Representantes de las AFAP realizaron una serie de planteos a ser considerados por la comisión de expertos que realizará las recomendaciones para la reforma de la seguridad social.
Una delegación de la Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (Anafap), encabezada por Sebastián Peaguda, presidente de la entidad y gerente general de AFAP SURA; y María Dolores Benavente, secretaria de Anafap y gerenta general de Unión Capital AFAP, fue recibida por la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que se encargará de realizar las recomendaciones al Poder Ejecutivo para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones.
Durante una extensa exposición, los representantes de las AFAP valoraron los aportes de la reforma de 1995 y realizaron una evaluación que se enfocó en derribar algunos mitos referidos a un eventual fracaso del sistema mixto y al lucro excesivo de las AFAP.
Sobre el primer punto explicaron que las AFAP en Uruguay cobran las comisiones más bajas de la región. Se ubican en 0,5% equivalente sobre saldos, lo que se considera muy competitivo en términos internacionales. A su vez, la rentabilidad financiera (ROE) de las AFAP se ha ido reduciendo con el tiempo -ronda el 25%- y se estima que bajará a 20% en los próximos años, lo que se sitúa en niveles similares a los del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).
En cuanto el fracaso de la reforma, dijeron que las AFAP hoy administran en su conjunto unos US$ 15.000 millones que se mantiene en cuentas individuales de cada afiliado y generando rentabilidad año a año.
Se trata, asimismo, de dinero real del que podrán disponer al momento del retiro, tanto los aportantes como sus herederos. Eso no ocurría antes, cuando el dinero en teoría se capitalizaba colectivamente en el Banco de Previsión Social (BPS), pero en la práctica simplemente los activos contemporáneos financiaban a los pasivos contemporáneos, con un BPS virtualmente quebrado y una situación insostenible a largo plazo por los sucesivos déficits entre ingresos y egresos.
En su análisis, plasmado en un informe que fue puesto a consideración de la comisión para que sea incorporado a la discusión, los representantes de Anafap visualizaron los desafíos del sistema en su conjunto y presentaron una serie de propuestas para optimizarlo, orientadas a promover la sustentabilidad financiera, la cobertura y la suficiencia el sistema mixto con la finalidad de mejorar el bienestar de los trabajadores y futuros jubilados.
En cuanto los desafíos del sistema, plantearon a la informalidad y los trabajos de la nueva economía como los principales desafíos comunes a todo el sistema, así como los factores demográficos que implican menos aportantes por la baja natalidad y más pasivos por mayor esperanza de vida. Esto, explicaron, determina desafíos para la sostenibilidad del BPS que ya tiene elevados niveles de aportes directos, que se deben complementar con recaudación de IVA y otros tributos.
A nivel interno, las AFAP consideran que el principal desafío es elevar la rentabilidad de sus inversiones más que reducir sus costos. En este sentido, explicaron la importancia de combinar ambas variables, ya que una diferencia de 0,14 puntos de rentabilidad en 30 años equivale en costo para el afiliado a dos puntos porcentuales de comisión sobre aportes (diferencia actual de comisión entre la más cara y la más barata). Eso, sostuvieron, debería ir de la mano con una desconcentración del mercado, que hoy asigna afiliados a la AFAP de menor comisión, sin evaluar su nivel de rentabilidad.
Finalmente plantearon una serie de propuestas de mejoras al sistema por cada uno de sus pilares.
Para el sistema en su conjunto plantean una nueva institucionalidad, con un único regulador de la seguridad social, al tiempo que consideran fundamental promover la educación financiera y previsional y simplificar los estados de cuenta jubilatorios, reducir la informalidad, el envío anual de la historia laboral, y que exista un cálculo jubilatorio oficial, ya que permitiría brindar más información y más certeza al afiliado.
