Ante recientes publicaciones de prensa que pretenden transmitir la percepción de que todo el sector comparte el proyecto de Ley de Operador Inmobiliario a estudio de la Cámara de Diputados, la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (CUMEI) expresó algunos reparos a través de un comunicado.
«Las empresas que conforman nuestra Cámara, comprometidas fuertemente con la profesionalización de una actividad tan relevante para la economía como es la del operador inmobiliario, consideran que es muy importante que el Parlamento regule esta actividad, pero se oponen firmemente a que lo haga desconociendo todos los aportes que han realizado en la comisión respectiva para legislar sin poner en peligro nuestra actividad y la fuente de trabajo de 700 familias uruguayas de manera directa, a lo que deben sumarse los puestos indirectos generados por nuestra actividad», informaron.
La Cámara señaló oportunamente que la ley a estudio del Parlamento incluye aspectos inconstitucionales, de acuerdo a un dictamen del reconocido catedrático Martín Risso que, oportunamente, puso en conocimiento de los diputados. En todos los casos, no se limitaron a cuestionar puntos clave del proyecto, sino que ofrecieron soluciones y redacciones alternativas que no solo mejoraban la iniciativa en la que habían trabajado los parlamentarios, sino que realmente generaban las condiciones para el desarrollo y modernización del mercado inmobiliario.
«No obstante, vemos con gran preocupación que nuestros argumentos y aportes no han sido considerados, y que algunos sectores parecen empeñados en un régimen corporativo que limita para el futuro el ingreso a la misma de los que hoy integran ciertas asociaciones que nuclean a un grupo de inmobiliarias ya establecidas», criticaron en el documento.
Por ello, la Cámara reiteró su frontal rechazo al proyecto de Ley de Operador Inmobiliario a estudio de la Cámara de Diputados, por cuanto el mismo «ignora la realidad de una parte importantísima del mercado inmobiliario uruguayo; no contempla en modo alguno la actividad de nuestras empresas, ni sus modelos de negocios, ni la realidad de los 700 operadores inmobiliarios que actúan en Uruguay bajo esta modalidad desde hace más de diez años; no reconoce la figura del operador que decide no actuar bajo relación de dependencia. No contempla las franquicias, las agencias, ni la utilización de marcas, aspectos que son eje central de nuestra modalidad de desarrollar el negocio como lo venimos haciendo desde hace más 10 años. No tener en cuenta estos aspectos sumamente relevantes afectan el derecho constitucional de trabajar y ejercer actividades lícitas de todos los operadores inmobiliarios que hoy trabajan bajo alguna de dichas figuras».
«Por ello, volvemos a reclamar que de manera urgente se interrumpa la consideración parlamentaria de una iniciativa que solo traerá perjuicios y atraso, y se instale una verdadera mesa de diálogo de la que participen todos los actores del sector, sin exclusiones, para trabajar en una legislación que garantice el derecho de todos los operadores, y no solamente de algunos, y que se sustente en la libre y sana competencia de todos los actores, de modo de potenciar al mercado y de contribuir a su permanente actualización», concluye el comunicado.
