La Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei) se reunió con autoridades del Poder Legislativo para manifestar objeciones al proyecto de Ley de Operador Inmobiliario impulsado por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU). En ese contexto, CRÓNICAS dialogó con el presidente de Cumei, John Leaman, quien se refirió a la exigencia para poder acceder a la actividad inmobiliaria de un curso de del tipo que a la fecha dicta la UTU como “absurda”.
Si bien el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados el pasado 15 de noviembre, la Cumei advirtió sobre fallas en su formulación.
Leaman sostuvo que “no hay duda que es inconstitucional” por ser violatorio del artículo 7 de la Constitución de la República que se refiere a la libertad de derechos vinculados al trabajo y propiedad.
Por otra parte, el entrevistado también hizo hincapié en la influencia de los gremios inmobiliarios argentinos que están organizados como colegios de asociación obligatoria y controlan el registro de operadores inmobiliarios. En ese sentido, el proyecto de ley crea una matrícula en la que tiene que inscribirse los operadores inmobiliarios, el que será administrado por a una comisión de cinco integrantes -tres del Poder Ejecutivo y dos de las cámaras inmobiliarias- y tendrá facultades para sancionar a colegas con sanciones pecuniarias y suspensiones. “Eso no existe en ninguna profesión en el Uruguay y es altamente inconveniente”, dijo Leaman.
La formación necesaria
Desde Cumei están de acuerdo en regular la actividad inmobiliaria, pero sin limitarla al exigir cursos que no están determinados. En la actualidad, en Uruguay el único curso de operador inmobiliario que existe es dictado por UTU en la Escuela Tecnológica Superior de Administración y Servicios del Prado en Montevideo y en Lascano, Rocha, con una duración de dos años en forma presencial y con cupos limitados.
Por otra parte, según Leaman, el proyecto de ley justifica su existencia en la seguridad jurídica que brinda a las partes la participación de los operadores inmobiliarios en la operativa inmobiliaria. Esta seguridad jurídica resulta de la actuación de profesionales de derecho en la contratación, no de los agentes inmobiliarios. “La función del inmobiliario es acercar a un comprador y vendedor para lograr un acuerdo comercial”, señaló.
Algunas propuestas
La Cumei presentó a legisladores una serie de alternativas que fueron “totalmente rechazadas”, explicó Leaman, quien consideró que existe la intención de “no permitir la expansión de las franquicias en Uruguay”.
Una de las alternativas propuestas es eliminar las barreras de ingreso a la profesión que están vinculadas a los dos años de formación del operador inmobiliario.
Además, Leaman sostuvo que es necesario “equiparar derechos”, ya que a los nuevos funcionarios se les exige el requisito de los cursos pero no a quienes ingresan como empleados nuevos a una inmobiliaria constituida. “Es absurdo”, explicó a propósito de los dos años de formación.
Por otra parte, el ejecutivo se refirió al trabajo de las franquicias en Uruguay, que considera como actores importantes, ya que son los encargados de traer inversiones al país, lo que brinda seguridad a los extranjeros.
