La pandemia “supuso una fuerte restricción en el funcionamiento del sistema judicial”, según enunciaron 25 colegios y asociaciones de abogados del país en un comunicado. En respuesta, se propusieron dos proyectos de ley. Uno para “dotar a los derechos de las personas de la mayor certeza y seguridad jurídica”, y otro que “procura habilitar la realización de actos procesales a distancia” mediante el uso de tecnología, explicó a CRÓNICAS el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Diego Pescadere.
Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo
El Colegio de Abogados del Uruguay, en conjunto con más de 20 colegios y asociaciones de esta profesión a lo largo del país, se pronunció respecto a cómo la pandemia del Covid-19 azota al desarrollo de su actividad.
En el documento se expresa que el virus “supuso una fuerte restricción en el funcionamiento del sistema judicial con la consiguiente limitación de la tramitación de asuntos y el acceso a la justicia”. Tanto los justiciables -aquellos que se someten ante los tribunales-, como los propios abogados, se ven afectados por esta causa.
En un esfuerzo para paliar la situación, las 25 instituciones de abogacía del país promovieron iniciativas para “poder retomar la actividad judicial a la mayor brevedad posible, en un contexto de prevención y responsabilidad ante los riesgos que genera la pandemia”. De esta manera, formularon dos proyectos de ley.
El primero, que ya fue aprobado por el Parlamento tan solo 15 días después -y promulgado dos días más tarde por el Poder Ejecutivo-, consiste en “dotar a los derechos de las personas de la mayor certeza y seguridad jurídica”.
Diego Pescadere, presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, explicó, en diálogo con CRÓNICAS, que a través de este mecanismo lo que buscó fue “que quedara claro qué días de estos que no funcionaron las oficinas debían contarse o no para el ejercicio de los derechos”. La solución fue que los plazos procesales no se corrían, añadió.
En segunda instancia, este primer proyecto también estableció que no se perdieran los derechos de las personas al no funcionar los tribunales durante este período, detalló Pescadere.
Por otro lado, el segundo proyecto “procura habilitar la realización de actos procesales a distancia, siguiendo los criterios que el máximo órgano judicial disponga en la reglamentación”, según enuncia el comunicado. Esto implica la implementación de medios tecnológicos para “presentar escritos y realizar audiencias”, motivo por el cual el Colegio de Abogados suscribió un convenio con Antel “para que los abogados pudieran contar con firma digital avanzada”, expresó Pescadere.
Este proyecto aún no fue aprobado, aunque el jerarca del Colegio de Abogados evaluó que “tuvo un buen respaldo a nivel parlamentario”.
En este sentido, Pescadere recalcó la importancia de que todos los colegios de abogados del país se hayan unido para trabajar en estos proyectos. “Todos confluimos en las mismas necesidades, y en pocos días logramos llegar a esos puntos en común”, afirmó.
Emergencia
Asimismo, el abogado profundizó acerca del manejo de los procesos judiciales durante el parate causado por el Covid-19.
Según sostuvo, los casos urgentes siguieron funcionando con normalidad. “El problema”, sin embargo, “es dónde definimos que algo es urgente”. Si bien hay casos “en que objetivamente podemos decir que el tema” es de inmediata atención, también es cierto que para cada persona su caso es urgente, consideró Pescadere.
“(Para) una persona que tiene un juicio laboral es urgente llegar al final. A una persona que quiere cobrar una deuda por un cheque sin fondos le ocurre lo mismo, porque necesita ese dinero para seguir desarrollando su actividad”, ejemplificó el experto. Es así como Pescadere argumentó que es imperativo que la situación actual termine cuanto antes, ya que, en el corto tiempo, esas urgencias se le plantean a la mayor parte de los justiciables. “Todos necesitan una respuesta en el sistema judicial”, remató.
Por ende, se llegó a una solución para poder calificar a ciertos casos como perentorios. La Suprema Corte de Justicia estableció algunos ejemplos de asuntos que debían ser tratados, y el proyecto de ley los toma en cuenta y los eleva al rango de ley.
Casos como los penales, violencia de género o el trámite de una pensión alimenticia son algunos de los que “evidentemente siempre son urgentes”, subrayó Pescadere.
La abogacía post Covid-19
Así como elaboraron las iniciativas que formaron los proyectos de ley, los colegios y asociaciones de Uruguay también desarrollaron una “guía de buenas prácticas de abogados”. Los expertos, junto con el asesoramiento de un médico infectólogo, redactaron una serie de ocho pautas “de modo de poder cumplir nuestra función sin correr peligro de contagiar o ser contagiado”, apuntó Pescadere.
El presidente del Colegio de Abogados observó que un proceso judicial se desarrolla con muchos actores. “Una audiencia en un juzgado implica que permanentemente esté rotando gente dentro de la sede”, indicó. Esto no implica que haya una aglomeración de gente al mismo tiempo, pero sí una rotación permanente, en ambientes cerrados, “muchas veces en salas bastante pequeñas”, añadió.
Por ello, el protocolo impulsado recomienda desde el uso de tapabocas y alcohol en gel, a “tomarse periódicamente la temperatura con un medidor de temperatura corporal”.
