José Clastornik, director de Agesic
La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) festejará sus 10 años la próxima semana con un Encuentro de Transformación Digital. CRÓNICAS habló con José Clastornik, director de la agencia, para realizar un balance de todos los logros alcanzados en materia de gobierno abierto, participación ciudadana, ciberseguridad y expediente electrónico. En este último aspecto, Clastornik adelantó que Agesic trabaja en conjunto con la Corte Electoral para implementar una solución para realizar en línea todo lo que refiere a la gestión administrativa del voto. «Es un tema muy importante, porque permitiría tener, en muy poco tiempo luego del cierre de las actas, la disponibilidad de todos los datos consolidados», dijo.
Por Federica Chiarino | @FedeChiarino
– En los 10 años que cumple Agesic, ¿cuáles diría que han sido sus principales logros?
– Fueron varios. En el inicio, trabajamos mucho en el contexto legal e institucional de los temas de sociedad de la información y gobierno electrónico, ahora gobierno digital. Cuando empezamos, vimos que se necesitaba trabajar en muchas líneas en simultáneo. A veces uno imagina el gobierno digital y piensa solo en trámites y servicios. Pero la realidad es que si se piensa en un país con un 100% de digitalización de todas sus cosas, el primer tema que surge es: ¿Cuán seguros estamos de que la gestión de la información sea confiable? ¿Cuán seguros estamos de que no sea hackeable? Hay que visualizar que debemos trabajar en temas como privacidad y protección de datos; hay que trabajar en asuntos como ciberseguridad y en otros temas adicionales.
– ¿Cuánto ha avanzado el país en materia de gobierno abierto y participación ciudadana en esta última década?
– Nosotros hemos trabajado en la creación de marcos legales e institucionales que permiten coordinar todas las actividades de gobierno abierto. Existe una estructura de gobernanza, planes de acción; ya estamos en el tercero de esos planes. Los hay de acción nacionales relacionados con el tema de gobierno abierto, con lo que, respecto a lo que sería el estándar de gobernanza en estos temas, estamos bien avanzados. Pero, más allá de eso, lo que uno puede contar son los avances que hubo en acceso a la información pública, en datos abiertos y en gobierno de cercanía.
«Ese es el desafío de acá al 2020: en la Administración Central, al menos, tener todos los trámites 100% digitales».
El destaque que Uruguay ha tenido en estas cosas lo visualizamos en diciembre del año pasado, en la reunión del Open Partnership en París, cuando en el discurso inaugural de Obama mencionaron a Uruguay como una referencia, donde nuestro presidente habló de algunas de las experiencias de Uruguay en ese sentido, como los consejos de gobierno que se están llevando a cabo, o las reuniones de gabinete que se realizan en todo el país.
En temas de datos abiertos, creo que la referencia más interesante es que, aparte de haber sido el primer país de la región en tener un portal de datos abierto, fuimos reconocidos en el evento de México con el primer premio a la solución de gobierno de datos abierto. Fue un proyecto que se hizo por data con el Ministerio de Salud Pública, con el aporte de Agesic, en lo que fue la apertura de datos de ese Ministerio mediante el sistema ‘a tu servicio’, para permitir que la gente, durante la apertura de los corralitos mutuales, pudiera elegir informada a dónde ir.
– Uno de los objetivos presentes en la agenda de Agesic es que todos los trámites del Estado se puedan realizar en línea. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la gente que no tiene acceso a internet o a una computadora para realizarlos? ¿Prevén alguna solución?
– El habilitar un nuevo canal, como el canal web, o un canal en celulares, no invalida los canales que existen. De hecho, tenemos líneas de trabajo para que los canales presenciales funcionen mejor. La disponibilidad de puntos de atención ciudadana, con una metodología por la cual se estandariza la calidad de atención, refiere al tema de que no se elimina el canal presencial, sino que, en realidad, se aprovecha lo que se está haciendo en los trámites en línea, para mejorar la capacidad de ayuda en lo presencial. La forma en que se habla de estos temas en el mundo es la omnicanalidad. Esto no solo significa la existencia de múltiples canales para la atención ciudadana, sino que puedas empezar en uno y seguir en otro, y en un tercero, de forma indistinta. Que la lógica sea que cada uno vaya interactuando con el Estado por el canal que más le sirva en cada etapa del trámite.
