La Confederación Empresarial del Uruguay presentó un documento en el que explicita los desafíos en materia de competitividad de la gremial. El informe aconseja al gobierno a hacer hincapié en un puñado de temas variados que permitirán incrementar la competitividad nacional y proponen, por ejemplo, derogar el decreto que permite la ocupación de los lugares de trabajo, negociar salarios de forma bipartita, aumentar el calado del puerto y disminuir la brecha en educación.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
La Confederación Empresarial, compuesta por 20 asociaciones, expidió un documento de 48 páginas en el que toca los principales temas que atañen a la competitividad del país. Estos son: El acceso a nuevos mercados, el cambio de la política fiscal, una nueva gestión de las empresas públicas, mayor infraestructura, más capacitación y preocupación por el capital humano, la permanencia y profundización de la Ley de Promoción de Inversiones, promover la utilización de la ciencia y la tecnología, facilitar el acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas, hacer un “uso adecuado” de las compras estatales, optimizar las relaciones laborales, modificar la regulación en cuanto a aspectos que, a su parecer, perjudican la actividad empresarial y garantizar la seguridad pública.
Este puñado de tópicos vitales para el desarrollo del país fue debatido el pasado martes por el ex ministro de Economía y Finanzas y ex subsecretario de Transporte, Alejandro Atchugarry; el director del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica, Roberto Horta; el ex subsecretario de Economía y ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Javier de Haedo; y el socio de Deloitte, Pablo Rosselli, todos, a grandes rasgos, de acuerdo con las recomendaciones planteadas por la confederación que fueron escuchadas atentamente por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, que ocupó un lugar preferencial en la primera fila del auditorio.
Críticas y recomendaciones
En primer lugar, el informe presentado por la Confederación Empresarial, hace foco en la apertura comercial y reafirma su compromiso con el Mercosur a la vez que apoya la concreción de acuerdos bilaterales entre el Uruguay y otros países de forma complementaria.
En lo que refiere a la política fiscal, la gremial condena el uso de las tarifas públicas como herramienta para evitar un mayor desequilibrio económico, lo que deriva en sobrecostos para los consumidores y para el sector productivo. Lo que la gremial califica como un “sesgo expansivo de la política fiscal, obliga, según su informe, a introducir un ajuste fiscal que afecta la demanda en la fase baja del ciclo económico. “En este marco, se considera necesario promover y estimular instancias de debate en el ámbito académico sobre el eventual diseño e implementación de una regla fiscal, con el objetivo de favorecer la gestión macroeconómica, limitando la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas”, señalan los empresarios.
Por otra parte, la Confederación Empresarial, se encarga de las empresas públicas y de su rol determinante como garantía de la eficiencia del Estado. A este respecto, se sostiene que, en el caso de Uruguay, el sistema de empresas públicas ha operado en detrimento de una gestión “óptima”.
“En este sentido, es necesario un nuevo arreglo institucional que racionalice, simplifique, sistematice e integre la normativa, en un marco jurídico homogéneo. Asimismo, se alienta a que se establezcan marcos legales flexibles que faciliten relaciones comerciales más competitivas, así como la separación y consolidación de los roles entre los diversos actores que participan en la órbita de las empresas públicas”, recomienda la gremial además de hacer hincapié en la transparencia y la profesionalización de la conducción de dichas empresas.
La infraestructura es el siguiente punto mencionado en el documento. En este sentido, la Confederación exige que se trabaje en crear nueva infraestructura y reacondicionar la ya existente. Para esto aconseja agilizar la implementación de mecanismos que permitan financiar las inversiones con el menor impacto posible en el presupuesto nacional como las PPP. Además determina la necesidad de incrementar el calado del Puerto de Montevideo, algo que ya está siendo estudiado por la ANP según comentó el presidente del organismo, Alberto Díaz, a CRÓNICAS.
Además, a mediano plazo, los empresarios pretenden un abordaje definitivo acerca de la viabilidad y la conveniencia económica de recomponer total o parcialmente la red de transporte ferroviario.
