Martín Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas
El asesor del MEF afirmó que se trabaja con intensidad para cumplir este plazo y combatir así las explosiones de los cajeros. Sin embargo, hizo énfasis en la importancia de los puntos de extracción alternativos, la expansión de nuevas modalidades como corresponsales financieros en el interior del país o el “cash-back”. Asimismo, Vallcorba resaltó la importancia de la suscripción de CEDU, la Cámara de Comercio y Cambadu al nuevo acuerdo de aranceles en el uso del pago electrónico que tiene como fin la equidad de las condiciones entre los pequeños comercios y las grandes superficies.
El Menú En la confortable cava de Panini’s, Vallcorba degustó salmón acompañado por risotto de quinoa y vegetales baby. Para beber optó por Coca Cola light. A la hora del postre prefirió crumble de frutas.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
-La Ley de Inclusión Financiera es una ley muy dinámica que ha tenido modificaciones programadas y otras que se han hecho sobre la marcha. ¿Cómo evalúa su implementación?
-Ha tenido una serie de modificaciones, algunos ajustes legales y todo el trabajo reglamentario que por ser una ley tan amplia significó un trabajo muy intenso y muy coordinado con los actores involucrados. Esto en una temática que además es muy dinámica ya que los cambios tecnológicos impactan en que cada vez exista la posibilidad de hacer más cosas que antes no eran posibles.
La propia experiencia también genera la necesidad de realizar ajustes, y ese ha sido el enfoque que hemos tomado; siempre implicando a los actores involucrados. Esto deviene en que los resultados, en nuestra opinión, hayan sido muy favorables.
Los dos objetivos principales que se había fijado el programa de inclusión financiera y la ley, en particular, se refieren a la universalización del acceso a los servicios financieros, democratizar el acceso al sistema, en el marco de un contexto que históricamente le había dado la espalda a muchos sectores de la población y de la producción, sobre todo, a los sectores medios y bajos y a las pequeñas empresas.
El segundo objetivo tenía que ver con la modernización del sistema de pagos. Si uno considera esos dos grandes objetivos, la evaluación es ampliamente satisfactoria.
En cuanto a lo primero, si uno realiza una comparación de los últimos cuatro años, desde que se aprobó la ley hasta el momento, resulta que la cantidad de medios de pago electrónico que existen hoy, según el Banco Central, aumentó en 1.750.000, entre tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico.
Eso no significa que sean todas esas personas las que se hayan incorporado pero de acuerdo a nuestras estimaciones estamos hablando de más de 800.000 uruguayos que han podido acceder de manera gratuita a los servicios financieros básicos. Esto es el 30% de las personas mayores de 15 años.
En términos de inclusión, hemos tenido un avance muy importante y positivo.
Con respecto al segundo objetivo, el uso de la tarjeta de débito en los últimos cuatro años se multiplicó por 22, las transferencias electrónicas de fondo se multiplicaron por 14 y los pagos móviles se multiplicaron por 16.
Estamos viendo una transformación en muy poco tiempo que muestra una creciente utilización de los medios de pago más modernos que son los que tienen más dinamismo en el mundo. La contracara de esto es la reducción en el uso de medios de pago tradicionales como, por ejemplo, el cheque que cayó en ese período un 26%.
Por otro lado, se ha reducido la utilización de cajeros y de puntos de extracción de efectivo. Con toda esa cantidad de personas que se han integrado al sistema, el número de retiros ha aumentado tan solo un 15%. Tenemos mucha más gente que podría estar usando los cajeros pero el aumento es relativamente menor. Además, los puntos de extracción de efectivo son un 70% más de los que había hace cuatro años.
En efecto, el sistema de pagos que tenemos hoy no tiene punto de comparación con el que teníamos hace cuatro años. Uruguay tenía un rezago muy importante en relación con la región, hoy de acuerdo a los relevamientos que hace el Banco Mundial, Uruguay está en los primeros lugares junto con Chile.
-Dijo que la cantidad de puntos de extracción se ha incrementado en los últimos cuatro años, ¿la oferta es suficiente para cubrir las necesidades de la población?
-Podemos llegar a la conclusión de que siempre sería mejor para nosotros, los usuarios, tener más puntos de extracción de efectivo. Ahora, lo primero es reconocer que hay problemas con los cajeros automáticos, en particular con las explosiones que han venido afectando el funcionamiento de los cajeros. También es importante tener una mirada más estructural y evaluar si hoy estamos mejor o peor que cuatro años atrás. La cantidad de retiros ha aumentado menos que la cantidad de puntos de extracción, esto nos demuestra que la cantidad de retiros por punto de extracción pasó de 135 retiros por cajero y por día en 2014 a 90 en la actualidad; hoy se lo utiliza menos.
Hoy estamos mejor que hace cuatro años pero sin dudas podemos estar mejor, sobre todo con la expansión de los corresponsales financieros.
