Durante una jornada organizada por el Comisionado Parlamentario Penitenciario, se presentó la necesidad de ayudar a la reinserción de ex presidiarios al mercado laboral para detener la reincidencia delictiva. Retomar un vínculo laboral configura una dificultad para quienes han estado en la cárcel debido a que a los empleadores “les venden” los antecedentes de los ex privados de libertad, aseguró el Presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.
Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi
El Comisionado Parlamentario Penitenciario organizó un espacio de “innovación penitenciaria” donde se reflexionó sobre el rol de las empresas y los sindicatos ante el sistema carcelario y los posibles aportes al mismo. El evento tuvo lugar en el Palacio Legislativo el 7 de diciembre y contó con la presencia del Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit; la presidenta de la Comisión de Seguimiento del sistema carcelario, Ivonne Passada; y el presidente del PIT – CNT, Fernando Pereira, entre otros actores sindicales, empresariales y presidiarios.
Durante el acontecimiento se puso sobre el tapete la dificultad que tienen los ex reclusos a la hora de comenzar a trabajar luego de su salida carcelaria y con ello lograr una reinserción en la sociedad. Actualmente, según expresó Passada, doce emprendimientos del sector público y por lo menos tres empresas privadas brindan plazas laborales a ex privados de libertad.
A la vez, Pereira aseguró que hay un filtro por el cual “una cantidad” de empresarios no toman a personas que han estado en la cárcel, a pesar que han saldado su pena, debido a que poseen la información de que tienen antecedentes. En este sentido, expuso que “los empleadores tienen los archivos de los presos porque alguien se los vende”.
Agregó que significa un tema a trabajar, porque de lo contrario los ex reclusos “vivirán toda su vida con una cruz en la frente, a pesar de que hayan hecho las cosas bien y se hayan reeducado”.
Por su parte, Petit dijo que dos tercios del sistema penitenciario poseen “problemas serios” y se mostró “amargado” por el capital humano que se perdió hasta el momento debido a no tener, durante décadas, la inclusión de ex reclusos en el sistema laboral dentro del radar de la agenda nacional. “Esto nos lleva a todos a concluir que las carencias son colectivas”, manifestó.
Petit aseguró que es posible que Uruguay tenga un sistema penitenciario que integre positivamente a la sociedad a quienes han cometido delitos, que sea capaz de ayudar a bajar la violencia y que no sea una causa de problemas y negaciones de derechos.
Por otro lado, la empresaria Silvia Etchebarne, quien posee una compañía vinculada a la actividad portuaria que brinda trabajo a ex presidiarios, propuso la creación de “empresas de reinserción” que contengan programas específicos ocupacionales, a demanda de lo que el mercado requiere y que otorgue un acompañamiento psicolaboral.
“Estas empresas son verdaderos expertos en la reinserción social”, sostuvo. Añadió que desde su firma debieron recurrir a la ayuda de la Iglesia para tratar de solucionar los problemas de adicciones de trabajadores que habían estado en la cárcel “en una ausencia total del Estado”.
A la vez, Jaime Saavedra, adscripto al Ministerio del Interior, declaró que “es fundamental” que la sociedad civil, empresarios y sindicatos “perforen” el sistema penitenciario. “Lo peor que le ha pasado al país es que el sistema estuvo aislado durante décadas, y los sistemas totales y cerrados tienden estructuralmente a la corrupción”, manifestó. “La razón por la que deben entrar tiene que ver con la responsabilidad social. Si nosotros no resolvemos todos juntos este entuerto, entonces va a crecer”, indicó.
