La directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, señaló la importancia de las medidas de semilibertad en los menores infractores, apoyándose en la experiencia internacional. No obstante, indicó que problemas en la infraestructura edilicia y una gran certificación médica por parte de los empleados dificultan la implementación de los planes.
Por Anahí Acevedo @PapovAnahi
A un año de la creación de la Comisión Asesora Intergubernamental del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Gabriela Fulco, directora de este organismo realizó un balance positivo y aseguró que se ha logrado poner foco en los señalamientos internacionales respecto a las medidas no privativas de libertad.
No obstante, la brecha entre los jóvenes privados de libertad, y quienes cumplen con las medidas recomendadas por los organismos internacionales, es aún bastante amplia, puesto que solo ocho menores de los 500 procesados cumplen con medidas de semilibertad. A la vez, 180 jóvenes están con medidas no privativas de libertad.
Fulco afirmó que dentro de los objetivos del Inisa está el fortalecer las medidas de semilibertad. “Este es un régimen muy positivo y que nos ha dado muy buenos resultados” declaró. Estas medidas disponen que el joven pueda salir ocho horas para estudiar y trabajar, estando el resto del tiempo dentro de la institución cumpliendo con otros programas.
Red de apoyo
La directora del Inisa declaró que han atado el trabajo de su institución a los servicios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el cual se encargará de realizar un seguimiento post-penitenciario. “Este programa está siendo fortalecido a través de Jóvenes en Red del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) cuya misión es que una vez que el joven salga pueda continuar siendo asistido en libertad”, apuntó
Igualmente, recordó que la experiencia internacional indica que a la salida del sistema penitenciario, tanto adultos como menores, deben tener una red de apoyo que se debe mantener durante tres o cinco años, y señaló que el trabajo que se realiza durante el periodo de privación de libertad no es la totalidad de la rehabilitación.
“Si no creamos esa red de apoyo, hay muchas situaciones de fragilidad donde si el joven o el adulto que egresa no es apoyado, es probable que pueda caer en la reincidencia”, remarcó.
En esta misma línea señaló que se han formado grupos de trabajo en pos de generar las condiciones necesarias para que esta red de apoyo funcione. “Esperamos extendernos al Interior ya que como nuevo servicio descentralizado tenemos la responsabilidad de estar en todo el país”, comentó y agregó que este proceso se hará de forma progresiva.
“En nuestro país había dos sistemas de privación de libertad. Uno el que tenía el ex Sirpa cubriendo Montevideo y Canelones y el resto a cargo del Inau, de los jefes departamentales”, explicó Fulco.
En este sentido dijo que se debe “pensar en términos de equidad” para que la Justicia se cumpla de igual forma para quien fuese procesado, tanto en Montevideo como el interior del país, con medidas privativas de libertad o no. “Ese es el rumbo que tenemos, equilibrar la balanza para que no sea una suerte caer en un lugar en vez de en otro”, declaró.
La experiencia de los jóvenes no privados de libertad es positiva, según Fulco. En noviembre del año pasado se desarrolló un nuevo modelo donde se busca que el joven procesado no vaya a un servicio a realizar distintas actividades, sino que sea el servicio el que siga al joven en la comunidad y realice un seguimiento. Fulco se refirió a esto como “un programa individualizado para atender cada una de sus fragilidades, puestas en una red de recursos comunitarios que son el sostén que lo debe seguir”.
Justicia restaurativa
Además señaló que la reparación a las víctimas también se toma en cuenta. Aseguró que hoy se pone en práctica una línea de justicia restaurativa donde se apuesta a que los jóvenes puedan devolverle a la sociedad una reparación con respecto al daño ocasionado, ya sea directamente a la víctima o simplemente a nivel comunitario. Para eso, además, se está desarrollando un programa que tendrá su inicio en 2017.
Para cumplir con este objetivo está previsto el ingreso de entre 200 y 300 funcionarios que es lo que les permitirá el presupuesto en este período. “En este momento se está haciendo un llamado para el área de seguridad y de trato directo”, recordó Fulco.
Conflictividad
La directora del Inisa señaló que el nivel de conflictividad en los centros ha bajado “significativamente” en la medida en que se han realizado intervenciones de combate a la corrupción. A la vez, aseveró que hay un centenar de investigaciones administrativas en marcha, sumarios y algunas denuncias penales.
“Los jóvenes tienen deporte de lunes a domingo y esto ha impactado en el consumo de psicofármacos”, señaló y apuntó que todos aquellos que practican deportes han dejado de consumir drogas. Además, dijo que se están fortaleciendo las medidas en salud mental sobre responsabilidad de delitos y modificaciones de conductas violentas.
Edificios
Por otra parte, reconoció “muchas dificultades” relacionadas con la estructura edilicia de los centros, las 18 instituciones repartidas entre Montevideo y Canelones y el alto número de certificaciones médicas. “Entre los meses de enero y febrero tuvimos un pico de 370 certificaciones médicas”, indicó. En esta línea, expresó: “cada vez que se da un paso positivo y se desarrolla un plan, resulta que la gente se enferma y se restringe la posibilidad de desarrollar el plan que estamos preparando”.
Fulco recordó que desde 2015 han informado sobre la situación en la que recibieron los centros en el momento en que asumieron. “Nos encontramos con un panorama devastador desde el punto de vista edilicio. Cada vez que llueve hay un centro que se inunda, literalmente”, describió. Al mismo tiempo, dijo que las construcciones nuevas son “absolutamente deficitarias”, por lo que están “permanentemente remendando”.
Para la presidenta del Inisa “no tiene lógica” que se mantenga la estructura de los edificios donde residen los menores, y puso como ejemplo el edificio donde se ubica la Colonia Berro, el cual fue construido a principios del siglo XX y pensado como un hogar a cargo de una pareja.
“Esos centros no permiten desarrollar los programas que tenemos pensado. Terminan siendo lugares de depósito”, aseguró y añadió que el plan para el final del período es contar con un complejo nuevo en los predios de La Tablada, elaborado con el asesoramiento de Unicef. “La meta será culminar con el cierre de la Colonia Berro al final del período”, subrayó.
