La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y otras altas autoridades de la educación nacional y regional se dieron cita en el Ministerio el martes pasado, para debatir sobre la creación de una Universidad de la Educación, que dote de carácter universitario a la formación docente. En su discurso de apertura, Muñoz calificó el tema como «muy importante y muy caro, muy sentido por todo el Poder Ejecutivo». Los aspectos más recurrentes fueron el carácter autónomo y descentralizado con el que debería contar esta institución.
Por Federica Chiarino | @FedeChiarino
La creación de una Universidad de la Educación forma parte de un proyecto de ley que deberá presentarse al Parlamento. Según Muñoz, marcará además el camino hacia el desarrollo del nivel universitario de todos los docentes uruguayos.
En esta línea, la directora nacional de Educación del MEC, Rosita Ángelo, añadió que la idea de una Universidad de la Educación por parte del Ministerio está orientada a volver a colocar en la agenda legislativa el proyecto de una Universidad de la Educación, en parte, por un gran convencimiento de que el logro de una formación de carácter universitario para los educadores es uno de los puntos de la agenda que es central para algunos de los cambios que el gobierno viene construyendo.
«No es una cosa que aparece de la nada, refiere a un largo proceso que viene construyendo la educación desde el año 2005, y que tiene, a partir de una cantidad de acciones que se han desarrollado en el ámbito del Consejo de Formación en Educación y de la Anep, y también dentro del Sistema Nacional de Educación Pública, los espacios», resaltó Ángelo.
El pro Rector de Enseñanza de la Universidad de la República (UdelaR), Fernando Peláez, resaltó la importancia del carácter universitario en la formación de los educadores. Opinó que contribuiría al mejoramiento y la búsqueda de la excelencia de todo el sistema educativo y, por consecuencia, sería una pieza fundamental en el desarrollo del país.
Rosana Cortazzo, representante de la Asamblea Técnico Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE), realizó un repaso desde los orígenes de la iniciativa de creación de una Universidad de la Educación hasta el presente. La propuesta surgió en una ATD realizada en Salto en el año 2006, a partir de la que se generó un largo debate. «En tiempos en donde el trabajo de los educadores a veces aparece tan devaluado, queremos destacar que esto ha significado una potente iniciativa de los docentes y que desde la fecha no hemos dejado de trabajar en este proyecto, tanto en la interna de sus actores, como hacerla conocer con otros actores sociales, políticos y culturales de nuestro país», dijo Cortazzo.
En el primer Congreso de Educación, realizado en 2007, los docentes de la ATD argumentaron a favor de la creación de una universidad nacional y autónoma de educación. La voz se hizo sentir, logrando convertir el asunto de la Universidad de la Educación en uno de los temas más debatidos en las comisiones. Según Cortazzo, para alcanzar la plenitud en la formación de educadores debería darse en una institución democratizadora, autónoma y cogobernada.
Allí surgieron discrepancias respecto al alcance de esa expresión. Para algunos, formar educadores significaba formar profesionales, cuestión que era posible en una universidad. Para otros, se debía mantener un sistema de institutos de formación docente, facultando a estos de más autonomía y cogobierno, y propiciando el desarrollo de las tres funciones básicas: enseñanza, investigación y extensión.
Según Cortazzo, «esa tríada sigue siendo hoy una llave que abre o cierra la formación de educadores, pero para alcanzarla en plenitud debe darse en una institución democratizadora, que sea autónoma y que viva al gobierno de los órdenes».
En el año 2008 se aprobó la Ley General de Educación, número 18.437, que creó el Instituto Universitario de Educación. Esto fue un avance hacia lo que hoy se debate, pero no logró conformar a los miembros de la ATD, y tampoco los conforma en el presente, según su representante del CFE. Sin embargo, Cortazzo reconoció que supera «la precariedad de ser una dirección dependiente del Consejo Directivo Central de la Anep».
En el segundo Congreso de Educación, que se llevó a cabo en el 2013, se aprobó por mayoría la resolución acerca de que la formación de los profesionales de la educación debe darse en una estructura universitaria, autónoma y cogobernada. Se reivindicó entonces el gobierno desde los centros a nivel nacional, así como la asamblea por órdenes.
