El directorio de Antel informó este miércoles su decisión de elevar a la Fiscalía General de la Nación las conclusiones finales de la auditoría encargada a la firma Ecovis, que concluyó que la obra tuvo un costo final de US$ 120 millones, es decir, el triple el valor comunicado en una primera instancia.
El vicepresidente de la empresa de telecomunicaciones del Estado, Robert Bouvier, aseguró en conferencia de prensa que se resolvió enviar los antecedentes a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para que analice la conducta de las autoridades del anterior directorio.
«En cuanto a las contrataciones queda claro que la norma fue la contratación directa», en casi US$ 98 millones de dólares, dijo Bouvier, y añadió que «esto representó una restricción a la competencia y falta de transparencia».
El vicepresidente apuntó que en el marco de la auditoría externa se presentó un informe en el que se comprobó la observación del Tribunal de Cuentas que advertía que la construcción del complejo no estaba dentro de los cometidos de Antel, y que por lo tanto violaba el principio de especialidad.
“Se dijo que era una inversión de 40 millones de dólares, luego de 56 millones y terminó costando 120 millones de dólares», aseveró.
Bouvier indicó que «el proyecto tuvo muchas debilidades», entre los que detalló la «falta de un cronograma maestro», una «incompleta definición del alcance del proyecto» y «los plazos de ejecución de los hitos más importantes tuvieron diversas y sucesivas modificaciones e ineficiencias».
El informe de Ecovis demostró que “se vulneraron los principios rectores que rigen las normas relativas a la buena administración, en cuanto al respeto estricto de los procedimientos de contratación y el deber de procurar la máxima eficiencia en la actuación”. Por este motivo además de presentar la denuncia ante el Ministerio Público, Antel también elevará los antecedentes de la auditoría a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)