– Para este año se había planteado el objetivo de que todos los trámites pudieran ser iniciados vía web. ¿Se ha alcanzado esa meta?
– Sí, en la Administración Central. En febrero se había llegado al 96% o 97%. Además, es una realidad que los trámites van subiendo y bajando, o sea que el desafío no es solo haberlo conseguido, sino mantenerlo.
La lógica con la que se estructuró este sistema avanza en un modelo de trámites y servicios de las Naciones Unidas que habla de cuatro fases en la madurez del trabajo en los trámites. Hay una que es la disponibilidad de la información de todos los trámites en línea, que ya existía. La segunda fase es el comienzo en línea de todos los trámites, que eso fue en lo que trabajamos el año pasado. Las últimas dos fases refieren a dos temas: uno es que el trámite sea 100% en línea, y lo otro es que los trámites se encadenen. Es decir, que no haya que detener un trámite para empezar otro, porque se necesita de un certificado, sino que la disponibilidad de la información del certificado sea automática dentro del Estado.
«La regulación de todo lo que refiere a autenticación es parte de lo que se está enviando al Parlamento».
Parte de las cosas que viabilizan el proyecto de tener todos los trámites completamente en línea se da porque, en realidad, habíamos avanzado mucho en los instrumentos tecnológicos y legales que lo habilitan. Por ejemplo, para que uno pueda acceder a una constancia en forma automática dentro del Estado, existe una plataforma que une a todas las unidades ejecutoras y permite, de forma segura, transferir esa información. Respecto al objetivo de los trámites 100% en línea, se avanzó en temas de firma electrónica, firma digital, notificaciones electrónicas, pagos, timbres electrónicos. Ese es el desafío de acá al 2020: en la Administración Central, al menos, tener todos los trámites 100% digitales.
– También se ha avanzado mucho en materia de expedientes electrónicos. ¿Se ha alcanzado una totalidad o todavía quedan expedientes en papel?
– La línea de expediente electrónico apunta a la despapelización del Estado. A veces esto se consigue generando sistemas informáticos o a veces se consigue trabajando, no en sistemas estructurados, sino en una gestión documental, como la que provee el expediente electrónico. Nosotros tenemos expedientes electrónicos prácticamente en todos los ministerios, menos en uno, y se están instalando en casi todos los otros organismos del Estado. Ahora estamos en un proceso importante de tratar de que los expedientes interoperen entre sí, que todas las oficinas estén conectadas para que, de alguna forma, la despapelización sea total. Buscamos que haya trazabilidad para que los ciudadanos puedan saber en qué lugar está cada uno de sus expedientes, en la medida que se va gestionando el trámite o la solicitud. Además, ir incorporando nuevos instrumentos o nuevas soluciones que brinden más beneficios a los expedientes electrónicos.
Exceptuando algunos pocos lugares donde resta implantar expediente electrónico, hoy el tema es más de mejora funcional, de beneficios de uso. Es tratar, por ejemplo, de que el expediente electrónico termine siendo el que formalice hasta las reuniones de gabinete con la firma de los ministros en las resoluciones o en los decretos.
– Hace unos meses, el gobierno anunció que enviaría al Parlamento un proyecto de ley para brindar seguridad jurídica a los servicios de firma electrónica avanzada en la nube. ¿En qué etapa está este proyecto?
