El cambio de gobierno implicó modificaciones en materia de la gestión de la seguridad pública. Con el exsenador Jorge Larrañaga al frente del Ministerio del Interior (MI), “la policía cuenta con un mayor respaldo”, a diferencia de lo que sucedía con el exministro Eduardo Bonomi, según dijo en conversación con CRÓNICAS el consultor en seguridad y director de The Guardian Group, Edward Holfman.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
Luego de 15 años de administraciones frenteamplistas, la denominada coalición multicolor recibe una policía mejor equipada, más capacitada y con salarios más altos, destacó el experto en seguridad. Explicó que hoy se cuenta con mayor tecnología, que se adquirieron drones y cámaras de videovigilancia, por lo tanto el nuevo gobierno no tendrá problemas en el tema logístico y de equipamiento.
Sin embargo, dijo que a pesar de que el presupuesto del MI se cuadruplicó gracias a los gobiernos de izquierda, los resultados no han sido buenos porque las cifras de los delitos han ido en aumento. “Si bien en el año 2019 bajaron un poco los homicidios, tanto las rapiñas como los hurtos siguieron creciendo”, lamentó.
Para el especialista, la política aplicada por el Frente Amplio (FA) no tuvo los beneficios que se esperaban. Entre otras cosas, se cambiaron los procedimientos policiales, las comisarías dejaron de ser el epicentro de la comunicación con el vecino y se centralizó la actividad en un comando unificado dirigido por el director nacional de Policía. A su vez, la Guardia Republicana militarizada atacaba determinados puntos, y el sistema de gestión del delito, con la georreferenciación, llevó a que se unificara todo en una sola oficina y, en el resto de las unidades, como las seccionales policiales, el comisario no tenía injerencia en lo que pasaba en su jurisdicción.
Acusaciones cruzadas
Desde la primera semana de marzo, con nuevos operativos policiales a la vista, algunas voces dentro del FA criticaron al gobierno entrante por “criminalizar la pobreza”. Entre ellos, el senador de la oposición, Daniel Olesker, se refirió al tema en Twitter expresando su preocupación por “los abusos de los últimos días por parte del MI”. Agregó que cuando Larrañaga y el presidente Luis Lacalle Pou “hablaban del pedido de cédula y la seguridad, en realidad hablaban de esto: criminalizar la pobreza, el arte callejero y la juventud”.
En declaraciones a Radio Uruguay, el propio ministro respondió: “No estamos criminalizando la pobreza como algunos tontamente están expresando. Resulta que ahora algunos se alarman de las operativas que estamos llevando adelante, quizás porque tuvieron 15 años para hacerlas, todos los recursos para lograrlas y no las llevaron adelante”.
Consultado sobre este tema, Holfman opinó que “el discurso de que se criminaliza la pobreza es ideológico” y señaló que “la policía debe hacer los controles aleatorios necesarios”, como el pedido de la cédula de identidad, puesto que es una forma de controlar el delito. Incluso, existen dispositivos en los móviles policiales que sirven para identificar a la persona con la huella digital, sin necesidad de que esta tenga consigo el documento.
“A veces la gente tiene la idea de que la policía no le pide la cédula al que tiene determinada vestimenta, pero al que está ‘mal vestido’ o al que está haciendo malabares, sí. Yo creo que esa forma de pensar ya no existe. Hoy la policía es más profesional; cuando te para es porque tiene que hacer un control rutinario, que es algo que prevé la Ley de Procedimiento Policial”, comentó.
En referencia a este tipo de controles, que han aumentado en los últimos días, expresó que eso se debe a que la policía se siente respaldada para salir a controlar, que es una manera reducir los lugares donde los delincuentes pueden actuar impunemente.
Mayor respaldo
Tras la asunción presidencial del 1º de marzo, hubo dos imágenes que para Holfman llamaron la atención, en el sentido de que marcaron el comienzo de un cambio de paradigma en la seguridad pública. La primera fue la del ministro Larrañaga con los 19 jefes de Policía y el director nacional de Policía atrás, y la segunda fue la del presidente Lacalle respaldando públicamente a los efectivos policiales, diciendo que van a salir a plantear otra forma de combatir el delito. “Eso da una señal de respaldo, cosa que con el anterior ministro la policía no sentía”, puntualizó.
Remarcó también la actitud de Lacalle y Larrañaga, que se hicieron presentes en el velatorio de la agente Daniela da Silva, que fue baleada por un delincuente cuando regresaba a su domicilio y falleció al día siguiente. Además, hizo énfasis en que el ministro del Interior asistió a cada asunción de los jefes de Policía de todo el país y fue a brindarles el respaldo institucional las veces que implementaron un operativo de control y prevención del delito.
El consultor en materia de seguridad entiende que “la gente está de acuerdo con la forma en la que está procediendo la policía”, pese a que han surgido algunas voces en contra de los operativos llevados adelante los días pasados. De esa manera, llamó a tener cautela y esperar algunas semanas para observar los resultados. Agregó que ya hubo aspectos positivos, como la recuperación de vehículos robados y la detención de personas que estaban requeridas por la justicia.
El gatillo fácil
Uno de los puntos principales que la policía está reclamando y que se espera que sea aprobado en la ley de urgente consideración, es la legítima presunta defensa policial. “El ministro Larrañaga está buscando lograr eso y creo que le va a dar ese apoyo a los efectivos que hasta el día de hoy no han tenido”, aseveró el especialista.
Finalmente, aseguro que en Uruguay “no hay gatillo fácil”. Sobre esto, recordó que el año pasado se abatieron 24 delincuentes y ningún policía fue procesado por no cumplir o por estar fuera de lo que establecen las normas legales en el uso de armas.
