La Comisión de Redacción del Nuevo Código del Proceso Penal (CPP) comenzó a funcionar hace más de 10 años, y después de algunas postergaciones, finalmente entrará en vigencia el próximo 1º de noviembre. Si bien es un cambio muy esperado por el Poder Judicial, hay incertidumbre entre los operadores que deberán ponerlo en marcha, debido al poco tiempo de adaptación que van a tener porque se hicieron modificaciones legislativas a último momento. Incluso, es probable que se sigan haciendo una vez implementado. Para la oposición eso es un problema, pero desde el oficialismo trasmitieron que es una oportunidad para evaluar y corregir eventuales inconvenientes.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
El pasado martes 17, a 15 días de que comience a regir el nuevo CPP, se aprobaron las últimas modificaciones normativas. Eso fue definido como “poco racional” por el vicepresidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, Gustavo Zubía, en conversación con CRÓNICAS.
El fiscal considera que no está suficientemente preparado para aplicar las nuevas disposiciones, dado que se necesitarían meses para decantar los institutos diferentes a la norma actual y las instrucciones generales que han emanado de la Fiscalía General. “No vamos a tener tiempo para hacer prácticas; en la interna todos se agarran la cabeza”, aseguró, y remarcó que se deberán hacer muchos cambios más.
“La Comisión se creó hace 11 años y los últimos días estamos a contrarreloj aprobando las normas. Yo soy partidario del sistema acusatorio, pero ingreso en este sistema en forma insegura, con incertezas propias de una legislación totalmente nueva”, lamentó, y volvió a insistir con que lo ideal hubiera sido postergar su entrada en vigencia para el 1º de febrero de 2018.
Ese planteo lo compartió el diputado del Partido Colorado (PC) y vicepresidente de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara Baja, Ope Pasquet, porque entiende que haber cambiado las normas cuando faltaban 15 días para la puesta en funcionamiento del Código, va a complicar a quienes deben aplicarlo.
“Yo soy partidario del nuevo Código. El PC ha venido, en general, votando a favor, pero hemos cuestionado algunos puntos, aunque no se nos ha considerado. Yo voté en contra de la última tanda de reformas porque creo que tendríamos que haberlas estudiado más a fondo; hay cosas que están mal hechas, que quedaron mal. Esperemos que salga lo mejor posible y que estemos preparados mentalmente para que el año que viene, en función de la experiencia, tengamos que introducir alguna modificación”, puntualizó a CRÓNICAS el legislador.
Por falta de tiempo
Por el contrario, quien preside dicha Comisión en Diputados, la frenteamplista Macarena Gelman, opinó en diálogo con CRÓNICAS que varias cuestiones vinculadas al CPP que se va a implementar, van a merecer una revisión, y explicó que no hubo condiciones para volver a debatir algunos temas por falta de tiempo.
“No había espacio para una nueva postergación. Es imperativo que esto se ponga en marcha, y se irá evaluando de acá a un año. Van a aparecer dificultades; todavía queda un remanente de artículos para tratar, que son modificaciones, y la puesta en marcha es la oportunidad que vamos a tener para evaluarlo y corregir los problemas que se puedan llegar a dar”, argumentó, y dijo que es natural que haya inseguridad en el sistema judicial porque “todos los cambios cuestan”, aunque la situación no habría variado demasiado si hubiera habido dos o tres meses más.
Problemas al inicio
Pablo Abdala, diputado por el Partido Nacional y miembro de la misma Comisión de la Cámara de Representantes, le dio la razón a los operadores judiciales que temen por los pocos días de adaptación a la nueva legislación. “Yo lo dije en el debate, voté afirmativamente estos cambios, pero reconozco que la forma de legislar fue muy desordenada”, recordó en entrevista con CRÓNICAS. Sin embargo, afirmó que eso no es necesariamente imputable al Parlamento, puesto que muchas de estas recomendaciones provienen de la propia Fiscalía General, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de la Comisión de Implementación del Código, y el Poder Legislativo las consideró lo más rápido que pudo.
“Reconozco esa realidad, pero confío plenamente en el profesionalismo de nuestros magistrados, y aunque estoy seguro de que va a haber dificultades de implementación y muchos problemas en el inicio, creo que las cosas se van a ir encaminando razonablemente. Tal vez con la marcha del nuevo sistema encontremos otras insuficiencias que haya que corregir”, añadió.
En materia penal “pasaremos del siglo XIX al siglo XXI”, pero con “errores”
El pasado jueves 19, en la antesala de la Cámara de Senadores, se realizó la presentación pública del nuevo CPP, donde participaron el presidente de la SCJ, Dr. Jorge Chediak, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz.
“Hoy podemos decir que a la hora cero del 1º de noviembre de 2017, empezará a regir el nuevo proceso penal. Será ese el día en el que enterraremos para siempre este viejo proceso inquisitivo, escrito, discontinuado y reservado que rige hoy en Uruguay, y que hemos heredado de España, y que desde los albores del Uruguay independiente no ha sufrido prácticamente ninguna transformación. En materia de la administración de la Justicia Penal pasaremos del siglo XIX al siglo XXI”, sostuvo el Dr. Díaz.
Por su parte, el Dr. Chediak no fue tan positivo: “En nombre del Poder Judicial pido disculpas por anticipado a toda la población de Uruguay por los errores que cualquiera de nosotros va a cometer en los primeros meses de la implementación del nuevo CPP”.
Chediak destacó el trabajo de todos los organismos implicados en este proyecto –el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior- y, en diálogo con CRÓNICAS, rememoró que tuvo “el honor” de participar de la redacción del proceso penal en representación de la institución que preside.
Durante el evento se exhibió un video en el que se expusieron los principales cambios en la forma en la que se desarrollarán los juicios penales a partir del 1º de noviembre. Esta pieza, que se difundirá a través de los medios de comunicación de todo el país, concluye que con el nuevo CPP, “Uruguay retomará su lugar en el derecho internacional, fiel a su rica tradición democrática”.
