Luego de tres años de trabajo, es prematuro para realizar un análisis del trabajo realizado por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) en su labor en la reinserción de los menores infractores en la sociedad. Durante este tramo, la presidenta del organismo, Gabriela Fulco, mencionó a CRÓNICAS que se han encontrado con resistencias al cambio cultural y de formación por parte de funcionarios.
El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) es una de las terminales a las que arriban los jóvenes en conflicto con la ley penal. Otra podría ser el cementerio, advirtió Gabriela Fulco, directora del Instituto, durante una entrevista con CRÓNICAS, para describir las historias con las que llegan al centro los menores, junto con un daño desde el punto de vista psicológico. Es por esto, que la jerarca subrayó la necesidad de trabajar “profundamente” en la prevención primaria del delito.
En la naturaleza primordial del Inisa, bajo la cual nació conjugado por la ley Nº 19367, “es la inserción social y comunitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante un proceso psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de su condición de sujeto de derecho”, según reza la normativa. Bajo este rumbo es que se realiza un trabajo integral con otros organismos del Estado, desde hace tres años, cuando tuvo lugar la descentralización del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
De todas formas, aún es prematuro para evaluar los resultados. Luego de tres años de trabajo del centro, cuando muchas de las “medidas socioeducativas” -como señaló la jerarca que es el nombre adecuado para las penas a menores de edad- son de cinco años, resta tiempo para un correcto análisis.
Con el objetivo de evitar la reincidencia, se generan espacios de acompañamiento y egreso penitenciario, se establece coordinaciones y espacios para que esto se produzca, y se envía a organismos del Estado las listas con los egresos previstos durante el año entrante, dijo Fulco. Estas acciones son nuevas en el tiempo.
Las dificultades por las que atraviesa el Inisa han sido manifestadas por sus autoridades en variadas oportunidades. Ante la consulta de si tras las mismas han recibido ayuda por parte del Estado, Fulco comentó que “hay que interpretar la respuesta de presupuesto cero”. Por otro lado, mencionó que desde el punto de vista de asistencia técnica han recibido apoyo de la cooperación internacional, pero que, como Uruguay ha pasado de ser un país de renta alta, la ayuda monetaria se retiró.
Adolescentes mayores
La presidenta de la institución aseguró que “de ninguna manera” hay hacinamiento dentro de los centros y que, por celda, se encuentra un promedio de dos personas. En el último tiempo, ha habido una disminución sustantiva de jóvenes privados de libertad, los que pasaron de 700 durante la creación del organismo, a 340 en la actualidad.
Aunque aún no hay una evaluación en concreto que explique este descenso, Fulco mencionó varias hipótesis, relacionadas al trabajo llevado adelante con jueces y fiscales en la promoción de medidas no privativas de libertad, en la prevención de poblaciones de menores de edad, a un cambio de código de proceso penal, a un período del año y a las circunstancias país.
Como no es seguro que esta cifra se mantenga, baje o aumente, desde la institución continuarán con un signo de interrogación, observando los comportamientos.
Además, los jóvenes no egresan necesariamente del Inisa al cumplir los 18 años de edad, sino al terminar de cumplir su pena, lo que puede tener lugar, por ejemplo, a los 21 años de edad. Es decir que también gestionan la privación de libertad de adultos, aunque en el caso de estos, están separados en otro centro de reclusión. De todas formas, pueden obtener el beneficio de la medida sustitutiva al cumplir la mitad de su medida socioeducativa, y continuando con los procesos educativos –muchos de ellos deben iniciar ciclo básico aún- y de inserción social y laboral.
La resistencia al cambio
Fulco sostuvo que son muy pocos los internos a los que se les otorga el programa de semilibertad, donde pasan ocho horas al día fuera del centro, insertos en el sistema educativo y en actividades necesarias para su rehabilitación. En este caso, si bien son ocasionales y escasas durante el año, ocurren fugas que se deben, señaló, a negligencia por parte de los educadores a cargo del turno, relacionadas a falta de control y cumplimiento de las normas y disposiciones que hacen a los temas de seguridad.
