El pasado 28 de setiembre se celebró el Día Internacional del Acceso a la Información Pública, aprobado por la Unesco para todos sus países miembros. En Uruguay, Agesic y la Unidad de Acceso a la Información Pública, realizaron un encuentro de dos días de conferencias y paneles referidos al tema, que finalizará este mediodía. En diálogo con CRÓNICAS, Gabriel Delpiazzo, miembro del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, dijo que Uruguay viene «de una cultura de secreto, en la que la transparencia no es una condición natural que esté en el ADN de los organismos públicos, todo lo contrario. La tendencia es al secretismo, a ocultar».
Por Federica Chiarino | @FedeChiarino
Desde 2008, en Uruguay, el acceso a la información pública está respaldado por una ley: la número 18.381. La construcción de una cultura de la transparencia es algo muy reciente y demanda un cambio estructural en el que la Unidad de Acceso a la Información Pública está trabajando. Delpiazzo se mostró optimista respecto a los avances que se han logrado, aunque reconoció: «no podemos negar de dónde venimos».
El nivel de conocimiento de la población respecto a la existencia de la ley continúa siendo bajo. Quienes más la conocen y utilizan son los periodistas, por la naturaleza de su profesión. Pero a nivel de la población general, según encuestas de la Unidad de Acceso a la Información Pública, apenas un 25% de la ciudadanía sabe que existe una ley que respalda este derecho. «Para nosotros, es un porcentaje bajo», dijo Delpiazzo, y señaló que Uruguay debe trabajar para alcanzar porcentajes mucho mayores.
La aprobación de la ley en Uruguay se dio en el marco de una tendencia a la implantación de leyes de acceso a la información pública en toda la región. Hasta hace 20 años, solo un país de América Latina contaba con Ley de Acceso a la Información Pública. Hoy solo cuatro países no cuentan con una ley de este tipo: Bolivia, Venezuela, Cuba y Costa Rica. Para Delpiazzo, la existencia de regulación a nivel legal es importante porque «establece el procedimiento, la manera de instrumentar los pedidos de información».
La ley establece una enumeración de requisitos muy concretos para realizar un pedido de acceso a la información pública. Cualquier ciudadano puede hacerlo, siempre y cuando lo realice por escrito, se identifique a sí mismo en su rol de solicitante, describa de la manera más precisa posible la información a la que quiere acceder y, por último, indique el soporte en el que quiere recibirla.
Según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana, la titularidad del derecho de acceso a la información es universal. A su vez, cuando se solicita el acceso, ninguna persona ni institución tiene derecho a preguntar por qué o para qué el solicitante necesita esa información. Quien accede a la información pública posee, además, el derecho de divulgarla.
Todas las autoridades públicas son sujetos obligados por el derecho de acceso a la información. Esto incluye los tres poderes, así como los órganos creados por ley, controlados por el gobierno, o que operan con fondos públicos o desarrollan funciones públicas. Se incluyen también las personas que cumplen funciones públicas.
Un pedido de acceso se puede hacer sobre cualquier asunto que sea considerado información pública. Las excepciones son pocas y para los casos concretos que la ley establece. Las leyes de acceso a la información pública se usan, principalmente, para exponer casos de corrupción e ineficacia del gobierno. Sin embargo, existen otros tipos de información relevante que pueden contribuir a mejorar el desarrollo social de sus países. Medio ambiente, salud, educación, derechos laborales, democracia, son solo algunos ejemplos de temas sobre los que se podrían hacer pedidos de acceso.
El derecho de acceso a la información pública recae sobre la información que está bajo custodia, administración o tenencia del Estado. Incluye la información que el Estado produce o que está obligado a producir, la que está bajo poder de quienes administran los servicios y fondos públicos, y la que el Estado capta y está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones. La Unidad de Acceso a la Información Pública considera necesario mejorar el mecanismo de información de la sociedad civil sobre el uso de estas leyes.
Cuando un organismo público recibe un pedido de acceso, genera su debido expediente. El plazo para dar una respuesta final es de 20 días desde que se recibió el pedido, pudiéndose prorrogar por otros 20 más, solo en el caso de que existan razones fundadas para hacerlo.
La ley obliga a contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las negativas de entrega de información, que resuelva el fondo de la controversia y ordene la entrega de la información en caso de determinar la vulneración del derecho de acceso. En el caso uruguayo, este rol está a cargo de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
El año pasado, en Uruguay se realizaron poco más de 4.000 pedidos de acceso a la información pública, según datos de la Unidad de Acceso, en base a información de los organismos estatales. En lo que va de este año, ya se han realizado cerca de 900 solo en la Intendencia de Montevideo. Con estos datos a la vista, la Unidad de Acceso aspira a duplicar la cifra del año pasado.
