El pasado miércoles 21 de marzo, la Asociación de Funcionarios de UTE (AUTE), realizó un paro de 24 horas en contra de recortes presupuestales y en reclamo del incumplimiento del acuerdo firmado en 2013, que contempla mejoras de gestiones en recursos humanos
“Nosotros estamos en una empresa donde lo único que importa ahora parece que es hacer caja”, dijo Leticia Betarte, secretaria general de AUTE, al ser consultada por CRÓNICAS sobre los aportes de UTE a rentas generales.
Explicó que los funcionarios están de acuerdo con los aportes correspondientes, pero debido al superávit que ha presentado la empresa en este último tiempo, creen necesaria la existencia de “un equilibrio que permita no solo volcar montos a rentas generales, sino también invertir en el fortalecimiento de la empresa y sus trabajadores, que son quienes generan la riqueza”.
El acuerdo, que se firmó en octubre de 2013, se realizó en el marco de la reestructura de la empresa, donde uno de los pilares fundamentales se refería a la implantación de un nuevo modelo de gestión de recursos humanos. Los trabajadores tendrían la posibilidad de realizar una carrera funcional dentro de cada puesto sin tener que concursar por otro cargo para una mejora salarial.
Esto se haría a través de una evaluación de desempeño, que se enfocaría en la calidad del trabajador y, según el resultado, se le brindaría la oportunidad al funcionario de cambiar de puesto.
Sin embargo, luego de cuatro años y medio de acordado con el sindicato, Betarte comentó que se les planteó que esto implicaría un aumento presupuestal y no lo tienen definido con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ni con el Ministerio de Economía (MEF). “Se nos transmite una incertidumbre sobre un acuerdo que no solo se firmó, sino que luego de una reivindicación fuerte por parte nuestra en 2015, se instaló una comisión entre la UTE y AUTE”.
La misma estuvo activa durante un año y medio, y a finales de 2017 se concluyó cómo sería la implementación. Al momento de efectuarlo, fueron notificados de la falta de condiciones por parte de la empresa.
La urgencia de los funcionarios para poder aplicar estas medidas no se debe únicamente al hecho de que no se respeten los acuerdos, sino que además se generaron inequidades que quieren abolir entre los trabajadores, y que el contrato contemplaba soluciones para ello.
“Hoy tenemos compañeros que ingresaron a la empresa en los últimos años y cobran cerca de 11 mil pesos menos que quienes realizan las mismas tareas pero desde antes. Es debido a que ellos entraron en la espalda salarial en el nivel uno del grado, y están sin posibilidades de moverse hasta que no se implante este nuevo sistema”, explicó la entrevistada.
Privatizaciones y tarifas
En 2015 el sindicato comenzó a realizar movilizaciones en contra de los recortes presupuestales que generaron dificultades a lo hora del ingreso de nuevo personal. Al día de hoy, se logró la incorporación de trabajadores pero no la cantidad que la agremiación pretendía por temas de necesidad estructural.
“Tanto en Montevideo como en el Interior del país tenemos sectores muy comprometido por falta de personal, y eso lleva a cerrar la oficinas”, explicó. Además, Betarte indicó que una consecuencia es el contrato de personal tercerizado, pero esto está limitado por la OPP. Agregó que se genera una disminución de la calidad del servicio, y “por eso salimos y reivindicamos frente a la opinión pública, todos nos vemos afectados con la situación”.
En cuanto a este asunto, desde la AUTE se mantiene la opinión de que las tarifas para los consumidores residenciales son sumamente elevadas. La secretaria general las catalogó como “injustas porque se beneficia más a las grandes empresas que a los hogares, ya que estos pagan 10% más.”
La respuesta
Betarte comentó que desde el directorio de UTE reconocen que aprobaron la reestructura y que es un pilar fundamental para el sistema. Además, que trabajaron en conjunto con la comisión todos los puntos del acuerdo, y detalles de cómo serían las evaluaciones para obtener cargos de mayor salario.
Pese a esto, mantienen el hecho de que aún deben negociar con la OPP y con el MEF para poder obtener las condiciones propicias, que permitan implantar todos los puntos del documento. Pero el sindicato se encuentra en situación de urgencia por este tema, y afirman que tomarán medidas para acelerar el proceso.
Una de las medidas fue el paro de funcionarios de este miércoles. “El 19 de febrero tuvimos una reunión con las autoridades de la empresa, y el 23 del mismo mes en un congreso definimos que realizaríamos este paro nacional con movilización en el Palacio de la Luz reivindicando el derecho a la carrera funcional, en contra de los recortes que tanto nos afectan como empresa, como trabajadores, y a la sociedad en general”, aseveró Betarte.
