En conversación con CRÓNICAS, el presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (CECAM), la directora de PANAKIA, empresa dedicada a la industrialización del cannabis medicinal, y José Pedro Dieste, ingeniero agrónomo, explicaron cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el sector hoy en día. Regulaciones dispares a nivel nacional, stock que queda inutilizable, y legislación desactualizada son algunos de ellos.
Por: Sofía Dri
Consultado por CRÓNICAS, el presidente de CECAM, Ricardo Páez, explicó que el cannabis se divide fundamentalmente en dos tipos, uno que tiene menos de 1% de contenido de THC, que es denominado cáñamo, y cuyo uso es más industrial; y otro que tiene más de 1%, que se usa para fines medicinales y recreativos. El presidente de la cámara señaló que el sector que se encuentra en mayores apuros actualmente es el industrial, debido al funcionamiento de la comercialización del cáñamo.
El hecho de haber fijado en 1% el tope del contenido de THC para el cáñamo, según Páez, fue “un error regulatorio, dada la inexperiencia en el asunto”. En otros países, el tope de THC se encuentra cercano al 0,3%. Esto ocasiona que haya mercados que no acepten buena parte del cáñamo producido en Uruguay, dado que ni siquiera lo consideran cáñamo. Los únicos países que sí toman estas cantidades son Suiza y República Checa, por lo que la venta se restringe casi únicamente a esos dos mercados, que a su vez comenzaron a comprar a otros países, por lo que los precios bajaron.
Por ese motivo, el presidente informó que la cantidad de licencias para cultivo con fines industriales expedida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que en un momento llegó a ser de casi 150, hoy día decayó a menos de 15. “El hecho de no haber podido colocar todos los productos que tenían, implica que haya stock de flores que se está deteriorando”, explicó.
En conversación con CRÓNICAS, el ingeniero agrónomo José Pedro Dieste comentó que la diferencia de país a país en el límite permitido de THC en el cáñamo es algo “subjetivo”, no hay nada técnico que indique que tenga que ser de una u otra manera. Las variedades utilizadas hoy en Uruguay son de bajo THC y alto CBD, pero aun así, el ingeniero nunca conoció una cosecha en que se lograra sacar un producto con un THC inferior a 0,55%.
Según Dieste, hay tecnologías que permiten reducir ese porcentaje, pero eso hace que también se reduzca el CBD, que es lo que le da propiedades medicinales a la planta. Además de esto está el tema de las variantes genéticas, supuestamente algunas de ellas garantizan un porcentaje menor de THC, pero estos porcentajes varían según las condiciones climáticas y ambientales donde se desarrolla el cultivo. Sucedió con la variante Monlag. Muchos productores invirtieron en ella, dado que en su ambiente de origen crecía con menos del 1%, pero una vez plantada aquí lo hizo con un porcentaje mayor, por lo que esa producción no tuvo uso y terminó siendo incinerada.
Según el ingeniero agrónomo, la clave para evitar el desperdicio de esos excedentes es avanzar en la legislación. Recordó un ejemplo en este desfasaje de la regulación, en que hace unos años hubo una exportación de vino con un leve agregado de cannabis, que tuvo bastante éxito en el mercado inglés. Lo que sucedió fue que al año siguiente, a pesar de tener una enorme demanda en Inglaterra, el Ministerio de Salud Pública uruguayo trancó esa exportación. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) tenía gran interés de que ese producto se vendiera, porque también hay una sobre producción de vino. Esta alternativa permitía una salida al combinar estos dos productos y crear “un producto diferente que tuviera un nicho en el mercado, y está frenado por el Ministerio de Salud Pública”, no por regulaciones extranjeras.
Es por esto, reflexionó Dieste, que Uruguay debe “seguir avanzando en la legislación». Uruguay fue punta de flecha cuando se comenzó a regular, pero después no se siguió profundizando ese proceso, y otros países que comenzaron después han seguido avanzando. Nosotros quedamos atrás” sentenció.
Otra limitante muy grande que encuentra el ingeniero es el tema del secado y la manipulación luego de la cosecha. Cuando se inició a cultivar en el país, “la gente arrancó con un mal dimensionamiento” del volumen, por lo que “se lograba un cultivo aceptable”, pero el producto “se terminaba arruinando” porque la infraestructura del secado no daba abasto para la cantidad de flores que había. Es por esto que “los que achicaron fueron a los que les fue mejor”.
