Una comisión especial del Senado comenzó con la articulación de un proyecto de ley para crear la figura de delito y generar un protocolo de acción para la policía y las organizaciones sociales, con el fin de resolver las carencias que se tienen hasta el momento en cuanto a la trata de personas. La senadora nacionalista, Carol Aviaga, sostuvo a CRÓNICAS que Naciones Unidas ha denunciado las falencias presentes en el área legislativa para enfrentar esta problemática.
Uruguay está en la lista roja de Naciones Unidas por falencias que posee, a nivel legislativo, para enfrentar la trata de personas, aseguró la senadora nacionalista Carol Aviaga en diálogo con CRÓNICAS. En diciembre del año pasado el Senado de la República formó una Comisión Especial para tratar esta problemática y desarrollar un marco normativo, carente hasta el momento. Actualmente, se trabaja en el articulado de un proyecto de ley.
“No tenemos herramientas para perseguir el tema en Uruguay desde el punto de vista legal, por eso se está llevando a cabo este proyecto y seguramente pronto esté aprobado en la comisión y vaya al plenario del Senado”, dijo.
“Si vamos a hablar de UPM, tiene que haber también una mirada social y de protección en ese sentido”.
El objetivo principal de la futura normativa es la protección de las víctimas, así como también la generación de un protocolo de acción para la policía y las organizaciones del Estado involucradas a la hora de detectar un caso.
“Trata de establecer un protocolo de protección de la víctima a la hora de la denuncia. No hay una ley que las ampare ni que ampare el accionar de la policía, ni los procedimientos que se tienen que tener. Tampoco hay una ley que penalice la trata de personas en Uruguay”, explicó Aviaga.
Hasta el momento, el Parlamento ha recibido a distintas delegaciones especializadas en la materia. Las denuncias radicadas por Naciones Unidas refieren a que nuestro país es un lugar de tránsito, origen y destino de la trata de personas. A esto se le debe agregar, según la legisladora, que esta temática yace en el silencio, como si no existiera.
En este sentido, declaró que varios parlamentarios notaron la poca difusión de la situación de Uruguay, y lo asemejaron al tratamiento de la violencia doméstica dos décadas atrás. “Es un tema muy preocupante. La trata interna ha crecido muchísimo, tanto los casos como las denuncias”, aseveró.
Agregó que el aumento se ha notado no solo en el trabajo sexual de mujeres, sino en el tráfico de hombres extranjeros, sobre todo, en los rubros de pesca y forestación. De todas formas, las principales víctimas son las jóvenes que viven en las fronteras y en la zona metropolitana, destacó.
En los grandes emprendimientos y proyectos que se desarrollan en el territorio esta es una de las problemáticas que también se han detectado. En esta línea, la senadora dijo que se debe contemplar el amparo de posibles víctimas en la instalación de una nueva planta de celulosa en el país.
“Si vamos a hablar de UPM, tiene que haber también una mirada social y de protección en ese sentido, a la hora de ver el lugar donde se va a implementar y de brindar todo el apoyo”, manifestó.
Observó, además, que cuando un emprendimiento de importantes magnitudes comienza en nuestro país, se realiza un peregrinaje demográfico, ante el cual no se considera la protección social de la zona. Agregó que el encargado de esto es el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el que se encuentran falencias.
