En diálogo con CRÓNICAS, el abogado especializado en derecho laboral y socio de Tellería Díaz & Asociados, Conrado Díaz, analizó la normativa uruguaya en materia de trabajo y profundizó en las repercusiones que ha generado un reciente proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que busca implementar modificaciones en las negociaciones colectivas del sector privado.
En el año 2010 las cámaras de Comercio e Industrias manifestaron que, en materia de negociación colectiva, se incumplía el convenio Nº 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A partir de esto, el Comité de Libertad Sindical de la organización extendió recomendaciones a Uruguay sobre esta ley. Ahora, un proyecto presentado por el Ejecutivo vuelve a poner el tema sobre la mesa y despierta diferentes reacciones.
Uruguay y la normativa laboral
“Yo creo que Uruguay tiene una buena legislación en materia laboral, que ofrece garantías a todos los involucrados en lo que son las relaciones laborales y respeta un principio esencial en materia de derecho laboral, que es el carácter protector de sus disposiciones, pero creo que en lo que refiere a la negociación colectiva hay algunos elementos que entiendo que deben ser modificados”, explicó Díaz, experto en la temática.
En este sentido, aseguró que cree que el proyecto presentado recientemente es positivo, ya que se atienden cuestiones que hace muchos años que se venían discutiendo.
Además, agregó que este transparenta y legitima aún más la negociación colectiva en nuestro país y le da elementos y formalidades que eran necesarias y que no se estaban contemplando. “Esto da garantías para todas las partes”, aseguró.
La posición de los empresarios
Según informó El Observador, fuentes del sector empresarial dijeron que se valora la iniciativa legislativa como un avance, pero que solo recoge algunas de las observaciones realizadas por la OIT. A su vez, aseguraron que se deja fuera el reclamo principal, vinculado a las competencias de los Consejos de Salarios, y algunos manifestaron que de aprobarse el proyecto se mantendrá la queja ante la organización.
Desde la OIT se ha señalado que las actualizaciones de los salarios superiores a los mínimos por categorías, los beneficios laborales, la licencia sindical y la prevención y solución de conflictos colectivos, deberían negociarse en ámbitos bipartitos, lo que implicaría que el gobierno no tuviera injerencia.
Al ser consultado por esta posición, el abogado estimó que es legítimo que puedan plantear su disconformidad ante la OIT, aunque afirmó que, en su opinión, no se vislumbran grandes niveles de descontento. “No me parece que el hecho de plantear quejas o este tipo de situaciones ante la OIT deteriore la imagen del país; Uruguay tiene una tradición que por suerte está plenamente vigente de respeto al Estado de derecho y al orden jurídico, y esto supone la utilización de mecanismos que existen a disposición de todas las partes para plantear su disconformidad o sus pretensiones”, expresó.
En este sentido, señaló que la imagen se afectó en el pasado, en la medida que no se habían atendido las recomendaciones de la OIT.
La posición del ala sindical
Por otro lado, desde el PIT-CNT se muestran críticos con la queja de las cámaras y acusan a los empresarios de apuntar contra “la columna vertebral de la negociación colectiva, que es la negociación en el sector privado tripartita obligatoria por rama de actividad”.
“Vamos a defender la negociación colectiva en la OIT y acá. La OIT que existió durante el siglo XX, que era la que promovía las leyes de ocho horas, la negociación colectiva, la libertad sindical, donde había cierta paridad de fuerzas, no es la OIT que hay ahora. Hoy manda la Organización Internacional de Empleadores. Pero igual nosotros vamos a defender la Ley de Negociación Colectiva”, declaró el presidente de la central, Marcelo Abdala, a El Observador.
Cuestiones que “mejoran las relaciones laborales”
En otros temas, y en referencia a la Ley de Urgente Consideración, Díaz valoró la erradicación de la posibilidad de las ocupaciones de los lugares de trabajo y la realización de piquetes que “atentan contra los derechos de otros trabajadores y de otros empresarios”. “Es muy positivo, porque entiendo que las ocupaciones y los piquetes son prácticas que no contribuyen y son anticonstitucionales”, manifestó al respecto y agregó que cree que esto mejora las relaciones laborales.