“Si bien Uruguay ha destinado un esfuerzo creciente de gasto en educación, no ha tenido el retorno esperado en materia de calidad de bienes públicos. De hecho, en el último medio siglo, Uruguay muestra un retroceso en la acumulación de capital humano y la brecha educativa”, apunta el documento. Al momento de hablar de la educación, el informe realza la importancia de efectuar un cambio estructural en el modelo educacional que propicie la cultura de trabajo y el emprendedurismo.
Asimismo, la Confederación Empresarial impulsa a continuar con la Ley de Promoción de Inversiones y con la apuesta en ciencia, innovación y tecnología con el fin de llegar “a mercados más sofisticados”. Además se solicita un compromiso mayor con las Pymes permitiéndoles un mayor acceso al crédito y beneficiándolas en el marco de las compras estatales y, a su vez, favorecer a la producción nacional frente a la extranjera a la hora de realizar las compras.
Los empresarios solicitan al gobierno que den un paso al costado en la negociación salarial
En lo que refiere a relaciones laborales, la Confederación pretende “modificar la regulación laboral y las prácticas del MTSS en el marco del cumplimiento de las recomendaciones de la OIT”. Además propone que el gobierno de un paso al costado en las negociaciones salariales para que sean negociadas únicamente de forma bipartita y que solo interceda a la hora de definir los mínimos por categorías. Además solicita que se derogue el decreto que permite la ocupación de los lugares de trabajo.
El debate
El ex ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, fue el primero en tomar la palabra en al instancia de discusión moderada por Gerardo Sotelo. Recorriendo el auditorio Atchugarry repasó los principales aspectos que se deben mejorar, en su opinión, en pos de lograr una mayor competitividad. El ex ministro se refirió a la necesidad de que el gobierno sea austero: “El Estado se gasta todo en funcionar. Pedimos prestado para todo lo que sea inversión y además para terminar de pagar las cuentas”, dijo.
Además hizo énfasis en el estudio de los gastos y las compras racionales para que no se hagan “dos plantas de portland”.
En referencia a la educación, Atchugarry recordó que un 40% de los niños está “en las zonas más complejas” en las que las políticas deben estar presentes. “Se necesita mucho más Estado. Los americanos tienen un concepto que se llama “Ningún niño atrás” que me encanta y que hace hincapié en no hacerlo volver para atrás sino a que el Estado le pague un tutor para lograr que esté al mismo nivel”.
Por su parte, el ex subsecretario de Presidencia, Javier De Haedo, aludió a un artículo de The Economist en el que se analiza el camino hacia la prosperidad de los países. Para llegar a este objetivo, según el periódico lo ideal es tomar ideas de la izquierda y de derecha ya que la clave está en: competir, focalizar y reformar.
Además, De Haedo habló sobre la no reforma del Estado y citó al ex presidente chileno Piñera con su frase: “Cuando el Estado sobra, asfixia y cuando falta, angustia”, el ex subsecretario indicó que en Uruguay, el Estado “sobra en la burocracia y falta en el Marconi, en todos los Marconis que hay en el país”.
Además reconoció que en el Observatorio de la Universidad Católica existe preocupación por la gestión de las empresas públicas.
El tercer orador, el director del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica, Roberto Horta, apuntó que “el Estado tiene un papel clave pero también lo tienen los otros actores de la sociedad”.
En este sentido, Horta realzó en la importancia del entorno. “La base donde se asientan las empresas debe ser clave para atraer y fomentar las inversiones. Los países compiten para intentar ofrecer mejores entornos”, manifestó. De la interacción entre las empresas y su entorno es, según el director, donde se juega la productividad que es la clave de la competitividad.
Finalmente, para el socio de Deloitte, Pablo Rosselli, se debe disminuir la discrecionalidad fiscal. “No se quieren reglas fiscales, el que está en el gobierno no la quiere porque pierde discrecionalidad y puede, por ejemplo, aumentar el gasto en períodos electorales. Hemos tenido demasiada discrecionalidad fiscal”, señaló.
Por otro lado criticó el uso de las tarifas públicas como variable de ajuste fiscal.
Además arremetió que hubo inversiones “sumamente cuestionables” que de no haberse realizado, hubieran brindado más espacio fiscal para enfrentar este momento de desaceleración económica.
Finalmente aludió a las relaciones laborales y estimó: “El gobierno es un espectador en la negociación salarial y creo que eso es algo que realmente hay que arreglar”.