Para el pilar de reparto, es decir el BPS y las cajas paraestatales, plantean vincular la edad de retiro con la evolución de la esperanza de vida, revisar los incentivos de las jubilaciones por invalidez y compatibilizar la jubilación con la continuidad del trabajo formal.
También plantean como punto fundamental instancias que permitan transparentar la información del sistema, que implicaría cuantificar la deuda contingente del BPS con los futuros jubilados, publicar un costo efectivo de cada tipo de cobertura y proveer información continua y completa para análisis independientes de las dinámicas previsionales.
En lo referido a las AFAP, plantean fomentar el ahorro voluntario, facilitando cierto grado de liquidez a los aportes adicionales, con incentivos tributarios y esquemas de fácil recolección de esos aportes, como pueden ser los descuentos directos del sueldo.
Al mismo tiempo, consideran fundamental permitir la creación de un tercer fondo para los más jóvenes, que permita una mayor capitalización al invertir en renta variable internacional y a nivel de funcionamiento del mercado, sugieren reducir la concentración mediante una nueva regulación de comisiones con priorización de la rentabilidad neta en la asignación de los afiliados.
Finalmente, se manifiestan a favor de promover una mayor competencia en el seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, que hoy casi triplica el costo de la comisión de administración, y promover una mayor competencia en la etapa del pago de las jubilaciones (rentas vitalicias), que hoy solo está presente mediante el Banco de Seguros del Estado.
Sistema quebrado
La Reforma Previsional de 1995 fue la respuesta al colapso de sistema de reparto servido exclusivamente a través del BPS, que llegó a tener un déficit del orden de 4% del PBI. El desequilibrio del sistema se redujo consistentemente hasta el año 2008, cuando la flexibilización de las condiciones de retiro y de acceso a la jubilación sin base contributiva revirtió la tendencia. Para este año, el presupuesto aprobado por el BPS contempla un déficit que será de 1,2% del PIB, sin considerar el impacto de la crisis generada por el coronavirus (Covid-19).
La implantación del sistema mixto se sustenta en dos pilares complementarios compuestos por las AFAP y el BPS, que actualmente presenta desafíos estructurales para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.
Al déficit del BPS se suma un problema demográfico, que enfrenta la mayor parte de los países del mundo, pero que en Uruguay se ve exacerbado por las tasas de envejecimiento de su población -gracias a una mayor esperanza de vida- y la baja tasa de natalidad que impacta en la cantidad de trabajadores activos. Esa realidad genera un desequilibrio creciente entre las pasividades actuales y futuras y los ingresos proyectados del sistema.
Actualmente el BPS recibe dos tercios de aportes que los trabajadores activos y empleadores realizan al sistema, pero eso cubre solo el 50% de su gasto previsional. El resto proviene de impuestos que paga la población.
Desde Anafap destacaron que el sistema actual tiene aportes fundamentales como la creación de un registro independiente de la historia laboral -lo que elimina el requerimiento de presentar testigos-, permite la separación del dinero de las cuentas del estado, y aporta buena administración y gestión profesional con alta rentabilidad. Además, la existencia de un fondo previsional favorece el desarrollo de un mercado de valores que facilita y abarata el financiamiento de inversiones productivas.
Los representantes de Anafap destacaron que el sistema soportó dos crisis (2002 y 2008), incluso con quiebra de accionistas de las AFAP, sin que su estabilidad estuviera en cuestión, y que tiene un interesante componente distributivo donde los sueldos más altos financian a las jubilaciones más bajas, según las alternativas que plantean los artículos 8 y 28.
A su vez, explicaron que la reforma fue exitosa porque evitó el colapso del sistema de reparto y el déficit del BPS comenzó a reducirse año tras año, con prestaciones adecuadas al nivel de aportes realizados.
También marcaron distancia del sistema con otros como Perú o Chile, ya que en esos casos no existe un pilar no contributivo, o red de contención a aquellos colectivos más vulnerables (que asegure una condición de base para todos), como efectivamente tiene el sistema de protección uruguayo.