Hoy en día las redes de cobranzas son corresponsales pero también, de la mano del Banco República (BROU), han podido llegar a las localidades de menos de 2.000 habitantes puntos de extracción de efectivo que operan en comercios instalados, no necesariamente en redes de cobranza. Pueden ser autoservicios, farmacias, carnicerías o panaderías en los cuales se instala un corresponsal financiero que permite extraer dinero y también pagar facturas. En los últimos meses, el BROU ha instalado 279 de ellos en los 18 departamentos del Interior.
-Para su correcto funcionamiento, la Ley de Inclusión Financiera garantiza la existencia de puntos de extracción de dinero, sobre todo en aquellas zonas con menor densidad de población. ¿Los delitos que suponen la explosión de cajeros atentan contra esto?
-Todas las localidades de menos de 2.000 habitantes hoy no están alcanzados por el pago electrónico de salarios ni jubilaciones. En esos casos, en realidad, son contados los casos en los que ha habido dificultades serias por una explosión y en esos casos el Banco República ha optado por medidas de contingencia.
El objetivo es que cada vez se utilice menos efectivo, de hecho, los números reflejan que la gente cada vez hace menos uso de los billetes. Se trata de acompañar el proceso de modernización para que todos podamos ser parte del mismo y también garantizar que existan puntos de extracción de efectivo para cuando sea necesario.
También está la modalidad que se conoce como cash-back que permite que la persona al hacer una compra pueda retirar pequeñas cantidades de efectivo. El Banco República, por ejemplo, tiene un acuerdo de este tipo con Farmashop y esto se va a seguir expandiendo.
-La semana pasada CEDU y Cambadu finalmente suscribieron al acuerdo que propone un cronograma de reducción de aranceles ¿Qué reflexión hace al respecto?
-Para nosotros fue el final de una etapa larga, más larga de lo que hubiéramos querido. Esta propuesta, con pequeños ajustes, ya estaba arriba de la mesa sobre fines del año pasado. Nosotros estamos convencidos de que la forma de avanzar en la mejora de las condiciones económicas de los comercios para la aceptación de los medios electrónicos pasaba también por generar estos ámbitos de negociación.
Creemos que es un acuerdo muy bueno, que tuvo una primera instancia de firma en setiembre con la Cámara de Transporte del Uruguay, la Asociación de Feriantes del Uruguay, la Cámara Nacional de la Alimentación (que agrupa a panaderos, carniceros, fábrica de pastas, confiterías y afines), la Asociación de Kioscos, Salones y Subagentes de Quinielas y la Cámara de Ferreterías, Pinturerías y Bazares del Uruguay. Esto se completó ahora con la firma de Cambadu, CEDU, de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Importadores de Calzado. Así, están involucradas todas las actividades comerciales del país.
Hoy tenemos un acuerdo que nos despeja el horizonte acerca de cómo van a seguir mejorando las condiciones para los pequeños comercios; los grandes siempre tuvieron mejores condiciones.
En este sentido, es fundamental seguir reduciendo los aranceles y también reducir la dispersión dentro de un mismo sector de actividad, esto quiere decir, la diferencia entre quien paga el arancel más bajo y el que paga el más alto.
La evaluación es muy positiva porque ha permitido plasmar una mejora entre todas las partes y entendemos que va a beneficiar a los más pequeños.
-¿En cuánto están los aranceles y qué propone el cronograma?
-En el caso del débito el arancel máximo está en 1.5%. A partir de los dos meses de la firma del acuerdo este arancel se baja para los pequeños comercios a 1.3%; esto comienza a regir en noviembre. Luego está previsto que cuando el crecimiento del uso de la tarjeta de débito, medido en años móviles, supere en un 30% el uso que se tuvo en 2017 habrá sucesivos escalones, el primero llevará el arancel para todos al 1.3%. Estimamos que esto suceda en enero de 2019. El segundo escalón, sería del 1.15%, luego un escalón del 1% y finalmente uno de 0.85%. Dado el crecimiento de las tarjetas de débito creemos que llegaremos a esto en dos o tres años.
Lo importante es que estos aranceles implican que la dispersión entre lo que paga el pequeño comercio y la gran superficie virtualmente sea nula, esa equidad para nosotros es muy importante.
En lo que refiere a las tarjetas de crédito, hoy estamos en un arancel máximo del 4%, con la firma del acuerdo, en noviembre bajará al 3.5% para los pequeños comercios y luego hay una serie de escalones, según el uso, que lo lleva al 2.25%. En el caso del crédito no es un instrumento que se quiera promover desde el programa de inclusión financiera ya que, al utilizarlo, el usuario contrae una deuda.
Sí está acordado que la dispersión en crédito pasará a ser del 1.5% en noviembre y luego, en enero, a un 1.25%. Posteriormente, en enero de 2020 será de 1% y en 2021 0.80%. Esto es importante porque la diferencia entre lo que paga el pequeño comerciante y el grande no superará el 0.80%. Sin acuerdo, esta diferencia llegó a ser del 7%.
