El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Gustavo Ricci, aseguró a CRÓNICAS que existen intereses particulares en el gobierno detrás de la aprobación de la Ley de Riego. “El sector agropecuario tiene mucha incidencia en la política nacional”, indicó el dirigente que recordó que el actual ministro y empresario arrocero, Tabaré Aguerre, además de impulsar esta normativa ya había estado en contra de la reforma constitucional del agua en el año 2004. A su vez indicó que el gobierno es incapaz de establecer controles de impacto ambiental a nivel nacional: “El Poder Ejecutivo tomó medidas para mitigar el impacto ambiental en el Río Santa Lucía, ninguna de esas medidas ha tenido efecto”, subrayó.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
-¿Cuáles son las implicancias negativas que tiene la Ley de Riego, según el sindicato?
-La mayoría de las disposiciones de la ley contradicen claramente el plebiscito que impulsó FFOSE y otras agrupaciones sociales hace 13 años. En el 2004 impulsamos la reforma constitucional del agua y el plebiscito fue aprobado por un 64.7% de la ciudadanía, y claramente la Constitución dice que el agua es un derecho humano esencial para la vida, que para su gestión hay que darle participación a la sociedad civil y que la explotación para el consumo de agua potable y saneamiento tiene que estar en manos del Estado.
Esta Ley de Riego permite, a través de lo que denomina como asociaciones agrarias, a inversores privados tanto a nivel individual como a empresas, a participar en la construcción de represas. Son represas a gran escala que cumplen la función de almacenamiento de agua, están obligados a distribuirlas y al drenaje luego de su uso para el riego. El tema es que para utilizar esa agua los pequeños y medianos productores vana tener que pagarle a los privados el uso del agua.
Para nosotros esto es crear un mercado paralelo del agua y establecer una figura de inversores y agentes privados que está expresamente prohibida por la Constitución de la República.
Algunos dicen que la Constitución solo establece el saneamiento y el consumo de agua potable, para el consumo OSE toma el agua de las cuencas donde las empresas van a construir sus represas y embalses entonces directamente están incidiendo en la calidad del agua para el consumo.
-Desde ese punto de vista, el de la contaminación, el diputado por el Partido Nacional, Remo Monzeglio aseguró a CRÓNICAS y denunció ante el Parlamento que el estado de la cuenca del río Santa Lucía es preocupante…
-Una de las cosas que nos dicen los legisladores del partido de gobierno que votaron la ley es que en la ley hay mecanismos de control para asegurar que el impacto ambiental sea el mínimo posible. Nosotros les pusimos exactamente ese ejemplo, la cuenca del Santa Lucía fue considerada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en cadena nacional, como una cuestión prioritaria. El Poder Ejecutivo tomó medidas para mitigar el impacto ambiental en el Río Santa Lucía, ninguna de esas medidas ha tenido efecto y, lo que es peor, nadie las ha salido a controlar porque ni la Dinama ni la Dinara tienen los recursos humanos ni financieros como para estar entablando un control a gran escala como necesita la cuenca del Santa Lucía y como van a necesitar las innumerables represas que se construyan en el territorio nacional. Hacen una ley, establecen un control y ellos mismos saben que no lo pueden cumplir. La cuenca del Santa Lucía está en igual o peores condiciones que hace un par de años.
-¿Se pierde la soberanía del agua?
-Sin dudas. Además con esto del cambio climático es incierto lo que pueda pasar. Es muy factible que en algún momento Uruguay vuelva a sufrir una sequía importante, el embalse de agua en ese momento va a estar en manos de privados, y OSE no va a poder acceder al agua, a no ser que se la compre a los privados.
-¿Qué piensa de que la normativa haya sido apoyada por todos los partidos?
-Me da la sensación de que hay un desconocimiento general. Además hay muchos intereses porque el sector agropecuario tiene mucha incidencia en la política nacional. En el caso de algunos legisladores, la disciplina partidaria les hizo votar sin estar muy convencidos. La presión del sector agropecuario es importante. Hay una voluntad expresa del ministro Aguerre de tener una ley de estas características. En el año 2004 el ministro estuvo en contra de la reforma constitucional del agua, y hoy que está en el gobierno, al frente de un Ministerio importante que impulsa esta ley que para nosotros es una ley de privatización del agua, no una ley de riego. Hay muchos intereses en el medio.
-¿Cree que el ministro, como empresario arrocero, tiene intereses particulares en que se apruebe la ley?
-Es de público conocimiento que es un importante empresario arrocero, en las cosechas de arroz lo que más necesitan es un caudal de agua importante. Lo que sí sé a ciencia cierta es que el hoy ministro Aguerre se manifestó en contra de la reforma del 2004, eso es comprobable, todo lo demás queda dentro de las suspicacias.
-¿Qué medidas llevará a cabo FFOSE?
-Tenemos resueltas dos medidas. Una es presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, para eso precisamos que el Poder Ejecutivo promulgue la ley, cuando esto pase, nosotros vamos a tener más en detalle las características de este recurso. A su vez vamos a recorrer el camino de convocar a la ciudadanía con el recurso del referéndum previsto en la Constitución para derogar la ley. Para esto también tenemos que esperar a la promulgación de la ley para ponernos en campaña con la recolección de firmas, pero vamos a apelar a la ciudadanía como en el 2004.
-¿Cuentan con el apoyo del PIT -CNT?
-Ayer se reunió la mesa sindical coordinadora de entes, se apoyó totalmente la iniciativa. En los próximos días se estará haciendo el planteo en la mesa representativa del PIT-CNT. Hoy en FFOSE recibimos el apoyo de otras organizaciones y colectivos integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. La idea es ampliar la base social y gremial para que la gente tenga en claro que no es lisa y llanamente una Ley de Riego sino que va a permitir privatizar los recursos hídricos del país.