Por su parte, Páez explicó que el cannabis medicinal tiene sus propios desafíos. La producción de este tipo de cannabis “es muchísimo más costosa”, porque “las exigencias son aún mayores”. La licencia expedida por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) supone un costo extra para quienes deciden producir con fines medicinales. Ese costo “es anual”, y “crece a medida que se producen más plantas”. “Si estás produciendo medicamentos o principios activos para el uso de un farmacéutico, tenés que tener una licencia de cultivo, una licencia de industrialización, y además una de industria de laboratorio, es decir, tres licencias, mínimo”, apuntó Páez.
Una solución propuesta por la CECAM tanto para el rubro industrial como el medicinal, es abrir la posibilidad de que las flores de cáñamo puedan usarse con fines medicinales, “obviamente cumpliendo todos los requisitos microbiológicos correspondientes”. “Con eso podemos lograr una disminución de costos a nivel farmacéutico, y solucionar un problema del stock”, propuso.
Otra solución al dilema podría ser ampliar el espectro de productos que se comercializan en Uruguay. Como ejemplo, Páez nombró que aquí no se puede usar CBD en alimentos, mientras que en otros países, como Argentina, Ecuador y Colombia sí. También comentó que se podría utilizar para fabricar cosméticos.
En países como Suiza, el cáñamo se utiliza como sustituto del tabaco, “como una alternativa más sana”, pero en Uruguay no se puede vender como tal, según informó Páez. Lo ideal, para el presidente, sería poder industrializar el proceso, y exportar directamente el producto terminado, y no sólamente la materia prima como sucede hoy.
Otro asunto que mencionó Páez fue que Uruguay exporta flores con alto contenido de THC para uso terapéutico, pero no puede venderse localmente. Esa sería otra forma que propone CECAM de encontrar un lugar para ese stock que está parado actualmente. Además, el presidente de la cámara abogó por la disminución en el costo de las licencias del IRCCA, así como “trabajar en la rapidez del trámite, y simplificar la cantidad de licencias” necesarias.
Por último, una cosa que Páez quiso destacar, es que las consultoras internacionales especulan con un crecimiento “muy positivo” en el negocio del cannabis, con una proyección de valor del negocio a nivel global en aproximadamente 105 mil millones de dólares en menos de cinco años. De esa totalidad, estiman que entre el 60 y el 65% estaría comprendido por el sector medicinal. Además, el presidente afirmó que hoy tanto en Europa como en Norteamérica están en curso casi 300 estudios clínicos, “lo que quiere decir que están buscando aplicaciones de cannabis para uso médico en varios frentes”. “Eso predice que evidentemente vamos por buen camino en ese sentido, pero lo ideal sería estar preparados para poder seguir creciendo y, habiendo sido los primeros en salir, poder seguir liderando ese avance”, comentó Páez.
María Teresa Mendaro, directora de Panakia, empresa dedicada a la industrialización de cannabis medicinal, expresó que la situación actual viene “con una herencia de legislación que fue súper innovadora a nivel mundial, pero quedó estancada en la burocracia y las reglamentaciones”. La productora identificó tres grandes problemas a nivel nacional “que hacen que el sector no pueda desarrollarse positivamente”. Estos incluyen la duplicación de trámites a nivel burocrático, el reglamento bromatológico, y el tema de la inclusión financiera: las empresas que operan con cannabis en Uruguay no pueden bancarizarse, lo que “imposibilita cuentas y líneas de crédito o apoyo a la industria”. Durante una visita reciente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, la organización estableció que no tendría por qué haber impedimentos para la bancarización de las empresas de cannabis medicinal.
En cuanto a las 13 medidas que propuso la CECAM al gobierno para dar un mayor impulso al sector, hay algunas, como las que tienen que ver con el IRCCA, que “podrían tener andamiento rápidamente” según su presidente. Sin embargo, hay otras de estas medidas que dependen del Poder Ejecutivo, y hay otras que se modificarían únicamente con apoyo parlamentario. En ese sentido, Páez comentó que se están sentando a conversar con actores de todo el espectro político.
El presidente de CECAM valoró la figura de Daniel Radío como presidente de la Junta Nacional de Drogas, apreció que “esté alineado” con las políticas propuestas por la Cámara, y comentó que en las últimas reuniones que mantuvieron hubo “mucho entendimiento”
