, tiene poco efecto sobre el nivel de precios?
La inflación es un fenómeno que acompaña la historia económica uruguaya desde la década de 1940, con raras y efímeras excepciones.
Existe consenso a nivel de la literatura económica en que la inflación es un elemento negativo para la economía y la sociedad. En efecto, el incremento general y sostenido de los precios lleva a reducir el poder adquisitivo de los consumidores. La inflación actúa como un impuesto a la tenencia de moneda nacional, pero es un impuesto que no necesita sanción legal, un impuesto que se aplica silenciosamente y castiga a las clases más humildes, cuyos ingresos están en pesos y no tienen alternativas de comprar bienes que los protejan.
A su vez, como mecanismo de defensa, se generan toda clase de indexaciones de ingresos (especialmente salarios), que le dan al fenómeno una inercia difícil de quebrar.
Mientras en años anteriores la inflación uruguaya era la excepción en un mundo con bajas tasas de crecimiento de precios, en la actualidad, este fenómeno se da a nivel internacional.
Si se acepta la definición de que la inflación es el crecimiento general y sostenido de los precios, se concluye en que sin un fundamento monetario, difícilmente se dé un fenómeno inflacionario.
La historia monetaria de Uruguay señala claramente los períodos de expansión de la oferta monetaria con la consecuencia directa en el crecimiento de los precios.
En la gráfica (aporte que hace la economista para la nota) también es posible ver los períodos de fuertes medidas contra la inflación: congelación de precios y salarios del 68, tablita hasta el 81, ancla cambiaria hasta el 2001.
Estas medidas combinaron aspectos monetarios, con aspectos de expectativas, pero fallaron en el sustento fiscal y por ello fueron insostenibles.
También se han dado medidas bastante folclóricas como el plan “UTE premia”, que reduce la tarifa de electricidad en los meses de diciembre, logrando un abatimiento en la variación del IPC del último mes del año y una posterior recuperación en enero del año siguiente.
La experiencia indica que sin un adecuado sustento fiscal y una desindexación respecto a la inflación pasada de los ajustes salariales, es muy difícil tener éxito en el combate contra la inflación.
¿Cómo evalúa el desempeño del Banco Central del Uruguay (BCU)? ¿Hay un rumbo claro hacia dónde debe ir la economía?
El BCU está realizando una apuesta fuerte a mejorar la credibilidad en la política monetaria y defender la estabilidad de precios, tal cual se establece en su carta orgánica.
En una conferencia del ciclo 2020 de la Academia Nacional de Economía, el presidente del BCU, Diego Labat, señalaba que el incumplimiento casi sistemático que había tenido la meta inflacionaria hacía muy difícil recuperar la credibilidad. Y centró buena parte de su alocución en las medidas que se estaban empezando a tomar para recuperar esa credibilidad.
Pero ello no es algo sencillo ni inmediato. Las expectativas de los agentes, relevadas en la encuesta del BCU, aún se encuentran en el entorno al 7% para 2023 y recién convergerían a algo más cercano al techo del rango meta en 2024.
¿Existe una inconsistencia en las políticas macroeconómicas? Política monetaria contractiva, versus política fiscal y salarial expansiva.
La institucionalidad que le ha dado a la política fiscal el establecimiento de una regla fiscal y la creación del Consejo Fiscal Asesor lleva a tener una mayor tranquilidad respecto a la consistencia de las diferentes políticas. En el reciente anuncio de rebajas impositivas se aprecia que el mismo es de aproximadamente un 0,15% del PIB y que ello está dentro de la meta indicativa establecida en la regla fiscal.
En cuanto a la política de ingresos, habrá que ser muy cuidadosos para que cuando la inflación comience a ceder, los salarios -y por tanto, pasividades ya que ajustan por índice medio de salarios- ajusten en base a los nuevos guarismos de inflación y no a los pasados.
El gobierno logró bajar el nivel de déficit fiscal. ¿Es un descenso estructural del déficit o se debe mayormente al descenso del salario real y pasividades, y de la inflación que se registró en los últimos años?
El último informe del Consejo Fiscal Asesor señala el cumplimiento de la regla fiscal en los últimos tres años.
Si algo hemos aprendido en estos años es que se podía bajar el déficit sin recurrir a aumentar impuestos, dada la holgura en algunos gastos públicos. No hay que despreciar la “microcirugía” que se llevó adelante y que permitió una rebaja estructural del gasto.
Los salarios reales ya comenzaron una recuperación a mediados del 2022. Es clave que esta recuperación se siga dando en base a reducción de inflación y no a aumento de salarios nominales.
¿Qué opinión le merecen las medidas de rebaja del IRPF y el IASS anunciadas por el presidente? Hay opiniones dispares respecto al impacto real que estas medidas pueden tener.
En mi opinión, una rebaja impositiva siempre es bienvenida ya que contribuye a aliviar el elevado peso del Estado sobre empresas y familias. Como se señalaba, el impacto es de aproximadamente un 0,15% del PIB y es compatible con la meta indicativa establecida en la regla fiscal. Sin embargo, no se debe perder de vista que habrá que ser muy firmes en el último año de gobierno, puesto que en los tres últimos años electorales (2009, 2014 y 2019), se dieron incrementos en un gasto ya de por sí elevado.
En efecto, en 2008 el gasto sobre PBI ascendía a 25,6% y pasó a 29,1% en 2009, a 31,8% en 2014 y a 32,6% en 2019.
Esperemos que la nueva institucionalidad fiscal y la convicción que ha demostrado el equipo económico, permita no caer en la tentación de aumentar el gasto público en el próximo año electoral.
