Dr. Gustavo Zubía, fiscal penal y vicepresidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay
“Yo quiero seguir siendo chorro, señor fiscal”, le dicen a diario a Gustavo Zubía. Es que, según dijo en entrevista con CRÓNICAS, quien ha pasado toda su vida dedicado a delinquir, ha tomado esa decisión y difícilmente cambie su conducta. Aunque el Estado debe seguir imponiendo las penas, si el recluso no quiere rehabilitarse, no se lo puede obligar, dado que “no podemos vejar el derecho humano a hacer una opción de vida”, explicó. Por otra parte, se refirió a los problemas que se avecinan si el nuevo Código del Proceso Penal se aplica en julio, y advirtió que dejarlo como está traerá excesivas garantías para el indagado.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-Dentro del Poder Judicial hay quienes plantean que están dadas las condiciones para implementar el nuevo Código en julio, y quienes discrepan. El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a CRÓNICAS que, siempre y cuando entre en vigencia este año, debería postergarse para noviembre. Usted ha planteado posponerlo para febrero. ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar en ese lapso?
-Desde el Poder Judicial hay varias orientaciones sobre por qué mantener o posponer el Código. Hay un conflicto [salarial] muy intenso, que probablemente se va a acrecentar en la medida en que el Código entre en vigencia, pero existe desde hace más de seis años, es decir que era algo previsible. A su vez, al día de hoy se enviaron al Parlamento 98 modificaciones del proyecto.
Por tanto, a un mes hábil –porque está la feria judicial- de su implementación, con 98 modificaciones para hacer, más lo que yo sostengo que es la columna vertebral quebrada del Código, que es la libertad condicional –que el individuo está libre, y al momento en el que cae la sentencia, aunque sea condenatoria, sigue libre-, sostener que el Código está apto para entrar en vigencia, es complejo de entender.
-Para Díaz, “la modificación principal es la unificación del proceso de adultos y el de adolescentes en un solo proceso acusatorio”.
-Yo estoy de acuerdo con eso, pero no es lo más importante. También está todo el tema locativo, están faltando espacios físicos en el Interior. Pero el tema central es que a último momento estamos haciendo reformas enormes; es casi un Código nuevo.
-¿La Asociación de Fiscales coincide con esa postura?
-Yo todo esto lo digo a título personal. Ahora, a los fiscales nos están faltando respuestas, tenemos muchas incógnitas, hay problemas legales y legislativos bien importantes a modificar. Los fiscales tenemos una sensación de desorientación. Tenemos que estudiar las normas que se están modificando y hacer simulacros, para eso se necesita tiempo y por eso yo creo que lo mejor es postergarlo para febrero.
Si después de haber esperado tantos años, a último momento empiezan a aparecer enormes dudas y modificaciones, tomémonos los tiempos judiciales apropiados. En febrero se podría iniciar el Código después de la feria, es decir, después de un período de receso donde podremos ponernos al día y estudiar las modificaciones, mientras que noviembre es la época de más trabajo del año porque se intentan acelerar determinados procesos, hay más solicitudes de libertades. Sería descabellado hacerlo, solo porque tiene que ser en el 2017.
-Para el Parlamento es un compromiso implementar el Código en julio.
-Pero el Parlamento también va a tener que estudiar las modificaciones, no puede en menos de dos meses arreglar esto que es enorme. ¡Son 98 modificaciones!
-¿No son conscientes los legisladores de los problemas que traerá aplicarlo en julio?
-Los más conscientes de lo que se avecina somos los jueces y los fiscales, pero no por un tema de responsabilidad, sino porque estamos diariamente en esto, conocemos el Derecho y lo que puede llegar a representar una modificación. A veces una modificación en el papel puede parecer estupenda, pero el que conoce la realidad sabe que va a implicar 78 consecuencias negativas.
“Aplicar el nuevo Código como está es un camino al precipicio”
-¿Por ejemplo?
