El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak; el subdirector general, Marcelo Pesce; y el fiscal de corte Jorge Díaz, asistieron a un desayuno de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing para intercambiar visiones sobre el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que regirá a partir del 16 de julio. Una novedosa transformación del código es el sistema Audire, mediante el que se podrá realizar audiencias orales y grabadas. Chediak reconoció sus ventajas, pero advirtió que «en estos tiempos que corren, la mayor exposición puede conllevar riesgos de amenazas o efectivización de ataques contra los operadores judiciales».
Por Federica Chiarino | @FedeChiarino
El presidente de la SCJ mostró preocupación, no solo por los posibles ataques o amenazas contra los operadores judiciales, sino también por la exposición de las víctimas y testigos. Muchos de ellos tienen temor de declarar de forma pública en una audiencia, y el sistema de grabaciones podría ser un obstáculo más en este sentido. «De allí la necesidad de protocolo para cuando se requiera proteger la identidad de víctimas y testigos, la identidad de los operadores», explicó Chediak.
Audire implicará la sustitución de un sistema de actas que, en general, se resumen -ya que sería difícil transcribir lo que se dice palabra por palabra-, por una grabación en audio de alta calidad, que consta de cuatro micrófonos. Esto genera mayor fluidez en las audiencias y más garantías.
La fiscalía se plantea, entre sus desafíos, según estableció el fiscal Díaz, el de promover la persecución penal con el auxilio de la autoridad administrativa, y atender y proteger a las víctimas y testigos de los delitos. «La víctima es el gran olvidado del proceso penal hoy», opinó Díaz. El nuevo código establece un estatuto y derechos para las víctimas de proponer pruebas, de estar informadas, e incluso de oponerse a la decisión del fiscal de archivar una investigación, decisión que hoy es irrecurrible.
Con la creación de la Fiscalía General de la Nación, los fiscales dejaron de realizar algunas tareas en el área de familia, para concentrar sus esfuerzos en el área penal. «Este es otro de los cambios que tenemos que entender. Un fiscal no es un juez chiquito, el fiscal no es un magistrado con minúscula; es fiscal, con mayúscula», dijo Díaz.
En esta línea, Chediak habló sobre el cambio en los roles de los fiscales y jueces. La investigación policial continuará bajo sus mismas reglas, pero será la fiscalía quien se encargue de supervisar y dirigir, en lugar del juez. Ambos pasarán por un proceso de adaptación a sus nuevos roles.
El subdirector general de la Suprema Corte de Justicia anunció la liberación de una ventanilla única judicial, a la que tendrán acceso los abogados y defensores públicos. Esto permitirá un acceso directo al expediente, brindando mucha más información que la consulta remota, mecanismo que se utiliza en la actualidad. «El Poder Judicial se encamina hacia que la presentación de actuaciones para iniciar expedientes o incluso presentar escritos, se haga de forma no presencial, a través de la ventanilla única», anunció Pesce.
Otro anuncio, que ya está en marcha, es el del expediente judicial electrónico. Este se enmarca en una serie de transformaciones tecnológicas que se detectaron como oportunidades con el nuevo Código.
El fiscal Díaz sostuvo que la reforma del proceso penal es urgente e ineludible, y que no se puede seguir «haciendo trampas al solitario» en la comunidad internacional. «Si nosotros no cambiamos nuestro proceso penal, el día que a Uruguay lo demanden ante la Corte Interamericana de DDHH, nos van a condenar, tengámoslo claro», advirtió.