El pasado jueves, luego de conformarse un grupo de trabajo para analizar estrategias para impedir la realización de nuevas estafas o fraudes en perjuicio del Fonasa, se realizó una conferencia de prensa en la que participaron las asociaciones que nuclean a las principales mutualistas del país. En la conferencia, la Junasa afirmó que solo maneja menos de 600 casos de estafas, frente a las 31.000 difundidas por la Policía en días pasados. Las asociaciones entienden que el Banco de Previsión Social (BPS) puede tomar más recaudos para asegurar que una persona está efectivamente afiliada.
Por Federica Chiarino | @FedeChiarino
Tras la maniobra fraudulenta realizada en perjuicio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) nucleadas en la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud (CIES), la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi) y Médica Uruguaya solicitaron a la Junta Nacional de Salud (Junasa) convocar a una reunión de carácter urgente, para proponer la conformación de un ámbito de trabajo específico en el que se analicen estrategias y propuestas que impidan la realización de cualquier estafa o fraude en perjuicio del Fonasa.
Luego de la reunión con la Junasa, en el día de ayer, expusieron en conferencia de prensa Daniel Porcaro y Luis González Machado, en nombre de IAMC, CIES, Fepremi y Médica Uruguaya. El grupo de trabajo solicitado a la Junasa fue conformado en la noche del miércoles, para intercambiar y generar políticas que permitan tomar medidas para evitar la reiteración de este tipo de estafas.
Las asociaciones mencionadas entienden que el Banco de Previsión Social (BPS) puede tomar más recaudos para asegurar que una persona está efectivamente afiliada. Las mutualistas resolvieron unir sus experiencias, distintas en cada caso, para generar una única propuesta, que será discutida en el ámbito de la Junasa. En la conferencia se reivindicó el derecho a la libre elección de los usuarios y la potestad de asistirse en los servicios de salud que mejor atención provean a sus necesidades, convicciones y valores personales, rechazando, en consecuencia, cualquier tipo de acción que atente contra la libre elección del prestador de salud por parte de los usuarios.
Tras el descubrimiento de esta millonaria estafa, se difundió entre los medios que, desde el año 2011, cuando se puso en práctica la maniobra de los estafadores, habría habido unas 31.000 afiliaciones fraudulentas. Sin embargo, la única información concreta que maneja la Junasa abarca menos de 600 casos.
En la conferencia de prensa se dijo que aún no se ha discutido en las mutualistas la devolución que solicita el Ministerio de Salud Pública, ya que podría haber algunos afiliados que hayan hecho uso de los servicios. Todos ellos, al momento de ser dados de alta en el BPS, gozaron de la cobertura del servicio de salud. Para todos ellos, el seguro estuvo vigente, por lo que quienes convocaron a la conferencia no entienden que tengan que ser las mutualistas quienes devuelvan el dinero. El argumento manejado es que el autor de la estafa debería ser demandado, y que sea la Justicia la que resuelva si debe responder por lo que no pagó.
Las soluciones surgirán del nuevo grupo de trabajo que ha sido conformado entre las mutualistas, el CIES, Fepremi y Médica Uruguaya. Estas son las que tomaron el compromiso de generar nuevas propuestas. Entre ellas, se maneja la modificación del sistema de afiliaciones, proponiendo que se haga por medio de un call center, con sistemas informáticos calificados. Sin embargo, esto es apenas una idea. Junasa y las asociaciones mencionadas resaltaron su firme compromiso de colaborar con la labor de la Justicia para que se esclarezcan totalmente los hechos y se identifiquen los responsables.