-Por ejemplo, que al indagado no se le pueda tomar declaración sin su abogado me parece perfecto, pero debemos prever las posibles chicanas que va a traer ese mecanismo, como que los abogados no concurran o que no se puedan tomar declaraciones.
Los legisladores tienen gran capacidad para observar las normas en el papel, pero necesitan que los operadores les digan que en teoría esto va a pasar así, pero en la realidad va a posibilitar otras cosas.
Además, el compromiso del sistema político era para febrero de 2017 y no se pudo cumplir. Estamos ante una causa todavía más grave que la de febrero por los 98 artículos para modificar, entonces, entre el compromiso, que se cumpliría con grandes dificultades o mal, y la espera, es preferible esperar. Y ni siquiera hay garantías de que en febrero de 2018 estemos preparados.
-Por lo que dice, va a ser mejor mantener el sistema actual que aplicar el nuevo Código en julio.
-Aplicarlo como está es un camino al precipicio, es una locura. Ha habido una falta de línea permanente de cimentación del nuevo Código. Estas variantes, y más las de último momento, llevan a que uno diga: “¿por qué no trabajamos en serio, con tiempo, escuchando a todos los operadores?”. Yo, al igual que otros fiscales, no he sido convocado para dar mi opinión, cuando nosotros vamos a tener desafíos de todo tipo.
-Hay quienes dicen que no da credibilidad que haya otra prórroga.
-No da credibilidad que tenga que entrar en vigencia con reglas contradictorias.
-¿Es partidario del sistema acusatorio?
-Soy partidario del sistema acusatorio, de tener un nuevo Código, de que la prensa pueda estar en la audiencia, de que el individuo tenga garantías, pero vamos a diseñarlo bien. Las garantías para el indagado son excesivas, al igual que las posibilidades de que nosotros entremos en incongruencias, en errores, y eso no es diseñar bien un Código.
Además, quien cometa delito de guante blanco va a tener mejor tratamiento procesal con el nuevo Código porque no genera el riesgo que genera el rapiñero con antecedentes, entonces, cuando llegue la libertad condicional, aunque lo condenen, va a seguir sin prisión porque va a poder demostrar que tiene trabajo y dinero.
-¿Es posible que las modificaciones que faltan se hagan para julio?
-Me parecería una temeridad que se modificaran para julio porque son cosas importantísimas. Y aunque se modificaran, los fiscales no tendríamos tiempo de poder aggiornarnos, hacer el training necesario, y si lo hacemos va a ser con normas que son terriblemente difíciles de comprender, no tiene lógica. Yo apuesto a que va a haber una modificación parlamentaria, el tema es que tiene que tener la suficiente profundidad para ser un sistema serio.
“El problema es la infraestructura, tendríamos que tener muchísimas cárceles más”
–El Dr. Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, dijo en entrevista con CRÓNICAS que, a diferencia de lo que usted sostiene, “quienes cometen delitos con pena de penitenciaría, que tienen un mínimo de condena de dos años, cumplen la pena”.
-Lo que dice Reyes es mentira. Para no cumplir la pena, aunque sean delitos graves, tienen, para empezar, la libertad anticipada. Es un mecanismo que prevé que el recluso, a partir de la mitad de la pena, ya puede pedir para salir, y en general lo están dando a los dos tercios cuando son delitos graves. Me extraña que el Dr. Reyes, una persona tan versada, olvide este instituto liberatorio.
Hay otros mecanismos, como la reducción de la pena por trabajo y estudio, las salidas transitorias –que no es que no cumpla la pena, pero está en libertad-. Por otra parte, en los delitos de pena de prisión, es decir, los delitos menores, existe el beneficio de la libertad provisional y el de la libertad condicional.