Desde el 2015 a la fecha, se ha desplegado un trabajo de capacitación por parte de la institución hacia los trabajadores, ante la cual algunos funcionarios han respondido con “resistencia al cambio”. Ante esto, la presidenta del Inisa declaró: “En ocasiones es complejo realizar un cambio cultural, para algunos funcionarios que no tienen el perfil para trabajar en esta materia que demanda un alto grado de especialización y que, tradicionalmente, nunca lo hubo en el sistema. También hubo resistencias de formación para cumplir o entender siquiera de qué estamos hablando cuando hablamos de rehabilitación”.
La institución se encontró con funcionarios que, al igual que los internos, no habían terminado ciclo básico ni -en algunos casos puntuales- la escuela. La especialización en la materia, por lo tanto, estaba por fuera. No obstante, esta situación ha mejorado progresivamente “con mucho esfuerzo” y demandará aún más esfuerzo durante más tiempo, aseveró Fulco,
Los funcionarios del Inisa son elegidos a través de concurso público. Actualmente, se requiere ciclo básico completo para ingresar, sobre el cual se brinda capacitación y se promueve que estos continúen con su carrera educativa. En el último tiempo, el número de funcionarios ha mermado. “Durante la Rendición de Cuentas anterior se otorgó un ingreso de 200 funcionarios para las áreas de trato directo y seguridad, lo cual es insuficiente aún”, expresó. Para cubrir todas las necesidades del sistema, tanto en las áreas administrativas, técnicas y de seguridad, es necesario que ingresen 400 funcionarios más.
Los últimos días de 2017, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), junto al INAU e Inisa firmaron un convenio tripartito en el marco de la ley de negociación colectiva en el ámbito público, que mejora las condiciones salariales y de trabajo para sus funcionarios. Algunos de estos beneficios ya se venían desarrollando en el centro, cuando crearon una unidad de salud ocupacional. “Cuando hay muchas carencias dentro del sistema, como tenemos nosotros, dar ese beneficio y confort en el trabajo repercute en la salud de los funcionarios”, observó.
La tablada
Abocado al cierre definitivo de la Colonia Berro, el Inisa trabajaba en un proyecto de construcción de un nuevo complejo en La Tablada, pero meses atrás la justicia realizó una acción de amparo sobre las hectáreas en las que se encuentra el centro. Ante esta decisión, Fulco declaró que siguen firmes en la decisión de la construcción de un nuevo centro, puesto que el país “tiene que superar la Colonia Berro”, por lo que redimirán el proyecto hacia otro terreno. Aunque admitió que tienen un punto en la mira, prefirió no comentarlo por el momento.
Fuera del portón
En ningún sistema, en ninguna parte del mundo, la privación de libertad es la única solución, señaló Fulco. Es por esto que el organismo lleva un despliegue de programas fuera de sus puertas, y un acompañamiento posterior al egreso de los procesados, puesto que sistemas del exterior demuestran que llevar una observación entre uno y cinco años, tiene resultados en la baja de los niveles de reincidencia.
En línea con el mundo
Tras el traspaso de la institución, el Inisa ha estado trabajando en un nuevo modelo de protocolo de ejecución de medidas no privativas de libertad, definidas en las llamadas “Reglas de Tokio”. De esta forma, Uruguay se alinea con los principios que dicta la normativa internacional en materia de derechos humanos.
Las resistencias
“En ocasiones, es complejo realizar un cambio cultural, para algunos funcionarios que no tienen el perfil para trabajar en esta materia que demanda un alto grado de especialización y que, tradicionalmente, nunca lo hubo en el sistema. También hubo resistencias de formación para cumplir o entender siquiera de qué estamos hablando cuando hablamos de rehabilitación” expresó Gabriela Fulco.
