El martes 28 de noviembre, dos hoteles ubicados en las Termas del Arapey -Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal, y Arapey Thermal Resort & Spa- introdujeron un recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado Letrado de 6° Turno de Salto que desestimó el recurso de amparo promovido por ellos. El conflicto se desató tras la decisión de la Intendencia Municipal de Salto (IMS) de instalar un puesto de control con cobro de entrada en el único camino de acceso al predio de Termas del Arapey.
Según un comunicado difundido en días pasados por los operadores hoteleros, la instalación del puesto de control significa «una agresión al derecho de propiedad y a la libertad en sus diversas manifestaciones, que supone la puesta en funcionamiento de un nuevo puesto de control en la única vía de acceso a los complejos hoteleros afectados».
En este control, según ha definido la IMS, se obliga a pagar una entrada a toda persona que, con reserva previa o sin ella, concurra a los hoteles demandantes. Según declaraciones del Secretario General la IMS, Sr. Fabián Bochia, exigen el pago por el ingreso al parque termal y por el uso potencial de las instalaciones, aunque no hagan uso de ellas.
Los hoteleros consideran que el fundamento esgrimido discrimina a las familias que eligen hospedarse en los hoteles privados de las Termas del Arapey. Además, sostienen que la agresión de la que son víctimas los hoteles se refiere a que con la ubicación geográfica del puesto de control en funcionamiento se interfiere y limita el acceso del público general a sus establecimientos.
En el comunicado, los operadores hoteleros expresaron: «Así, por un hecho arbitrario y antidemocrático de un gobierno municipal, se afecta el derecho de propiedad, la libertad de empresa y la seguridad jurídica, aspectos indispensables para realizar inversiones en el país y que garantizan puestos de trabajo para su gente aún en los lugares más alejados».
Finalmente, aseguraron que, con la reinstalación del puesto de control en el lugar en el que históricamente estuvo, «la IMS podría cumplir sus objetivos de recaudación sin violentar los derechos constitucionales de los accionantes».