El evento
Las actividades realizadas por Agesic y la Unidad de Acceso a la Información Pública, en el marco del Día Internacional de ese derecho, convocaron a expertos calificados a brindar charlas y participar de paneles donde pudieron intercambiar con el público y los moderadores para difundir casos de éxito en la aplicación de la ley. «Nuestro principal objetivo con celebrar el Día Internacional del Derecho al Acceso, fue poder poner el tema en agenda, en la opinión pública. En definitiva, llegar a la ciudadanía con el mensaje», dijo Delpiazzo.
El jueves comenzó con un café de bienvenida, y las palabras de apertura de Juan Andrés Roballo, prosecretario de Presidencia de Uruguay; Lidia Brito, directora de la oficina regional de ciencias de la Unesco para América Latina y el Caribe; y José Clastornik, director ejecutivo de Agesic Uruguay.
El primer panel llevó el título «Democracia», y comenzó con una charla de Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Participaron como panelistas: Gerardo Noto, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Paula Martins, directora regional de Artigo 19 de Brasil; Adrián Pérez, secretario de asuntos políticos del Ministerio del Interior de Argentina; y Juan Andrés Roballo.
El segundo panel fue sobre Desarrollo, y estuvo presidido por Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, a través de una videoconferencia. En el rol de panelistas participaron Félix Domínguez, de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil; Carlos Monge, de la sociedad civil NRGI de Perú; José Luis Santa María, representante del Consejo para la Transparencia de Chile; Santiago Soto, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay; y Juan Pablo Guerrero, de la OGP.
El viernes comenzó con un panel sobre derechos humanos, con una charla magistral a cargo de Charlotte McClain-Nhlapo, del Banco Mundial. El panel estuvo integrado por Vivian Newman, de la sociedad civil de Justicia, de Colombia; Joan Barata, experto internacional de España; y la uruguaya Margarita Percovich.
«Nuestra sensación, al organizar este evento con Gabriel (Delpiazzo) y su equipo, era que ya no era necesario discutir la necesidad de la ley. El espíritu de este evento es que sean usadas por la población», dijo Guilherme Canela, consejero regional de comunicación e información de la Unesco.
Delpiazzo añadió que, al implantarse la ley en Uruguay en el año 2008, el tema cobró relevancia, se empezó a capacitar y a trabajar en acciones vinculadas a transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, luego de unos años se alcanzó una meseta en la que el país se mantuvo en una zona de confort al no recibir tantos pedidos.
El evento sirvió como la excusa perfecta para volver a dar fuerza al tema del acceso a la información pública, y volver a colocarlo en la agenda. «La batalla principal es lograr que haya respuesta. Aunque sea diciendo que no. Lo que me parece que no podemos tolerar es el silencio», opinó Delpiazzo.
Semanas previas a la realización del evento, Agesic y la Unesco, con el apoyo de la agencia Sputnik, realizaron una acción en toda América Latina a través de la que pedían al público que les enviara preguntas bajo la consigna «¿qué preguntarían ustedes a sus gobiernos?» La repercusión fue grande, y durante el evento los moderadores recibieron estas preguntas y trataron de darles respuesta.
El ITAeL
El miércoles pasado se publicaron los resultados del Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL), un estudio realizado por el Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Este índice mide el nivel de transparencia activa en las webs de los organismos públicos evaluados.
El ITAeL arrojó que el 33% de los organismos relevados publicó menos del 40% de la información que la ley le exige. Consultado al respecto, Delpiazzo opinó que «hay un desafío de seguir avanzando en esa materia». «Hoy es cierto que, mirando el vaso medio lleno, si entrás a cualquier sitio web de un organismo, tenés mucha más información que antes. Pero hay que seguir», añadió.
Delpiazzo sostuvo que la transparencia activa en línea es un aspecto fundamental para el acceso a la información pública, ya que el ciudadano no quiere tener que realizar un pedido. Por el contrario, quiere tener la información al alcance de un clic.
El rol de la Unidad de Acceso a la Información Pública es controlar que se publique la información requerida en los sitios web, pero también asegurarse de que los pedidos de acceso se contesten en tiempo y forma, y que las clasificaciones de acceso se hagan de la forma más adecuada posible.
