La Cámara Regional de Empresarios del Este (Crece) definió el pasado fin de semana en una reunión en Florida, impulsar un plebiscito para derogar la Ley de Inclusión Financiera. José Pereyra, presidente de la Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado, dijo a CRÓNICAS que gremiales argentinas les han manifestado su respaldo, en tanto que Adrián Cabrera, gerente general de Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) definió esta normativa como “una ley impulsada por el gobierno para que los comercios trasladen sus ganancias a otros privados”.
Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi
En diálogo con CRÓNICAS, José Pereyra, presidente de la Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado, señaló que desean que la población elija dejar sin efecto la propuesta del gobierno que, para ellos, es una “ley de exclusión financiera para el Uruguay y de prisión financiera para el comercio”. El plebiscito, que en caso de lograrse se debería votar en las próximas elecciones, piensa ser logrado gracias a la reunión de firmas.
Pereyra indicó que esta legislación obedece a una ola que se levanta a nivel internacional “donde hay organismos que financian, exigen y tratan de imponer tendencias mundiales a las que nuestro país no puede escapar”.
Asimismo, recordó que la idea del referendo nació luego de varias reuniones “mano a mano” con comerciantes y gremiales del país. “Nos pareció que era lo mejor dentro de lo que nosotros denominábamos un apagón a esta ley, pero entendemos que hay mucha tela para cortar”, expresó.
“El gobierno habló con todas las gremiales y no ha quedado nadie satisfecho con las reuniones, salvo el propio gobierno, y supongo que los bancos y el sistema financiero”, aseveró Pereyra.
No obstante, subrayó que las medidas deben ser tomadas rápidamente para no continuar afectando la rentabilidad de los comercios y opinó que “parece ser que hay gente del gobierno que no se ha preparado en este tema”.
Pereyra subrayó que la utilización de esta herramienta no responde a una lucha contra el gobierno, sino contra la fuerza que tiene el sistema financiero a nivel mundial, “que es mucho más fuerte”.
Viaje a Argentina
El empresario señaló que días pasados viajó a Argentina, junto con una delegación de algunos presidentes de centros comerciales del Interior, invitados por la Cámara de Comercio Argentino y concretaron reuniones para informarse sobre la experiencia del país vecino en materia de aranceles por uso de tarjeta de crédito y débito.
“Nos trajimos mucha información y ahora la vamos a poner a disposición para el debate. Acá se nos ha tratado de mentirosos y de que no damos números exactos. Nosotros nos hemos callado, pero ahora tenemos todo documentado”, señaló.
En este sentido, Pereyra reflexionó que Uruguay accede a las experiencias que han tenido el resto de los países de la región con una normativa similar a la que rechazan, pero que no es tomada en cuenta. “Hay un proceso que el gobierno uruguayo no tiene en cuenta, donde se han cometido muchos errores y las economías y el pequeño comercio ha sufrido”, declaró.
Añadió que “no es menor” conseguir el respaldo de gremiales “que vienen trabajando hace mucho tiempo con esto” y aseguró que en algún momento las mismas llegarán a Uruguay para contar su historia con los diferentes gobiernos argentinos.
Además, informó que continuarán realizando viajes para conocer de primera mano la situación de otros países. Afirmó que hay estados donde la inclusión financiera de la bancarización no tiene costo ni para el usuario ni para el comercio y que la tendencia mundial va hacia la baja de los aranceles.
Transferir ganancias a otro privado
En tanto, el gerente general del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Adrián Cabrera, recordó a CRÓNICAS que desde hace “mucho tiempo” trabajan en diversas instancias con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para encontrar una solución a la situación que transitan, pero que no han obtenido “ningún tipo de respuestas que satisfagan en absoluto las inquietudes del sector comercial, sobre todo, de pequeño y mediano porte”.
Los puntos de la Ley de Inclusión Financiera sobre los que hacen énfasis son los relacionados con los aranceles, su monto, los plazos de pago y la retención que se hace en la cuota de pago al impuesto.
