Con el objetivo de echar luz sobre la agenda económica del próximo gobierno, el pasado miércoles 2 de octubre la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) convocó a los principales asesores de los candidatos a la Presidencia en esta temática. En tal sentido, por el Partido Nacional (PN) participó Azucena Arbeleche; por el Frente Amplio (FA), Christian Daude; y por el Partido Colorado (PC), Ana Inés Zerbino.
La ponencia fue abierta por el presidente de la Cámara, Julio Lestido -quien resaltó la influencia de las empresas privadas en la actividad del país-, y moderada por la economista Ana Laura Fernández. Durante la misma se trataron distintos ejes temáticos, como las medidas a implementar para reactivar la economía de Uruguay, la rentabilidad en las empresas privadas y la conflictividad laboral.
Respecto al primer punto, y frente a la pregunta vinculada a cómo mejorar el resultado de las cuentas públicas sin aumentar la carga impositiva, Arbeleche señaló que la propuesta nacionalista no incorpora el aumento de impuestos, sino en generar ahorro en el gobierno a través de un gasto más eficiente. “Estimamos que se puede realizar un ahorro de US$ 900 millones en los primeros 10 meses”, aseguró. Añadió que esta iniciativa no implica ningún recorte de políticas públicas, e hizo mención a que la medida debe ir acompañada por una política de crecimiento que tendrá derrame en el aumento de los empleos.
Por su parte, Daude reconoció que el país cuenta con desafíos fiscales, pero también mencionó que existen factores que amortiguan los impactos en el corto plazo y que “hay espalda financiera porque se han hecho las cosas bien”. Al respecto, dijo que se necesitan solo dos puntos del PIB para mejorar la deuda y confirmó que el FA no tiene previsto aumentar impuestos para reducir el déficit fiscal. En este sentido, recomendó revisar asignaciones y generar ahorros.
En tanto, Zerbino expuso que se debe trabajar respecto al nivel de eficiencia de gasto y sobre la dotación de empleados públicos, priorizando las áreas de educación, seguridad y salud. Pasar a un presupuesto de base cero es otra de las medidas que su partido implementaría en caso de ser gobierno. Sobre el ajuste en las cuentas públicas, opinó: “Creemos que una regla fiscal es una reforma estructural importante que el país se merece de cara a los nuevos desafíos”.
En cuanto a la situación del mercado laboral, Daude comentó que para la creación de nuevas fuentes de trabajo se debe poner foco en la formación y que realizarán 400 mil capacitaciones a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación en caso de ser gobierno. En relación a la conflictividad, manifestó que la ocupación debe ser la última medida que se tome en una negociación y que suceda con garantía para todas las partes.
Zerbino indicó que plantean incorporar mecanismos supletorios para disminuir el nivel de conflictividad, y que los acuerdos de ajustes generales entre trabajadores y empleadores deben continuar manteniéndose a nivel de los Consejos de Salarios pero sin la injerencia del Poder Ejecutivo. En cuanto a la ocupación de los lugares de trabajo, señaló que los mismos atentan contra la Constitución y aseguró que no es una extensión de los derechos de huelga.
A la vez, Arbeleche informó que la forma de crear empleos genuinos es resolver la competitividad y bajar las tarifas para todos los sectores de la economía. “Diferimos con la visión del gobierno de darle medidas parches cuando la solución debe ser estructural y de fondo”, opinó. Señaló, además, la necesidad de fortalecer el ámbito de los Consejos de Salarios a través del diálogo y dijo que la partida del PN es derogar el decreto 165/006 de Regulación del Derecho de huelga, libertad sindical y negociación colectiva respecto a las ocupaciones.
En cuanto a la reactivación de las empresas, Zerbino apuntó a que aspiran a realizar una rebaja en torno del 10% de las tarifas públicas en combustible y electricidad hacia los sectores transables de la economía. Sobre este tema, Arbeleche mencionó que manejan la propuesta de que los impuestos que paguen las empresas estén en relación con la facturación, así como también la de extender la exoneración de los aportes patronales. Daude, en tanto, mencionó la posibilidad de exonerar a las nuevas empresas del IRAE y los aportes patronales en el primer año, flexibilizar el tránsito entre regímenes y que las empresas proveedoras del Estado utilicen los créditos que están a favor del mismo para cancelar las deudas relacionadas a BPS y DGI.
