Esta semana, el exvicepresidente de la República y exministro de Economía, Danilo Astori, en diálogo con Buscadores (TNU) aseguró que el proyecto de la regasificadora de Gas Sayago representó un “error grande” del gobierno liderado por José Mujica. En este marco, el senador Jorge Gandini aseguró a Monte Carlo que estos gastos “espantosos” “encierran sospecha de corrupción”. En el medio se encuentran los cuestionamientos por OAS, la constructora que no cumplía con las condiciones para ser elegida por Gas Sayago y a la que se le adjudicó la obra presuntamente a instancias del gobierno brasileño que, a posteriori, sería acusado por recibir sobornos de la empresa que hoy busca escapar de su pasado de escándalo e inmoralidad.
Gas Sayago, una sociedad anónima dependiente de UTE y Ancap, era la encargada de llevar adelante el proyecto de la regasificadora en Puntas de Sayago, según los planes de los dos últimos gobiernos frenteamplistas.
A principios de 2015, cuando el consorcio franco-japonés GNLS que gestionaría la planta durante 15 años y la constructora brasileña OAS comenzaron a tener diferendos, fue el comienzo del fin para la regasificadora de la que solo se conocen sus cimientos.
En setiembre de ese año se firmó la rescisión del contrato entre Gas Sayago y GNLS, con lo que las tareas de construcción se detuvieron definitivamente.
A partir de esa recisión, el Estado uruguayo cobró una garantía de 100 millones de dólares, dinero que también fue gastado, según confirmó recientemente la auditoría realizada por PwC a pedido de UTE.
Hoy en día, Gas Sayago está en proceso de liquidación, mientras persisten las sospechas sobre la constructora OAS y la relación entre el gobierno brasileño y la obra en Puntas de Sayago.
OAS en Uruguay
Tras cuatro meses de intenso trabajo, la Comisión Investigadora por la Regasificadora que operaba en el Parlamento informaba, en 2017, los avances de su trabajo. El entonces diputado nacionalista Pablo Abdala aseguraba a CRÓNICAS que la adjudicación como contratista a GNLS y su empresa constructora OAS sucedió de forma “caprichosa”, a través de un proceso “absolutamente irregular”.
El legislador expuso que la elección de GNLS y OAS ocurrió en tiempos “totalmente acotados”, explicando que entre diez y doce días después de la apertura de las ofertas, el gobierno tenía decidido adjudicar y entregar la obra a las empresas mencionadas, un hecho que, según palabras de Abdala, es “totalmente inexplicable”, dado que la inversión consistió de US$ 1.200 millones. Para el parlamentario, no quedaban dudas de que fue una adjudicación política y que se actuó con predeterminación. “La decisión estaba tomada antes de que salieran las ofertas”, aseguró. En este sentido, agregó que no eran las ofertas más convenientes puesto que era la segunda más costosa y porque desde el punto de vista técnico varios informes planteaban salvedades y observaciones a los términos de la oferta.
Los antecedentes de las empresas tampoco les jugaban a favor. OAS estuvo vinculada a los escándalos de corrupción de Brasil. Mientras que a Uruguay no llegó la empresa matriz de GNLS, sino una filial brasileña de gas francés que, en los hechos, “ha estado vinculada a otra compañía constructora comprometida en escándalos en el país vecino”, argumentó el entonces legislador.
En 2019 el grupo empresarial OAS ganó un juicio por US$ 13 millones debido al cese de la construcción de la regasificadora en Puntas de Sayago.
Con Lula
El exmandatario brasileño, excarcelado en 2020, fue condenado por aceptar sobornos por 3,7 millones de reales (aproximadamente US$ 1,1 millones) de OAS. La prensa brasileña informó que Lula, aparentemente, tenía una relación estrecha con el expresidente de OAS, Leo Pinheiro. Condenado a 39 años de prisión, Pinheiro está preso desde septiembre pasado.
En Uruguay, se confirmó que el mandatario brasileño estuvo reunido con OAS en el contexto de la creación de la regasificadora. El expresidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, dijo en aquel entonces a la Comisión Investigadora que Lula había llegado al país de la mano de OAS para participar de una reunión con empresarios de distintos rubros por la obra que se realizaba en Puntas de Sayago.
Lula cumplió parte de su sentencia en la cárcel y fue puesto en libertad el año pasado después de que la Corte Suprema dictaminó que los acusados no deberían ser encarcelados antes de que se agoten todas sus opciones de apelación.
El expresidente negó las acusaciones y aseveró que su imputación se basa en motivaciones políticas.
OAS después del Lava Jato
Desde que solicitó protección por bancarrota, en 2015, OAS ha vendido una serie de activos y renegociado deudas con sus acreedores.
La compañía, que fuera una de las más grandes de Brasil, con participaciones en los sectores de hidrocarburos, defensa y construcción naval, y responsable de la construcción de dos estadios de fútbol utilizados en la Copa Mundial 2014, se desmoronó. En la actualidad, OAS deja atrás la bancarrota y apuesta a reconvertirse en una empresa más pequeña y especializada en la construcción. Asimismo, según informaron sus autoridades a la prensa, la nueva administración que asumió a comienzos de 2018 tiene como foco la reducción de los gastos y el cumplimiento de los compromisos asumidos.