«Queremos reivindicar la democratización universitaria, creando una Universidad de Educación que recoja lo mejor de nuestra identidad uruguaya y latinoamericana. Una educación que nos reivindique en el conocimiento como un bien público, como un patrimonio cultural. Nos negamos a que nuestro proyecto se convierta en una universidad a la carta, es decir, a una universidad que se acompañe de los saltos cambiantes de las demandas mercantiles», expresó Cortazzo.
Para la ATD, la democratización universitaria significa ampliar el diálogo con la sociedad. Las problemáticas sociales tienen directa repercusión en el campo educativo, lo que hace que se necesite profundizar y sistematizar la función de extensión. La asamblea reivindica la extensión como fuente para el trabajo con los problemas más acuciantes y el aporte a la construcción del oficio del investigador en el campo educativo y cultural.
Peláez coincidió con Cortazzo en la importancia de la función de extensión en la profesión docente, y se refirió también a la investigación, que según él juega un papel fundamental a la hora de dotar de carácter universitario a la formación docente. «La investigación y la producción de conocimiento están estrechamente vinculadas con el desarrollo de capacidades para resolver problemas. Y para resolver problemas nuevos», dijo. A esto sumó el desafío de la democratización completa de la educación a lo largo de toda la vida, y opinó que el gobierno debe disponer de condiciones adecuadas para desarrollar estas funciones.
Según Cortazzo, la Universidad de la Educación «nace descentralizada». «Tenemos un objetivo que nos trasciende, una universidad democratizadora con un anclaje que permita una construcción de ciudadanía responsable, desde el cogobierno, atendiendo a la diversidad de pensamientos y en clave de derechos humanos. Esa es nuestra propuesta», añadió.
Peláez subrayó la necesidad de la descentralización, y recordó que la Udelar inició un proceso en este sentido, hace algunos años. «Si pensamos en universidades o ámbitos, no parece razonable pensar que podamos tener una universidad que desarrolle todas o gran parte de las disciplinas o de las áreas de conocimiento con estas masas críticas a que me refería en todas las ciudades de nuestro país. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, pero eso no quiere decir que no estemos hablando de proceder a un proceso de descentralización importante», dijo.
El pro Rector de Enseñanza de la UdelaR planteó la interrogante de cómo concebir una Universidad de la Educación con metas finales relevantes. Además, consultó al resto de los expertos sobre la articulación de esos eventuales ámbitos con la docencia desarrollada en todo el territorio nacional.
La consejera del Consejo Directivo Central (Codicen), Laura Motta, en su intervención, planteó cuatro reflexiones. Para la primera de ellas, recurrió a la pregunta disparadora del debate: ¿qué cambios en la formación docente necesitan de una universidad? Para ella, en la respuesta está el porqué de seguir en el camino que se viene recorriendo desde hace varios años, para lograr la creación de una Universidad de la Educación.
En segundo lugar, Motta cuestionó la necesidad de recurrir a una ley para elevar la calidad académica de una institución. «La respuesta evidente es que no. Pero hay algunas leyes que promueven los cambios», dijo. Según ella, es necesario dotar a la formación de los docentes de una institucionalidad que permita dar un salto de calidad, aunque no exclusivamente a través de una ley.
Por otro lado, argumentó que la solución está en elaborar un proyecto académico que, en articulación con el resto del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública brinde posibilidades de converger para una mejor formación y para un mejor aprovechamiento de todo el sistema y los recursos. «Esto puede significar que en instituciones de similar nivel estudiantes realizan su carrera tomando cursos de distintas instituciones. Hoy ya está sucediendo, ya hay antecedentes y se está aprobando. Pero, seguramente, en un país pequeño como el nuestro, este debería ser un signo de identidad de la formación terciaria y universitaria», opinó Motta.
La tercera reflexión de la consejera del Codicen fue acerca de qué carreras debería albergar esta nueva universidad. En este punto, sostuvo que la convergencia y la colaboración deben ser los pilares desde donde se elija la nueva institucionalidad.
Finalmente, Motta reflexionó acerca de cuál es el lugar de los centros actuales en esta nueva institución. Su respuesta fue que es posible continuar trabajando para fortalecer académicamente los centros locales o regionales, de tal modo que se pueda convertir en un proyecto académico de la nueva universidad. El modo en que se procese la transición entre la estructura actual y la nueva, las decisiones que se adopten en este respecto determinarán, según Motta, la viabilidad académica de la futura institución. «Y esa viabilidad académica determinará si, efectivamente, estamos dando un salto de calidad o no», puntualizó.
