Las carencias que el Poder Judicial padece desde hace décadas resurgen en cada discusión presupuestal. Los funcionarios judiciales tenían la esperanza puesta en el proyecto de Presupuesto Nacional que se encuentra a estudio del Parlamento, pero prácticamente ninguno de sus reclamos fue tenido en cuenta, según dijo a CRÓNICAS la flamante presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Cristina Cabrera. En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de crear cargos “para brindar un adecuado servicio a la población”.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
Cabrera es ministra del Tribunal de Apelaciones Civil y el mes pasado asumió como presidenta de AMU, cargo que representa “un gran honor”, tras haber trabajado toda una vida como jueza y, en paralelo, haberse dedicado a la actividad gremial en la lista 1 de la asociación.
Aceptó este nuevo compromiso con objetivo de llevar adelante las propuestas impulsadas por su grupo. Entre ellas, mejorar las condiciones socioeconómicas y laborales de los jueces y mantener la independencia y el prestigio del Poder Judicial.
También apuesta a dar una imagen más “abarcativa” del trabajo en ese ámbito, en el entendido de que la tarea judicial no pasa únicamente por el tema penal o la seguridad, sino que además atañe a la familia, las relaciones laborales, la vecindad, entre otros asuntos.
“A veces el público o la prensa quieren ver las audiencias civiles y uno no tiene las condiciones edilicias para que accedan o no tenemos la costumbre, pero desde hace 30 años contamos con un proceso por audiencias público y oral en materia civil, de familia, laboral”, aseveró.
Otro de los puntos en los que considera que hay que trabajar es en lo referido a los derechos de las juezas que, si son madres, por lo general, no pueden cumplir con las exigencias de la maternidad al reintegrarse a su labor luego de la licencia. No les es posible, por ejemplo, efectuar la lactancia materna.
En el aspecto presupuestal la asociación ha venido reclamando la necesidad de crear cargos de suplentes para que puedan ocuparse debidamente de la subrogación mientras dura el período de licencia por maternidad, pero esto no ha sido resuelto. “Seguiremos luchando por un presupuesto justo”, remarcó Cabrera.
Añadió que desde hace largo tiempo el Poder Judicial viene solicitando una adecuación salarial interna, dado que, para la misma función, hay distinta retribución, debido a la existencia de diferentes normas presupuestales, y es una situación que se aspira a equiparar.
El nuevo proyecto de Presupuesto Nacional tampoco contempla esa inequidad, por lo cual se seguirá manteniendo. A eso se le suma que los ingresos de este poder estatal no se van a indexar por el IPC (inflación), lo que significará una pérdida salarial y una disminución de la dotación presupuestal en términos reales para el resto de las necesidades que hay que cubrir.
Simultáneamente, persisten carencias edilicias importantes y el mantenimiento de los edificios no se hace en forma adecuada. En esta línea, la gremial requiere la adquisición de propiedades para dejar de pagar alquileres que son muy costosos y hacer una readecuación en ese sentido.
Todos esos planteos fueron realizados por la Suprema Corte de Justicia a través de un mensaje que envió al Poder Ejecutivo, pero en el proyecto de ley actual no fueron tenidos en cuenta, indicó Cabrera. Hasta el momento se desconoce si serán considerados en futuras Rendiciones de Cuentas.
La jueza dejó en claro que es fundamental la creación de determinados cargos “para brindar un adecuado servicio a la población y cumplir una correcta función”.
Según explicó, la provisión de cargos debe apuntar, sobre todo, a contratar suplentes en el Interior, porque se están encargando de muchísimas subrogaciones en varios juzgados y tienen que usar locomoción propia, con viáticos que a veces no son suficientes. Agregó que esas suplencias no generan ninguna compensación económica, lo cual en otras dependencias de la administración pública no sucede.
Violencia de género
En lo que respecta a la tan mentada Ley Integral de Violencia basada en Género, la presidenta de AMU afirmó que si bien parecería que se va a disponer de los fondos necesarios, aunque sea parcialmente, para cumplir esa tarea, hoy los operadores están desbordados y no se puede cubrir con la integralidad que la normativa requiere.
En esta materia, “no hay la suficiente apoyatura técnica, entonces los informes demoran mucho tiempo y a veces las situaciones que se desencadenan no son por culpa de los operadores”, lamentó. Por tanto, por más que se tenga la voluntad, suele pasar que no haya un verdadero análisis psicológico o psiquiátrico de las personas involucradas, o que no se disponga de los lugares adecuados para resolver la problemática de la violencia intrafamiliar.
Recursos en el debe
En el área presupuestal, el Poder Judicial continúa en el mismo punto de partida y no ha recibido aumentos desde hace varios períodos.
“Entendemos lo que vive el país, las circunstancias de la pandemia y la situación laboral de mucha gente, pero el servicio de justicia abarca todas las áreas de la sociedad y hay que visibilizar eso. No sé si el espectro político llega a comprender la importancia de esa tarea. En definitiva, somos los garantes de los derechos individuales de las personas. Una justicia que no tiene los medios suficientes va a ser lenta o inadecuada”, advirtió.
De todas maneras, manifestó que el Poder Judicial ha sido un buen administrador de los recursos porque la función se cumple, a instancias de los operadores, aunque algunos de ellos terminan desbordados por la carga de trabajo y con licencias psicológicas o por estrés.
En cuanto al nuevo Código del Proceso Penal, Cabrera expresó que “si bien hubo ampliación de cargos, se creó la mitad de los que se necesitaban y los operadores trataron de cubrir las funciones como se pudo, con algunos costos para su salud”.
Una apuesta al diálogo con el gobierno
Por parte de la AMU apuestan al diálogo con el gobierno. Ya se han reunido en el Parlamento con legisladores y están explorando algunos canales de comunicación con el Poder Ejecutivo.
No obstante, tal como dijo Cabrera, en su momento las nuevas autoridades anunciaron que se atendería la problemática del género y que se resolvería la adecuación salarial del Poder Judicial, pero después eso no se vio reflejado en el proyecto de Presupuesto Nacional que mandó el Ejecutivo. Sin embargo, aspiran a que haya voluntad de tratarlo más adelante.
El único punto que se recogió en la iniciativa presupuestal fue una reivindicación histórica del Poder Judicial de que las funciones del Registro de Estado Civil pasen a la órbita correspondiente, porque “no se justifica que esté a cargo” de dicho poder del Estado.
