De los 129 países que no integran la OCDE, Uruguay se ubica quinto en cuanto a transformación política y económica, y primero en cuanto a gobernanza. Sin embargo, el politólogo Daniel Chasquetti advirtió que este ranking deja una sensación ambivalente, dado que el país se encuentra rezagado en aspectos que pueden volverse preocupantes. El desempeño económico sigue siendo un tanto débil y hay reformas pendientes, como la educación, y el servicio civil, además de las dificultades que se agravan en la interna del gobierno, señaló.
El pasado miércoles 6 de junio tuvo lugar la presentación del Índice de Transformación 2018 durante el Foro Latinoamericano Montevideo, organizado por la fundación Konrad Adenauer y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal).
La medición es una iniciativa de la organización alemana Bertlesmann Stiftung, y analiza si aquellos 129 países que no pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) según los criterios del año 1982 están encausados hacia un cambio social y económico. Este ranking se realiza cada dos años y califica según tres dimensiones: transformación política, económica y gobernanza.
En términos globales, analizando la combinación de las transformaciones políticas y económicas, Uruguay se encuentra quinto, y primero en cuanto a gobernanza. Sobre esto, Daniel Chasquetti, investigador y profesor en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR), realizó un análisis y remarcó que hay un “delay” entre la realización del informe y la realidad.
El índice de transformación política mide si la democracia funciona. En esto, Uruguay logró un puntaje de 9.95 sobre 10, aunque en transformación económica, se encuentra décimo. Entre el período comprendido entre 2016 –cuando se realizó el último análisis- y 2018, nuestro país cambió muy poco. Aunque, por otro lado, se develan algunas dificultades.
“La mayoría de los ítems no empeoran, pero tampoco mejoran, por lo que a mí la sensación que esto me genera es que estamos perdiendo tiempo, ya que cosas que tendríamos que haber hecho en el año 2014 o 2012 todavía las seguimos teniendo pendientes”, advirtió.
Dentro del índice de transformación económica Uruguay solo tuvo un cambio: el relativo al nivel de desarrollo socioeconómico. La pregunta para determinar este factor fue: ¿Hasta qué punto un importante sector de la población se encuentra excluido de la sociedad por pobreza y desigualdad social? En esto, nuestro país bajó un punto.
Respecto a educación, Uruguay tiene un puntaje de siete sobre 10. “Yo me pregunto hasta qué punto vamos a mantener ese siete si no tomamos grandes medidas”, se preguntó Chasquetti.
Ahora bien, en cuanto al indicador en general, si se toma en cuenta el período comprendido entre 2006 y el 2018, se nota que durante la primera administración de Tabaré Vázquez hay una mejora muy clara, mientras que en la de José Mujica se genera una planicie que, desde entonces, viene en deterioro. Aunque hay algunos factores externos que inciden en esta medición y sobre los cuales Uruguay no tiene demasiada influencia -como la caída de los precios internacionales o la desaceleración económica-, hay otros en los que el disertante opinó que se tiene una responsabilidad, como la sustentabilidad o la educación.
El índice indica que nuestro país perdió un punto en implementación de políticas públicas, en el entendido de que se observan dificultades por parte del gobierno para definir un rumbo claro de las mismas dado los diversos puntos de vista entre el gobierno, la bancada y el partido.
“El presidente sigue teniendo la iniciativa de tomar decisiones, pero hay actores de veto que pueden bloquear decisiones o influir hasta intentar cambiarlas. Ahí se forma un juego estratégico entre actores”, expresó el politólogo. Más adelante, expresó: “Actualmente no sabemos cuán sincero es el gobierno en sus preferencias, porque como tiene actores de veto, puede ser que esto se esté adelantando a las preferencias. Cuando escuchamos hablar a Tabaré Vázquez sobre educación, tal vez no esté siendo totalmente sincero, sino que capaz se está adelantando para tratar de mantener un buen equilibrio”.
De todas formas, el politólogo advirtió que eso no quiere decir que el gobierno esté bloqueado, sino que tiene algunas dificultades en determinados asuntos.
El aumento del gasto público en materia de funcionamiento estatal no viene acompasado con el tipo de calidad de servicios del país, y es por lo tanto que Chasquetti señaló la necesidad de realizar una reforma del servicio civil.
Tres dimensiones claves
Durante la exposición, Alfonso Capurro, economista de CPA Ferrere, señaló que se debe hacer énfasis en los conjuntos de normativas que deberían aprobar la eficiencia en el uso de los recursos.
Es que, dijo Capurro, habiendo solucionado los temas macro, en los últimos años se ha venido configurando el momento de hacer “reformas críticas” en temas concretos que ayuden al país a avanzar en la eficiencia y la competencia de mercados.
En este sentido, el economista señaló tres puntos clave: mercado laboral, salud y combustible. “Uruguay ha priorizado mucho la cobertura de servicios en muchos ámbitos, pero no ha reflexionado si eso es caro o eficiente”, dijo, y señalizó como ejemplo la reforma de la salud
En cuanto a combustibles, advirtió que aunque no hay problemas en acceso a ellos, se ha trabajado poco en su eficiencia.
“Tenemos sectores transables que están expuestos a la competencia de la presión internacional, y otros no transables que muchas veces están protegidos por la regulación. Hay transferencias de los transables a los no transables, en el caso de combustibles es un ejemplo muy claro. No hay un régimen de competencia que promueva la eficiencia en la importación, refinación y distribución, pero sí en empresas que consumen el combustible que luego no se disponibiliza a precios eficientes. Esto luego lo pagamos todos con el empleo”, puntualizó.
Para el economista, la forma de atacar esto es cambiar la regulación que gobierna los mercados, mejorar el régimen de competencia de Ancap –de gobierno corporativo de empresas públicas, y darle más competencia a los órganos deliberantes.
Por otro lado, aseveró que actualmente se está en una situación donde los Consejos de Salarios están puestos a prueba dado que es la primera vez que se enfrentan a un ciclo económico negativo. “Estamos viendo lo que a veces se pensaba, que un mecanismo de negociación podría implicar rigideces en el mercado laboral que hicieran pagar costos en términos de empleo”, expresó. Por último, comentó que sin Consejos de Salarios igual se tendrían problemas de empleo. “No me animo a decir si estos serían de la misma magnitud”, aclaró.