– Ya se envió al Parlamento. Pero habría que explicar qué significa eso de la firma electrónica en la nube. Nosotros hoy tenemos una institución, que es la Unidad de Certificación Electrónica (UCE), y toda una infraestructura de claves públicas que te permiten que las unidades que están certificadas te puedan dar un instrumento para firmar electrónicamente con la validez de una firma que está autenticada por un escribano público. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) hoy ofrece una cédula que si tú la ponés en un lector, esa cédula te permite firmar, por ejemplo, un expediente, y el valor de la firma es igual que si se hubiese firmado por la persona y con un escribano que la autentifique.
Hoy tenemos firma electrónica avanzada, tanto para personas físicas como jurídicas. DGI (Dirección General Impositiva), por ejemplo, está utilizando esas facilidades para todo lo que son las facturas electrónicas. Lo que sucede es que el mundo sigue avanzando y existen nuevos elementos que empiezan a aparecer.
«Puede haber instancias de e-participación sin llegar al voto como tal, donde uno pueda pensar en este tipo de instrumentos».
La regulación de todo lo que refiere a autenticación es parte de lo que se está enviando al Parlamento. La idea es que puedas tener distintos niveles de autenticación porque, a veces, tú necesitás una autenticación más suave, más light, y hay cosas en las que precisás una más fuerte. Poder regular eso hace que, de alguna forma, el ecosistema tenga más validez, fundamentalmente, en su interacción con el Estado.
– ¿Qué postura tiene Agesic respecto al voto electrónico? ¿Existe alguna iniciativa en este sentido?
– En este momento estamos cerca de la Corte Electoral con el expediente electrónico. Hemos trabajado en los temas de ciberseguridad y estamos apoyándolos en lo que nos necesiten. Creo que a veces la gente piensa en el voto electrónico y no divide los temas. Se puede tener la gestión administrativa del voto, que es un tema muy importante, porque permitiría tener, en muy poco tiempo luego del cierre de las actas, la disponibilidad de todos los datos consolidados. Desde el lugar que Agesic tiene en los temas de certificación electrónica, desde la UCE, tenemos el compromiso de ayudar a la Corte Electoral, también, en todos los temas relacionados con la firma electrónica, asociados a las actas, que pueden ser un elemento importante en la gestión administrativa electrónica del voto.
Respecto al voto electrónico, creo que no nos corresponde opinar a nosotros. Lo que sí puedo decir es que puede haber instancias de e-participación sin llegar al voto como tal, donde uno pueda pensar en este tipo de instrumentos. Esto está muy vinculado a temas de gobierno abierto, pero son instancias de e-participación donde se busca una opinión. Elementos menos vinculantes, que generen menos resistencias, desde el punto de vista de la gestión del cambio que implica pensar en un tema mayor, como la votación electrónica.
– ¿Cuáles son los próximos pasos en la agenda de Agesic?
– Tenemos un plan de gobierno digital al 2020, estructurado y definido, que está alineado con lo que es la Agenda Uruguay Digital al 2020, que está disponible. Se trabaja en seis ejes temáticos: gobierno cercano, gobierno eficiente, gobierno integrado, gobierno digital confiable, gobierno abierto y gobierno inteligente. Sobre la base de esos seis ejes existen distintas líneas de acción que avanzan en la tónica de la transformación digital del Estado. Esas son las pautas de hoy. Capaz que dentro de uno o dos años existe algún nuevo paradigma con el que tengamos que añadir nuevas líneas de acción o de trabajo.
Una década de transformaciones
La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) celebrará sus 10 años realizando un evento único en el país: el Encuentro de Transformación Digital, que reunirá a destacados invitados nacionales e internacionales para abordar los temas más significativos respecto a la evolución digital de Uruguay en esta década y los principales desafíos a futuro.
La agenda de actividades comienza el 21 de agosto con el foro de Laboratorios de Innovación Pública en América Latina y el Caribe. El 22 y 23 de agosto se realizará la conferencia central y, en paralelo, cada día respectivamente, un foro de Acceso a la Información Pública y un Foro de Protección de Datos.
