Se conocieron cifras no oficiales sobre el registro de homicidios y rapiñas en el país en lo que va del 2018. El estudio estuvo a cargo del Observatorio en Seguridad de Fundación Propuestas del Partido Colorado (Fundapro), y hasta ahora no ha recibido críticas por parte del gobierno.
“En seguridad no fracasa el Estado, fracasa quien lo gestiona: el gobierno. Hay que dar vuelta la página de un modelo agotado y que ha demostrado no obtener los resultados esperados”, dice una frase del informe en su corolario. Es que para Guillermo Maciel, director de Fundapro, no hay un solo responsable del resultado, sino que se trata del equipo de gobierno.
El Ministerio del Interior (MI) recibe más de US$ 900 millones anualmente de presupuesto, según informó a CRÓNICAS Maciel. Para él, esta es una cifra con la que es posible brindar mejoras al sistema de seguridad nacional, pero, sin embargo, “está pasando exactamente lo contrario”.
En el documento presentado se ve un aumento record en inseguridad, y aunque no sean cifras oficiales, desde Fundapro aseguraron que no son muy distintas las que se presentarán oficialmente en rapiñas y homicidios. Incluso, Maciel citó al director de Comunicaciones del MI, Fernando Gil, quien escribió en su blog personal: “Uruguay se apronta a conocer, con datos objetivos, una de sus peores estadísticas de delitos desde que se lleva registro”.
Además de esto, el periodista Gabriel Pereyra también adelantó cifras en materia de crecimiento de estos delitos, y en Fundapro las incorporaron al informe. “Ambas cosas van en consonancia con lo que nosotros venimos registrando de aumentos de delitos.
No salió nadie a cuestionar nuestro informe y lleva varios días en circulación, no hemos tenido voces críticas de ningún tipo”, indicó el entrevistado.
Una de las gráficas que se plasman en el informe marca la cantidad de homicidios anuales desde 1980 al 2018. Dentro de las fechas comprendidas en los gobiernos del Frente Amplio se visualizan tres picos en donde el delito se disparó: en 2012, 2015 y este 2018. Todos los años se ubican dentro del período de Eduardo Bonomi al frente del MI.
“Se demuestra que la llamada seguridad no ha mejorado con el gobierno del FA, sino que ha empeorado y exponencialmente. Se ve una tendencia a la consolidación de la inseguridad que se explica por una mala gestión de los recursos que tiene el MI, falta de estrategia e idoneidad para llevar adelante políticas que permitan revertir la situación”, analizó el director.
Tres problemas, tres soluciones
Maciel sostuvo que en necesario enfatizar en el gobierno si se piensa en los culpables de esta situación, ya que “han pecado en las ‘políticas de las tres i’”, y explicó que “se está frente a un oficialismo inepto para llevar adelante políticas sociales exitosas; irresponsable porque es su función la de cuidar a la población e insensible ya que acusa a las víctimas de ser responsables, y se justifica en vez de resolver los problemas”, detalló el director.
Para intentar llegar a una solución, desde Fundapro, se plantea que es necesario hacer hincapié en “los tres pilares fundamentales” de la seguridad: control del delito a través de patrullaje con buenas conexiones de las comisarías; mejorar la tasa de aclaración de los delitos; y, en tercer lugar, que exista una verdadera rehabilitación de los presos. “En este sistema no hay prevención, hay un mal porcentaje de aclaraciones y no existe la rehabilitación”, sostuvo.
Descentralización
El presidente Tabaré Vázquez envió un proyecto de ley que se abordará en el Parlamento, en el que se plantea el pasaje de las cárceles a manos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y ya no del MI. Maciel fue consultado respecto a su postura en cuanto al tema. Indicó que anteriormente a este paso ya se habían presentado varios proyectos similares a Presidencia, “y hubo coincidencias” en que es necesario que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) salga de la órbita del ministerio.
“Existen varios proyectos de ley que se han presentado, incluso por parte de la oposición. Se llevó el tema al presidente pero hubo seudoacuerdo en esa instancia”, afirmó. Se propone crear un organismo descentralizado que se vincule con el Poder Ejecutivo (PE) a través de algún ministerio, “pero no tiene por qué ser el MEC, podría ser el de Desarrollo Social”, sostuvo el entrevistado.
El ministerio en cuestión solo debería ser intermediario entre el organismo que se creé para la administración y el PE. “Esto sería ordenar el panorama; creo que nosotros y Cuba somos los únicos países donde las cárceles están dentro del ministerio. En otros lugares hay un ministerio de justicia y están allí dentro, no del de Seguridad o Interior”, sostuvo.
Maciel tomó esto como un primer paso para “separar las aguas y luego hacer un trabajo de rehabilitación en el organigrama del Estado”.