-Consultado sobre si habría que revisar los institutos liberatorios, Reyes sostuvo: “Quizás lo que haya que revisar es cómo se controla eso, porque hay toma de decisiones a nivel del Ministerio del Interior, y debería haber algo más en contacto con la rehabilitación, no bajar penas porque se portan bien, sino hacer un estudio con mayores operadores y especialistas”, lo que no se hace “porque hacen falta recursos”.
-¿Cómo no va a haber que revisar que un homicida pueda reducir un tercio de su pena, y después de que la reduce o mientras la está reduciendo, logre la libertad anticipada? Aclaro que yo no soy partidario de tocar las penas, soy partidario de hacerlas cumplir.
Si uno no cumple con la Intendencia en pagar la Contribución Inmobiliaria o la tasa del coche, le traban un embargo, si no cumple con el BPS, le hacen la denuncia penal, y sin embargo no son delincuentes los que tienen esa conducta. A los delincuentes les disminuimos el cumplimiento de la condena, y a los ciudadanos que trabajan les aplicamos una severidad fuera de contexto.
–El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak, dijo a CRÓNICAS que la reducción de la pena por trabajo y estudio es un instituto “estupendo”, aunque él es partidario de prohibirlo para determinados delitos graves. ¿Usted qué opina?
-No comparto que sea estupendo. En las cárceles uruguayas estamos 30 años atrasados con respecto a los europeos, que ya no sueñan con la rehabilitación, eso quedó en la década de los 90. Hoy los sistemas judiciales y punitivos europeos parten de la base de que la pena debe realizarse en condiciones humanas. Creer en la rehabilitación con los índices de reincidencia que tenemos en nuestro país, que andan en el 60-70%, y con las cárceles que tenemos, es soñar.
-¿Usted comparte el pensamiento europeo?
-No es que los europeos descarten el concepto de rehabilitación, le dan oportunidades al recluso pero no sueñan con rehabilitarlo, saben que las tasas de reincidencia son grandes, que las personas adultas, por un tema psicológico, difícilmente cambian sus parámetros de conducta. Rehabilitar a los 20 o 30 años al que en su vida estuvo nada más que dedicado a conductas infraccionales, es una utopía.
“Quien cometa delito de guante blanco va a tener mejor tratamiento procesal con el nuevo Código”
Hay una película que recomiendo, “La naranja mecánica”, que se realizó cuando los criterios de rehabilitación empezaron a entrar en crisis en Europa. Lo que termina demostrando la película es que la rehabilitación es un imposible, y tratar al hombre como una cosa en esos niveles atroces, genera cosas peores.
-¿Entonces?
-Creo que el delincuente tiene el derecho a seguir siendo delincuente, nosotros no podemos vejar el derecho humano a hacer una opción de vida. Quiere decir que la rehabilitación por encima de la voluntad del individuo estaría violando su derecho a decir: “yo quiero seguir siendo chorro, señor fiscal”, como me dicen a mí a diario, no en la audiencia, donde dicen: “soy inocente”, sino en privado.
Hoy ya no se sueña con decirle al recluso: “señor, cambie su vida, piense en su familia o piense en algo religioso”. Los hombres hechos ya tienen decisiones tomadas, el Estado lo que tiene que hacer es imponer las penas pertinentes, y si quiere rehabilitarse, darle la oportunidad. Si quiere seguir siendo delincuente que lo siga siendo, yo como ciudadano le pido a mi Estado que castigue en forma racional, no como hoy, que es irracional por lo benigna.
El Estado genera violencia en las cárceles, ¿cómo no van a ser conflictivas? ¿Cómo soñamos en el país de Frutillitas, donde todos entran en las cárceles con los peores delitos y salen de allí corriendo como Heidi por los pastitos? Es tan poco serio suponer eso, y más en el nivel que tenemos actualmente, y no porque los funcionarios carcelarios sean malos, a veces son excelentes, de hecho, ¡hay que ser funcionario de cárceles!, es porque no está la infraestructura, tendríamos que tener muchísimas cárceles más.
