El Banco de Seguros del Estado (BSE), suspendió a un número importante de talleres de reparación agremiados en el Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles (CTMA). Los talleres que adhieren a la medida de no aceptar más las tarifas fijadas por las compañías aseguradoras, cobrando los precios correspondientes a sus costos, tuvieron como respuesta del BSE la suspensión por 30 días de la posibilidad de presentar siniestros ante el banco.
El CTMA difundió un comunicado en el que sostienen que «esta medida atenta directamente contra la libertad de trabajo, la libertad de elección de los asegurados para reparar sus vehículos y sobre todo atenta contra los trabajadores». Además, aseguran que esta actitud del BSE demuestra prepotencia en la imposición de condiciones de trabajo a los talleres, por parte de las compañías aseguradoras. Según el CTMA, los talleres son, en su mayoría, empresas pequeñas o familiares, «pero que dan trabajo a más de 6.000 uruguayos». «Las acciones emprendidas por el BSE contra los talleres, sorprenden además, porque se trata de una empresa del Estado uruguayo», añaden.
Las autoridades del BSE no quisieron realizar declaraciones sobre el conflicto, pero compartieron un comunicado enviado a todos sus clientes, donde se aclara la postura a tomar y se les comunican las respectivas medidas. Allí, las autoridades aseguran que la institución abona la hora de trabajo a los talleres de reparaciones por encima del resto de las aseguradoras.
«En esta línea, para garantizar que se cumplan con las condiciones contractuales respaldadas por la Ley de Defensa del Consumidor, en caso de reparación de un siniestro, si el taller pretende cobrar una diferencia con la tasación realizada por el BSE, solicitamos se comunique con su asesor de confianza o con el BSE directamente», expresa el comunicado.
Según los talleristas agremiados, el BSE inició una campaña para captar la adhesión de talleres que se sometan a trabajar por debajo de los costos reales de reparación, utilizando la crisis por la que atraviesa el sector.
«La desesperante situación de los talleres quiere ser aprovechada por el BSE para realizar una propuesta de adhesión, donde fija condiciones que seguramente empujen a buena parte de quienes puedan adherir, a trabajar en un régimen de informalidad, imponiendo condiciones donde el precio de la hora de reparación está ubicado en un promedio de $700, monto que hace imposible sostener cualquier trabajo en el sector formal de los talleristas», continúa el informe.
El CTMA realizó, a principios de este año, un relevamiento individual de los costos de cerca de 200 talleres de reparación de siniestros. Estos costos se situaron en promedio en $1.064 la hora y $5.267 la pieza de pintura (costos más impuestos), y representan una amplia diferencia con los costos que imponen las compañías aseguradoras en la actualidad, algo que el CTMA reclama desde hace algunos años.
Sobre este conflicto, los talleristas agremiados han tenido reuniones con autoridades de gobierno, aseguradoras y corredores, señalando estas diferencias, que además son reconocidas por todos los actores, pero sobre las cuales reclaman que no se toman medidas.
El 17 de abril venció el plazo abierto por los talleres de reparación adheridos al CTMA, para que se instale una mesa de negociación seria, que revise los precios fijados por las compañías aseguradoras.
A partir de esa fecha, los talleres comenzaron a utilizar sus costos reales para fijar los precios de reparación de siniestros, y las diferencias que surjan con las tarifas fijadas por las compañías aseguradoras deberán ser reclamadas por los clientes a cada compañía para poder realizar los trabajos.
En promedio, se realizan más de 2.000 reparaciones de siniestros al mes, lo que generará un progresivo incremento de dificultades y demoras en la reparación de los mismos, o directamente la no realización de los trabajos.
Ante esta situación, los talleres de reparación de siniestros afiliados al CTMA alertan a la población de la situación y las medidas que se han visto obligados a tomar, la falta de voluntad y de respuesta de las compañías aseguradoras ante una situación que pone en riesgo más de 6.000 fuentes de empleo de pequeñas y medianas empresas, en muchos casos familiares.
