El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas emitió una serie de observaciones a Uruguay para garantizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien el informe reconoce varios avances, el acceso a igualdad de derechos dentro de la sociedad, así como también los obstáculos que deben enfrentar las poblaciones rurales y el salario mínimo “insuficiente para proporcionar condiciones de vida digna” fueron algunos de los señalamientos del Comité.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, emitió las observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Uruguay, aprobadas por el Comité en su 61º período de sesiones.
Durante su presentación, Nelson Villareal, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, opinó que este tipo de instancias son pertinentes, dado que ayudan a crear sinergias en la construcción de las políticas. Igualmente, expresó que desean “ser transparentes” en el proceso de observación y recomendaciones, y explicó que hay varias políticas que están en el proceso de implementación.
Dentro de las recomendaciones, figuran tres principales observaciones: los derechos de las personas con discapacidad, la violencia de género y la Comisión Nacional de Contralor incluida dentro del proyecto de ley de Salud Mental que se encuentra en el Parlamento. Nuestro país deberá emitir una respuesta a las mismas dentro del período del próximo año y medio.
El Comité recomendó a Uruguay la toma de medidas necesarias para garantizar la aplicación directa de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas “en todos los niveles del sistema judicial”, al tiempo en que le alentó a realizar capacitaciones entre jueces, abogados y miembros de la Asamblea General.
Asimismo, dentro de las observaciones resalta la preocupación por la falta de legislación integral hacia discriminación y la ausencia de un mecanismo que, de manera eficaz, supervise su implementación. En este sentido, instó a introducir dentro de la legislación uruguaya una prohibición expresa de discriminación que garantice una “protección suficiente” y que, además, incorpore disposiciones que permitan obtener reparación a nivel judicial y administrativos.
Si bien resalta una preocupación respecto a la “persistente discriminación estructural” que padece la población afrodescendiente, el Comité también se pronunció respecto a los migrantes. En este ámbito, observó que en ocasiones, la demora en los procesos de emisión de la Cédula de Identidad les impide el ejercicio efectivo de sus derechos. Asimismo, recomendó al Estado que intensifique sus esfuerzos para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Empleo y salario
Una de las inquietudes transmitidas fue que las tasas de desempleo son mayores entre los más jóvenes y las mujeres. En contrapartida, se instó a fortalecer la Estrategia Nacional de Fomento de Empleo, el Programa Uruguay Trabaja y el resto de las políticas laborales.
Aunque el Comité celebró la cuota del 4% de contratación pública para personas discapacitadas, considera que esta norma no se aplica con igual consistencia en todos los ámbitos del sector público. Asimismo, le preocupa “la debilidad de normas y prácticas que promueven el empleo digno para personas con discapacidad en el sector privado”.
En tanto, observó que las mujeres tienen una participación desproporcionada en la economía formal respecto a los hombres, y que la persistente brecha salarial entre trabajadores masculinos y femeninos, es uno más de los obstáculos a enfrentar para acceder a oportunidades de carrera.
Por otra parte, aunque reconoció los “aumentos significativos” que ha hecho Uruguay en sus salarios mínimos, el Comité considera que los mismos no son suficientes para proporcionar condiciones de vida digna para los trabajadores y sus familias.
De igual modo, otra de las inquietudes es que “un número significativo” de menores de 15 años participen en actividades laborales y que las medidas de formalización del empleo adolescente puedan tener un efecto colateral imprevisto en la culminación de la educación.
Sociedad
Las tasas de obesidad y la ausencia de medidas integrales y efectivas que aborden este problema es otro de los señalamientos que tuvo Uruguay. En tanto, el Comité señaló los efectos negativos del uso no controlado de agroquímicos en los recursos hídricos y la falta de acceso al agua en los sectores rurales.
Igualmente, enumera el acceso a medicamentos de alto costo, las altas tasas de embarazo adolescente, la información sobre la falta de incorporación de un enfoque de derechos humanos y la “insuficiente independencia” prevista para la Comisión Nacional de Contralor en la Atención de Salud Mental establecida en el proyecto de ley. Respecto a la educación, Uruguay recibió una observación sobre los resultados educativos entre distintos sectores sociales y los “muy altos índices” de abandono escolar.
Desde Mides aseguran que hay sectores que intentan crear un “relato negacionista”
El director nacional de Promoción Sociocultural, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Federico Graña, informó durante la presentación de las observaciones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que en los primeros días de este mes comenzó un proceso de elaboración de un plan nacional de equidad racial, del cual, “el Estado está en falta”. El grupo de trabajo para las políticas será designado por el presidente de la República, y comenzará a discutir sus objetivos hasta el próximo 21 de marzo.
Graña comentó que otrora la población podía poner en duda el relato de la población afro- descendiente respecto al sufrimiento del racismo, pero enfatizó que hoy “los datos empíricos están de que la desigualdad existen”.
En esta línea, comentó que cuando se profundiza en lo cualitativo – no solo en lo cuantitativo – se deja en claro por qué una persona que está formada educadamente tiene un peor trabajo que alguien que no lo está. “La realidad es que sucede porque la persona es afro”, explicó.
A la vez, dijo que la sociedad vive una etapa de “negacionismo”, donde tiene lugar el “acto irracional de desmentir los hechos empíricamente comprobables”. Además, aseguró que en Uruguay hay sectores que están tratando de generar un relato negacionista cuando los datos ya muestran que hay racismo en Uruguay. “Es un desafío enorme del Estado y de la sociedad civil para tratar de enfrentar ese relato que ya está apareciendo en columnas de editoriales de diarios”, remató.
