Un siglo transcurrió desde que, en junio de 2023, se aprobara la primera Ley de Zonas Francas en Uruguay, luego de haber estudiado el régimen en otras zonas del mundo. Su implementación primaria en el litoral oeste del país, su expansión a lo largo del territorio y las modificaciones que la ley inicial sufrió, colocaron a esta política pública en un rol fundamental dentro de la economía uruguaya.
En la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez, en el período comprendido entre 1903 y 1907, surgieron las primeras propuestas en torno al tema, luego de que se llevaran a cabo dos misiones técnicas a Estados Unidos y Europa, con el fin de estudiar y analizar el régimen portuario.
Tras los resultados recabados en dichas misiones, Montevideo, Colonia y Nueva Palmira fueron las zonas elegidas para desarrollar esta iniciativa y fomentar el establecimiento de zonas francas, con empresas comerciales e industriales sobre la base de extraterritorialidad aduanera y de la exoneración de todo tipo de tributos.
Fue un 20 de junio de 1923 cuando, a través de una iniciativa innovadora para la época, se aprobó la ley N° 7.593 y se crearon las primeras zonas francas en las áreas portuarias de Colonia y Nueva Palmira, además de habilitar al Estado a establecer una tercera en Bella Unión (Artigas). Junto con esta ley, también se permitió la transformación y fraccionamiento de materia prima importada libre de impuestos.
En 1925 se colocó la piedra fundamental en Colonia y las políticas públicas de zonas francas en Uruguay comenzaron su andamiaje, para que posteriormente se comenzaran a desarrollar operaciones de embarque, desembarque, transformación, perfeccionamiento y clasificación de materias de procedencia extranjera, libres de derechos aduaneros y de cualquier impuesto interno.
Las fábricas y establecimientos industriales con residencia en estas zonas se vieron beneficiados con una exoneración de tributos, lo que implicó que, al igual que las materias primas importadas desde el exterior podían ser reexportadas libremente, los productos elaborados en los establecimientos beneficiados contaran con las mismas ventajas.
Posteriormente, en 1949 la normativa inicial fue sustituida tras la aprobación de la Ley N° 11.392, que estableció un régimen de zonas y depósitos francos con amplias facilidades, creando una franquicia aduanera industrial restringida, con la que se apuntaba a facilitar el intercambio comercial.
La última normativa que llegó para complementar estas políticas públicas se concretó en diciembre de 1987 con la aprobación de la Ley N° 15.921, que trajo consigo innovaciones y facilidades para la inversión, además de crear zonas francas privadas y un régimen contractual para los usuarios que superó los resultados alcanzados con la anterior legislación.
Con la implementación de esta ley, que sufrió sus últimas modificaciones en el año 2017, las zonas francas industriales, de servicios y comerciales del país se multiplicaron. Actualmente son 15 las zonas autorizadas, dentro de las que se destaca la planta de celulosa UPM 2.
Luego de 100 años de la aprobación de la ley que dio inicio a estas políticas públicas, merece recordar que, según estimaciones realizadas hasta 2019, la actividad económica de las empresas comprendidas en este régimen representaba el 5% del PBI de Uruguay.
