Para Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, el sistema político debilitó a la Fiscalía por no otorgarle los recursos materiales para que pueda funcionar debidamente. Esta responsabilidad la adjudica indistintamente a las últimas administraciones de signos políticos opuestos.
Rosa lamenta “una institución debilitada” en un contexto donde crece la preocupación por el crimen organizado y la corrupción pública. “El sistema político suele decir ‘dejémoslo en manos de la investigación que haga la Fiscalía’, pero ellos son quienes se han encargado de debilitarla, por no tener la consideración de darle presupuesto, de tener las autoridades consagradas y de dejarnos trabajar en paz sin embates permanentes”, apuntó.
En el año 2023, el fiscal de Corte Juan Gómez pidió 16 millones de dólares para la Fiscalía. De lo que pidió, en principio le asignaron 0,5 millones, y luego un millón. “Es una falta de consideración hacia la Fiscalía como institución”, aseveró Rosa. El fiscal entiende que el fenómeno también se manifiesta en el hecho de que hace dos años y medio que no hay un fiscal general designado “y nadie mueve una sola pieza”, refiriéndose al presidente de la República.
Dentro del pedido de Juan Gómez en el 2023, se había solicitado la creación de tres fiscalías de ejecución para Montevideo. Según Rosa, hay un problema que “se vive todos los días” y responde a la cantidad de horas que los fiscales dedican a responder expedientes de ejecución. El sistema político “critica” las demoras, pero esto sucede porque “hay tiempo perdido en cosas que no deberían estar a cargo de la Fiscalía”. La solución que propone para aliviar la situación es dividir las causas en las especializaciones adecuadas.
Gómez también propuso la creación de la Fiscalía Anticorrupción, sobre todo teniendo en cuenta el caso emblemático de Astesiano que asumió Gabriela Fossati, en donde la fiscal se vio impedida de atender otros casos. El mismo problema de especialización sucede en la Fiscalía de Delitos Económicos, donde según Rosa, no hay personal investigador formado en contaduría.
“Vivimos en el mundo de creer que lo normativo es lo que soluciona las cosas. Si a una norma no le pones presupuesto, queda en el aire, como pasa con la Ley de Violencia de Género. Me consta que la Fiscalía ha explicado esto a lo largo y tendido, pero no es recogido. Tienen tiempo para sacar entre gallos y medianoche una norma que diga que los fiscales después de que cesan en su cargo no pueden ejercer en la materia penal, pero para legislar a favor de la Fiscalía el tiempo se les agota, porque hasta el 2026 no tendremos novedades al respecto”, culminó.
El cuello de botella
Rosa explicó que la dinámica de trabajo de la Fiscalía a veces no coincide con la del Poder Judicial. Cuando una persona es detenida, hay 24 horas para que vaya a un juez, y 48 horas para ser formalizada. La policía informa a la Fiscalía sobre los detenidos y los elementos que se tienen al respecto. El fiscal da la orden de que se recabe más información, se arma la carpeta del caso en Fiscalía, la mira el fiscal y la entrega a un defensor que entrevista al acusado. Si el defensor discrepa con el fiscal, se formaliza con medidas cautelares, y si el defensor y el imputado están de acuerdo, se hace un proceso abreviado.
El procesamiento de un caso en Fiscalía puede llevar una mañana o una tarde, dependiendo de la hora de la detención. Cuando el trabajo es concluido, hay que llevarlo a los juzgados, que funcionan en turnos de 08:00 hasta las 14:00, y de 14:00 a 20:00. “Es difícil que arranques a las 08:00 y a las 08:30 tengas un caso concluido para que vaya al juzgado, y a esa hora tienen muy poco trabajo como consecuencia natural. El sistema de audiencias las dispone cada 15 minutos o a veces cada cinco, pero nunca sabes cuánto puede demorar, entonces a partir del mediodía se genera un embudo”, explicó el fiscal.
A su entender, puede perderse el tiempo buscando culpables, pero hay una realidad: hay lapsos de horarios en que no hay audiencias y el juez está inactivo. “Es irrisorio que la Fiscalía pida una audiencia sin concluir el caso. Tiene que haber una mesa de coordinación para que se detecten problemas y se procuren soluciones, con la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior. Si no es un pasamano y se da el inconveniente de pagar a un fiscal para que vaya a una sala de audiencia a esperar, porque en ese tiempo no puede trabajar en otra cosa”, planteó Rosa.
En febrero de este año, Rosa adelantó a CRÓNICAS que la Asociación de Magistrados Fiscales denunciaría una “injerencia” del Ministerio del Interior ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordó que la denuncia fue a partir de un “hostigamiento permanente” de ciertos actores del sistema político hacia la Fiscalía, que acusan a los fiscales de estar parcializados o trabajar al servicio de determinados sectores políticos.