“El uso de la tarjeta de débito en los últimos cuatro años se multiplicó por 22, las transferencias electrónicas de fondo se multiplicaron por 14 y los pagos móviles se multiplicaron por 16”
-Constantemente la ley realiza avances y abarca cada vez a más grupos y actividades, como es el caso de la feria o el taxi…
-En el caso del taxi ya está todo pronto para que pueda ponerse a funcionar el pago electrónico. Estamos previendo que sobre mediados de noviembre ya esté disponible el pago de los taxis a través de aplicaciones. También estamos pensando que sobre mediados del mes próximo se haga efectivo el pago presencial con medio electrónico en el taxi. La Intendencia autorizó los cambios que se van a introducir y se modificarán las mamparas para que eso pueda implementarse.
El caso de las ferias refleja cómo los comercios perciben la necesidad de incorporar los medios electrónicos.
Los feriantes realizaron un planteo directo al Ministerio de Economía dando cuenta de una visión muy interesante a mediano plazo, porque ellos veían que si no incorporaban estos medios de pago los clientes iban a elegir otras alternativas. A partir de este planteo, se trabajó en un régimen especial para los feriantes que les permite seguir tributando como pequeña empresa independientemente del volumen de sus ventas mensuales, esto a los efectos de darle el tiempo necesario para que se puedan formalizar.
-¿Dónde estuvieron las mayores dificultades del proceso de inclusión financiera?
-Desde el punto de vista de la implementación y reglamentación, el punto que significó un mayor desafío y trabajo tuvo que ver con el pago de las operaciones de montos elevados y, en particular, para la venta de inmuebles y automóviles.
Eso significó un cambio en lo que es la reglamentación de cómo funciona la operativa de estos pagos que se trabajó muy intensamente con las automotoras, inmobiliarios, la asociación de escribanos, los contadores; un trabajo que demandó un trabajo importante.
No significó un cambio muy relevante para quienes realizaban las transacciones ya que la enorme mayoría de ellas ya no se hacían en efectivo. Lo que cambió fue la forma en que se documentaban y eso requirió un trabajo muy al detalle con los escribanos y, lo que fue una resistencia muy importante por parte de la Asociación de Escribanos, terminó en un proceso de acompañamiento; como todo cambio profundo sacudió el statu quo pero la reglamentación le dio garantías a todas las partes.
Otro tema fue el pago a través de medios electrónico, donde se generó un debate político que tuvo el rechazo de diversos sectores de la oposición. Para nosotros era trascendente porque que los pagos de salarios se hagan por medios electrónicos es muy importante para mejorar los controles en materia de formalización.
-¿Se perciben las mejoras en cuanto a la informalidad laboral?
-En estos 10 años se ha mejorado muchísimo pero es necesario seguir avanzando. Todo lo que podemos hacer en materia de formalización es fundamental en términos de mayores derechos para los trabajadores. Previo a la Ley de Inclusión Financiera, más de la mitad de los trabajadores ya cobraban a través de medios electrónicos pero hubo un incremento muy grande y, sin dudas, el resultado fue positivo porque se les dio respuesta a todos los trabajadores de manera sencilla. Hay todavía dos excepciones en el pago de salarios, una tiene que ver con los trabajadores rurales y aquellos que se desempeñan en localidades que tienen menos de 2.000 habitantes y otra que se refiere al servicio doméstico y jornaleros, que está previsto que se incorporen en enero del año próximo. Este es un ejemplo de un sector que avanzó muchísimo pero, a la vez, tiene niveles de informalidad importantes y por eso esta próxima etapa va a ser muy relevante.
La tinta bajo la manga
A causa de la oleada de explosiones que azotó recientemente a sus cajeros automáticos, el Banco República resolvió que los cajeros que aún no estaban entintados en algunos puntos que consideraban como críticos en materia de seguridad permanecieran cerrados durante la noche. Consultado acerca de la polémica que conllevó esta decisión en la opinión pública, Vallcorba recordó que se trata exclusivamente del 2% o el 3% de los cajeros. “Son casos excepcionales, no es la regla. El proceso de entintado de los cajeros se va a culminar antes de fin de año y una vez que esto suceda, los horarios volverán a la normalidad”, señaló Vallcorba. Consultado acerca de si el plazo de fin de año se implementará tanto para el BROU como para los bancos privados, el asesor del MEF respondió afirmativamente.
A este respecto agregó que el problema de las explosiones de los cajeros no es exclusivo de Uruguay. “Está afectando a todos los países y la respuesta es el entintado porque logra que se inutilicen los billetes lo que se transforma en un desestímulo para el acto delictivo”, concluyó.
Asimismo resaltó que en algunos casos no es razonable entintar por el costo que esto supone. “Un cajero que está a dos cuadras de la Jefatura, por ejemplo, puede trasladarse adentro de la seccional y allí no se justifica que esté el entintado”, apuntó. En la misma línea sostuvo que la prioridad a la hora de aplicar este sistema está a favor de aquellos cajeros que se encuentran más expuestos.
