El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Negociación Colectiva convocó a la discusión a abogados laboralistas, políticos, agremiaciones y trabajadores sindicalizados. En ese contexto, Felipe Puig, gerente general de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU); y Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), dialogaron con CRÓNICAS al respecto.
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Parlamento para modificar la normativa de negociación colectiva y, de esa manera, contemplar las recomendaciones propuestas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010 en base a los reclamos presentados por la CIU y la CCSU.
En este nuevo marco, Puig entiende que las recomendaciones de la OIT son las que se deben concretar en Uruguay para “alinear su normativa a los convenios internacionales suscriptos, que es lo que se viene reclamando, por lo que la CCSU está de acuerdo con que las mismas se lleven a cabo”, aseguró.
En ese sentido, el ejecutivo cree que el gobierno ha intentado solucionar los temas en diferentes instancias como con la Ley de Urgente Consideración, con la Ley de Personalidad Gremial, a las que se suma la nueva instancia de modificación de la Ley de Negociación Colectiva.
Puig apuesta a la solución de gran parte de las recomendaciones de la OIT mediante la aprobación de la iniciativa realizada por el Poder Ejecutivo. “Si todo esto se aprobara tal cual está presentado, significaría un gran avance, ya que solo quedaría pendiente la modificación al artículo 12 de la ley, que regula la materia que puede ser negociada en instancias tripartitas (Consejos de Salarios)”, afirmó.
Al mismo tiempo, la CCSU ha destacado el diálogo y compromiso que mantuvo el gobierno en la búsqueda de posible soluciones, acuerdos y conformidad entre las partes.
Por otro lado, el representante de la CCSU expresó que el texto de los proyectos tanto el presentado por el gobierno de Luis Lacalle Pou como el de Tabaré Vázquez no tienen diferencias significativas, pero que durante el periodo actual se muestra “la voluntad de que el proyecto sea aprobado; creemos que existe la voluntad política”, comentó.
Sobre el largo proceso de resolución final respecto a las sugerencias, Puig indicó: “a veces es difícil visualizar cómo en un mundo tan dinámico y cambiante como en el que vivimos, puede llevar más de 13 años solucionar un tema tan claro como este. Sin embargo, van más de 13 años y todavía no se solucionó”.
Alfredo Antía, por su parte, recordó que Uruguay ha firmado y mantuvo adhesión a todos los convenios, como el último -190- vinculado al acoso laboral. “Entonces no está bien que el país esté observado por tanto tiempo”, resaltó.
También destacó que, desde el nacimiento de la OIT, por parte de los trabajadores se han realizado 51 quejas y una por el sector empresarial de un total de 52, siendo ya 12 años de espera por modificaciones para el último sector.
En la misma línea, rememoró sobre la observación que tuvo la ley previo a su promulgación y sobre el informe de 2008 enviado al Parlamento por la OIT, en especial los puntos de las negociaciones que indican la forma: bipartita, libre y voluntaria. “La ley no lo dispuso, motivo por el cual nosotros presentamos la queja que sostenemos hasta el día de hoy”, expresó Antía.
Para la CIU, al proyecto de ley le falta lo más importante y es la no inclusión de la observación de la OIT en la cual menciona que el Estado no puede estar presente en la negociación, únicamente durante la discusión sobre los salarios mínimos.
En ese mismo sentido, la cámara está en contra de la fijación de salarios determinados por el Estado y expone, de esta manera, la pérdida de libertad empresarial sobre la posibilidad de premiar, beneficiar y pagar por dedicación, esfuerzo y capacidades de los colaboradores.
“En la medida que el Parlamento no lo corrija quedará pendiente la resolución y será una queja que permanecerá en el seno de la OIT hasta que se resuelva”, enfatizó Antía.
