El referente en seguridad social Carmelo Mesa-Lago se reunió con la CESS y recomendó caminos a seguir de cara a la reforma del sistema previsional.
Los integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) se reunieron el lunes 17 de mayo vía Zoom con el Catedrático Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesa-Lago, quien destacó los logros del sistema previsional uruguayo en materia de adecuación de los beneficios -superiores a los estándares de OIT y de OCDE- al tiempo que marcó la necesidad de mejorar la medición en materia de cobertura poblacional.
El también Doctor en Relaciones Laborales y Seguridad Social por la Universidad de Cornell analizó el Informe de Diagnóstico del sistema previsional uruguayo elaborado por la CESS y presentado ante las autoridades nacionales el 24 de marzo. Lo calificó como “serio” y “profesional” al tratar a fondo los principales problemas del sistema “de una manera entendible para los no expertos” al tiempo que recomendó posibles caminos a seguir, con base en su amplia experiencia en reformas de la seguridad social en América Latina.
El experto abordó el tema al advertir que se trata de un océano muy difícil de navegar. Sin embargo, destacó las fortalezas de Uruguay, que cuenta con el sistema de seguridad social más antiguo de América Latina pero que también tiene el desafío de ser el segundo país más envejecido del continente, luego de Cuba.
Aunque reconoció la dificultad de esta medida, el especialista afirmó que hay que subir la edad de jubilación ya que “no hay duda” de que la edad de retiro en Uruguay – 60 años – “es extremadamente baja”.
“De no cambiar algunos parámetros, como el aumento de la muy baja edad de retiro a pesar de la creciente longevidad en Uruguay, tendrán que subir la tasa de contribución, que es una de las mayores de la región” o “incrementar el apoyo financiero estatal, que también es alto”, o aplicar una “combinación” de subas de ambas variables, sostuvo.
Para poder jubilarse en el país, a la condición de tener 60 años se suma la de haber trabajado durante 30. Sobre esto último, el académico recomendó considerar bajar la cantidad de años de trabajo acumulados requeridos para acceder a la jubilación.
Por otra parte, Mesa-Lago advirtió que el régimen previsional uruguayo sigue estando fragmentado. Si bien reconoció que en otros países hay una fragmentación mayor, afirmó que habría que integrar los regímenes especiales al régimen general y que los recursos fiscales o de la comunidad en general deberían dirigirse a extender la cobertura no contributiva. La existencia de estos regímenes especiales implica regresividad y un efecto demostración inconveniente, señaló, por ello deberían integrarse al sistema general del BPS. El experto expresó su beneplácito por el hecho de que en el marco de los trabajos de la comisión se hubieran elaborado estudios actuariales de dichos regímenes y que los mismos fueran públicos.
Respecto a la supervisión y regulación del sistema, Mesa-Lago recomendó “establecer una superintendencia única con total independencia del Poder Ejecutivo”. Esta característica es fundamental, según el experto, quien detalló un conjunto de cometidos esenciales a cumplir por la referida superintendencia.
Entre las funciones de dicha superintendencia estarían supervisar y regular a todas las entidades de seguridad social de la nación, sin exclusión alguna, asesorar al Poder Ejecutivo y al Parlamento en todas las materias de su competencia, establecer los parámetros actuariales necesarios (con la asistencia de entidades nacionales e internacionales) a fin de garantizar el equilibrio financiero y actuarial de todas las entidades integrantes del sistema de seguridad social, sin excepción, evaluar periódicamente la situación económica-financiera y la calidad de las prestaciones prestadas por las entidades supervisadas.
La experiencia ha conducido a los países a optar por una única superintendencia autónoma que cubra todos los regímenes y es eso lo que le recomienda a Uruguay.
Además de la Superintendencia, el especialista sugirió crear un Consejo Nacional de Seguridad Social como órgano encargado de establecer lineamientos de rectoría para políticas, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, la OPP y otros ministerios y actores sociales, con representación de los sectores involucrados en la seguridad social.
La administración de las AFAP y las medidas que se podrían tomar para mejorarla fue otro de los temas tratados por el catedrático. Sugirió considerar una representación tripartita en estas entidades, estudiar un tema “muy complejo”, identificar si es mejor que la comisión sea sobre el saldo que sobre el aporte, y advirtió que sería bueno que las comisiones de las AFAP tuvieran un máximo regulado. Además, propuso introducir el mecanismo de licitación, centralizar los registros administrativos en el BPS, crear otras AFAP por sindicatos, cooperativas, asociaciones de empresas, etc. bajo las mismas reglas que se aplican al resto ya sean privadas o públicas, así como “promover el ahorro voluntario eliminando las rigideces” que lo desincentivan, entre otras medidas.
Mesa-Lago observó la existencia de alta concentración de inversiones en deuda pública. Consultado sobre la posibilidad de ampliar la habilitación de inversiones en el exterior, el experto destacó que es necesario un balance y que los valores observados en Uruguay podrían justificar que se analizara su incremento, sin alcanzar los extremos de exposición que se observan en otros países de la región.
Un aspecto relevante a juicio del especialista es considerar la dimensión de género en la política previsional. En tal sentido, durante el evento expresó una valoración positiva sobre la utilización en Uruguay de tablas de mortalidad unisex, a partir del 1º de enero de 2018.
Sobre el trabajo de la comisión, Mesa-Lago destacó el proceso de diálogo social que la CESS llevó a cabo durante la etapa de diagnóstico del sistema previsional uruguayo. Y enfatizó la importancia del diálogo con las diferentes organizaciones en la formulación de las recomendaciones, fase en la que se encuentra la CESS hasta el 22 de junio (con posibilidad de prórroga). Esto sería una garantía de legitimidad de la reforma, explicó.
