La propuesta de “desprisionalización” del programa del Frente Amplio (FA) generó diversas críticas por parte de la coalición multicolor, como el caso del diputado colorado Gustavo Zubía, que dijo a CRÓNICAS que se opone a “soltar presos” por entender que eso “incrementaría la situación de inseguridad”. No obstante, el senador (s) frenteamplista Diego Olivera explicó la postura de la oposición. Por su parte, el experto en seguridad, Robert Parrado, enfatizó sobre la importancia de acompañar las medidas penitenciarias con otras en materia de salud, educación y demás.
La publicación del programa del FA para estas elecciones produjo un debate público por una de las propuestas para la “convivencia pacífica, seguridad y combate a la criminalidad”. En el primer ítem de la sección, el documento reza que una de las prioridades de un eventual gobierno del FA sería “definir una política de seguridad basada en una perspectiva de prevención”, la “descriminalización de la pobreza”, y la “desprisionalización”, entre otras.
El concepto de “desprisionalización” generó rechazo por parte de algunos referentes de la coalición multicolor. El senador del Partido Nacional, Javier García, señaló que el FA quiere “volver al camino en que las víctimas son los delincuentes y no la población”. En rueda de prensa, el parlamentario recordó una decisión del primer gobierno del expresidente Tabaré Vázquez en 2005 de liberar a 756 presos con el fin de descongestionar las cárceles, y sentenció que “ese camino fue un fracaso”.
En diálogo con CRÓNICAS, el diputado colorado Gustavo Zubía comentó que “si por desprisionalización estamos hablando de hacer cesar la prisión para algunos reclusos”, está “absolutamente en desacuerdo” con la medida. A su vez, explicó que, desde el punto de vista legal, en el 97% de los casos los presos lo están por proceso abreviado, “por lo cual han acordado con el fiscal el monto de las sentencias”, por lo que “sería ilegítimo soltar presos”.
El legislador agregó que la propuesta es equivocada incluso aunque se trate de delitos menores, porque “estamos hablando de delitos que causan estragos en el resto de la población en una sociedad como la nuestra con una tasa de delitos ya de tipo epidémico”. Además, rememoró la experiencia de 2005 y concluyó que “con la tasa de reincidencia que tenemos hoy, incrementaría la situación de inseguridad que tenemos”.
La respuesta del FA
Sin embargo, desde el FA hubo una contrarrespuesta. CRÓNICAS se contactó con Diego Olivera, senador (s) de la fuerza política, que criticó la manera en la que miembros de la coalición “tomaron el concepto de forma aislada” y “lo equipararon a la liberación de presos”, cosa que “es totalmente falsa”.
Según el parlamentario, el FA concibe la desprisionalización como una búsqueda de vías alternativas al encarcelamiento, ya que este “no es la única medida de sanción penal”. En esa línea, mencionó algunas, como la prisión domiciliaria, el trabajo comunitario, programas de capacitación laboral o de tratamiento para adicciones, para algunos delitos que “podrían ser penados sin privación de libertad”.
Para el entrevistado, el fundamento de estas medidas es la alta tasa de prisionalización del Uruguay. Según datos de World Prison Brief del año pasado, Uruguay tiene 424 presos cada 100.000 habitantes, y está dentro de los 10 países con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. “Cuando se encarcela a tanta gente y por delitos que no son de alta peligrosidad, eso facilita que los grupos criminales que están en las cárceles capten a estas personas para delinquir una vez que salen”, comentó, y agregó que “a esas personas no solo no se las rehabilita, sino que se las expone a una trayectoria delictiva que puede ser más complicada para la sociedad”.
En ese sentido, Olivera ejemplificó el caso del microtráfico, en el que la mayoría de las penadas son mujeres que comercializan pequeñas cantidades de sustancias y son hechos primarios sin violencia. Si bien hoy van presas un mínimo de 18 meses, desde el FA entienden que el mejor tratamiento no es la cárcel, sino una medida alternativa como el tránsito por un programa de rehabilitación a medio abierto.
La mirada de un experto
Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, conversó con CRÓNICAS y explicó que es importante acompañar las políticas penitenciarias con otras en materia de salud, educación, niñez y adolescencia, a nivel del Mides y demás. El experto señaló que cuando desde el Legislativo se pena un delito con una condena de 10 años, por ejemplo, “la pregunta que nos tenemos que hacer instantáneamente es: ¿10 años para qué? ¿Para que termine primaria? ¿Para que subsane sus problemas de adicciones?”.
En ese aspecto, Parrado invitó a reflexionar sobre “qué son las cárceles” y opinó que “no pueden ser un simple depósito de personas y penalizar cada vez más si no se trabaja el contexto”. El especialista insistió en que las cárceles tienen que cumplir con la Constitución y que no pueden tener el solo propósito de mortificar al preso, porque eso funciona “como un boomerang” y, “si no hay seguimiento, educación, un camino de salida, esto vuelve a pegarte en la frente”.
Según Parrado, las propuestas que aparecen hoy no son nuevas y hay elementos que están en el debe desde hace mucho tiempo. “No puede ser que en el quinto año de gobierno aparezcan las mismas ideas repetidas por parte de todos los partidos, si revisás las agendas de los últimos períodos electorales vas a ver que esto ya aparecía anteriormente”, comentó.
Lo que muestran las experiencias internacionales
En cuanto a las experiencias internacionales que se intentaron en esta línea, Olivera aseguró que en los países más desarrollados como en Europa o en algunos estados de Estados Unidos, se ha ido por esa vía, y “se intenta reservar las medidas de encarcelamiento o encierro para los delitos que son graves y para los delincuentes que han ejercido violencia”.