Sin embargo, Cabrera resaltó que desde Cambadu no están en contra de los medios electrónicos de pago como instrumentos en sí mismos, sino en la forma de su uso. “Se pretende generalizar los medios de pago en forma electrónica y que el costo lo pague el comerciante. Es absurdo, ridículo y consideramos que demasiado injusto”, consideró.
A la vez dijo que hasta el momento se aplican aranceles de entre 4,5% y 4,9% en el pago de las tarjetas de crédito, entre un 2% y 3% para débito y un 5% para tickets alimentación. Añadió que la rentabilidad de los comercios ronda el 6% y que se debe agregar los costos asociados del uso de pago de medios electrónicos, tales como disponer de un personal que lo controle y calificó que se da “un defasaje financiero”.
Otro de los aspectos que reclaman, y que Cabrera expuso como “inconstitucional” es la imposibilidad de diferenciar un precio entre el efectivo y el pago electrónico. “No puede ser que el comerciante tenga que asumir el costo para trasladarlo a un privado y que esto esté siendo promovido por el gobierno a través de una ley”.
Para el gerente de Cambadu, la Ley de Inclusión Financiera “obliga a un privado a transferirle su ganancia a otro privado”, a los que señaló como bancos y emisores. Expuso, además, que tampoco se les permite realizar un descuento a un cliente que desee abonar el costo en efectivo. “Parece loco, porque en un momento se quiso equiparar el dinero electrónico al efectivo, y hoy el efectivo no llega a tener el mismo reconocimiento que un medio de pago electrónico. En esta vía, dijo que esta prohibición es anticonstitucional, y que es uno de los puntos que trabajan con sus asesores técnicos.
Propuestas
En esta línea, Cabrera informó que dentro de las propuestas que presentan, están las de establecer límites para los aranceles, libertad para el comerciante de aceptar las tarjetas de crédito y débito como medio de pago, establecer mínimos en los montos y trasladar los costos que implica la utilización del medio de pago al precio final. “En este caso el consumidor, por la propia ley de Defensa al Consumidor, debe estar informado previamente”, apuntó y sinceró que muchas veces el comerciante preferirá beneficiar al consumidor que abone en efectivo.
Igualmente, comentó que también desean topear los plazos para que el empresario reciba el dinero que se cobra a través de la tarjeta de crédito para que pase de 48 horas a 24 horas para tarjetas de débito y en no más de una semana para tarjetas de crédito.
“Son cosas que realmente atentan contra la existencia del comerciante, y que han tomado tanto volumen que no es un reclamo para mejores beneficios, sino para que pueda trabajar”. Además, expuso que el principal fin de esta ley fue el aumento de la recaudación pero que se le intentó poner un nombre para que la normativa pareciera “más simpática”.
Futuro incierto
En caso de que la normativa no se derogara ni que tuviera cambios, el futuro de los comerciantes se ve nublado. Cabrera dijo que así como habrá locales que generarán inflación y la trasladarán a precios al consumidor, otros no podrán subsistir y se fundirán. “Ni siquiera queremos imaginar todas las consecuencias que pueden traer.
Asimismo, aseguró que “la gran mayoría” de los pequeños comerciantes “no tienen idea” de las transacciones de su cuenta bancaria, cuánto le pagan y cuánto le liquidan las tarjetas de crédito, dado al poco tiempo que tienen para controlarlo. “Hay un montón de cosas que no se ven. No estoy en contra de masificar los medios electrónicos de pago, pero sí en cómo son usados y cuál es el procedimiento para generalizarlos, y sobre todo, a costa de quién”, resumió.
Una cuestión de números
Por su parte, Miguel Feris, presidente de la Confederación Empresarial de Uruguay (CEDU), expresó en diálogo con CRÓNICAS que le preocupa que en ningún lado de la Ley de Inclusión Financiera se informa cómo incluir a quien está fuera del sistema o a quienes viven en el campo, alejados de centros urbanos y que, en cambio, da por sentado que todos los actores ya están dentro de él.
Asimismo, observó que el uso de la tarjeta de crédito disminuye a medida que se aleja de la capital del país y que los aranceles que tienen que pagar los comerciantes “se está llevando mucho dinero”, lo que afecta la rentabilidad de las empresas. “Es un tema de agarrar la calculadora y hacer una proyección”, remató.
