El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) elaboró un estudio sobre el impacto socioeconómico del contrabando a nivel fronterizo. Del documento se desprende que el contrabando por concepto de alimentos y bebidas en los departamentos de frontera alcanzaría los US$ 320 millones. Según aseguró el director ejecutivo del CED, Agustín Iturralde, a CRÓNICAS se trata de una aproximación conservadora. Para el economista, la forma de atacar este problema histórico es por medio de la destrucción de la brecha de precios que existe entre Uruguay y sus países vecinos. En este marco, Iturralde agregó que además del impacto que el contrabando genera en el comercio local y en la recaudación del Estado existe otro daño colateral intangible: el acostumbramiento a la ilegalidad.
El documento “Impacto socioeconómico del contrabando a nivel fronterizo”, realizado por Agustín Iturralde, Atilio Amoza, Ramiro Correa e Ignacio Umpiérrez aborda esta problemática que se define como una deuda histórica de las políticas públicas en Uruguay.
Los departamentos considerados en el trabajo fueron Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Cerro Largo, Rocha así como Treinta y Tres y Tacuarembó, que no son fronterizos, pero presentan características similares a los antes mencionados.
En diálogo con CRÓNICAS, uno de los autores del estudio y director ejecutivo del CED, Agustín Iturralde, aseveró que el principal aporte del estudio es el esfuerzo por cuantificar algo que todos sabemos que está ahí. “Tenemos un problema histórico muy mal resuelto que el Estado oscila entre tolerarlo, reprimirlo o promoverlo según el lugar, el tipo y la época, pero que claramente genera distorsiones varias en la economía”.
Con la certeza de que la magnitud del problema es mucho mayor a la presentada en el estudio -pero ceñidos a la rigurosidad-, el CED presentó una primera aproximación que sostiene que el contrabando por concepto de alimentos y bebidas en los departamentos de frontera alcanzaría los US$ 320 millones (0,5% del PIB).
“Lo que creemos que se muestra con mucha claridad es el impacto que tiene en el comercio formalmente establecido por la competencia desleal pero sobre todo quisimos poner el señalamiento en los diferenciales de precio que no están generados por el comerciante formalmente establecido pero que por algún mecanismo de formación de precio de nuestro país termina haciendo que algunos productos valgan mucho más de nuestro lado de la frontera que del otro”, explicó Iturralde a CRÓNICAS.
En esta línea, destacó que se debe atacar mucho más la causa de fondo. “Cuanto mayor sea el incentivo dado por un mayor diferencial de precios va a ser más inabordable, pero en la medida en que se achique ese incentivo va a ser más posible manejarlo”.
El impacto
El contrabando fronterizo es una actividad ilegal profundamente arraigada en las economías y culturas locales de muchas zonas del Uruguay.
Por un lado, esta actividad tiene un rol relevante como empleador y reduce los costos de acceso a bienes en estas zonas. Por el otro, implica una enorme afección al comercio formalmente establecido que sufre una evidente competencia desleal.
Además, el estudio confirma que existe un golpe importante a la recaudación del Estado uruguayo. Una aproximación que Iturralde define como conservadora estima que la incidencia del contrabando de alimentos y bebidas en los departamentos de frontera tuvo en 2019 un valor de US$ 320 millones.
“Cuando hablamos de micro-contrabando tenemos una cantidad de consumidores uruguayos que en vez de pagar IVA al fisco uruguayo, lo pagan al brasileño o al argentino”, sostuvo Iturralde.
Según los cálculos presentados en el estudio, los uruguayos pagan impuestos al consumo recaudados por Argentina y Brasil por US$ 51,5 millones aproximadamente. Al mismo tiempo, si el gasto de los uruguayos en mercadería de contrabando fuera utilizado para adquirir alimentos de comercios formalmente establecidos, el Estado uruguayo recaudaría US$ 70 millones más que actualmente.
Más allá de los datos
Para el director ejecutivo del CED, este fenómeno genera un daño “intangible y difícil de cuantificar” pero que es clave: el acostumbramiento a la ilegalidad. “Se hace habitual estar por fuera de la norma y la pérdida de la institucionalidad”, comentó y agregó que en muchos departamentos de la frontera “ni siquiera se asume como una violación”. En este marco, el economista se preguntó “cómo el Estado permite que haya normas que sistemáticamente no se cumplen” y acentuó: «Eso va erosionando el respeto a la ley de nuestro país».
La solución
Según Iturralde, la solución se encuentra en el fondo de la primera causa. “¿Por qué en Uruguay hay cosas que son más caras que en los países vecinos? y ¿cómo podemos hacer para ir cerrando esa brecha?”.
En este sentido, el director del CED resaltó que la diferencia de precios entre Uruguay y los países vecinos es muy grande en algunos productos. “Atacar esta brecha es la política más efectiva, mucho más que cualquier énfasis represivo”, remarcó.
En los hechos, los departamentos limítrofes tienen más a la mano la válvula de escape a los altos costos uruguayos. “¿Por qué hay productos brasileños que salen dos o tres veces más que lo que salen en Brasil si no pagan impuestos para entrar?”, se preguntó Iturralde y resaltó que se trata de un “tema país”.
El director del CED también se refirió a una presentación sobre formación de precios elaborada por CPA Ferrere en la que se mostró como una posible solución el flexibilizar los regímenes de importación para que comerciantes más pequeños puedan importar sin afrontar grandes trámites. Esto no implica grandes cambios de normas y permitiría la competencia inter marca y también intra marca, es decir que algunas marcas que las trae solo una empresa puedan ser importadas por otras para que su valor en Uruguay se asemeje más a los valores de los países vecinos.
Costo país
Para Iturralde, otro tema de fondo sobre la mesa es el costo país de Uruguay. “Hay toda una agenda de competitividad y productividad que era parte de la agenda de este gobierno y que quizás la pandemia no la ha visibilizado”, apuntó y agregó: «Este es un camino más largo pero hay que recorrerlo. No hay forma de que Uruguay pueda sostener niveles de bienestar significativos y mejorar si no hay mejora de la competitividad en nuestro país», subrayó.
