Tras un largo camino que culminó el pasado 11 de setiembre, el Parlamento aprobó el proyecto de ley del operador inmobiliario, avalado por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya como herramienta para dar mayor “transparencia, formalidad y profesionalización” al sector, según comentó a CRÓNICAS su presidenta, Beatriz Carámbula. La reglamentación implica la creación de un registro de operadores, la conformación de una comisión administrativa, y de un observatorio inmobiliario. “El país es reconocido en el mundo por sus reglas claras, su estabilidad y su transparencia, por lo que consideramos que Uruguay se merecía este marco regulatorio”, remarcó.
El proyecto de ley del operador inmobiliario estuvo en discusión en el Parlamento desde 2022, hasta que finalmente fue aprobado el 11 de setiembre. La Cámara Inmobiliaria Uruguaya fue una de las impulsoras de esta norma, que dará un marco regulatorio más completo a la actividad. La presidenta de la cámara, Beatriz Carámbula, expresó en diálogo con CRÓNICAS el alivio de “al fin” ver aprobado un proyecto que se está trabajando “desde hace 30 años”, y valoró también el timing de la moción: la sanción ocurrió pocos días antes de que cerrara el período legislativo.
Transparencia, formalidad y profesionalización
El objetivo principal de la ley, explicó Carámbula, es “promover la transparencia” en el sector inmobiliario y “garantizar la igualdad de oportunidades”. Según su visión, esta es la vía más justa tanto para los que trabajan en inmobiliarias tradicionales como para los que trabajan como agentes dentro de una franquicia. Si bien es una ley concreta de 16 artículos, “es muy abarcativa”, ya que “contempla absolutamente a todos los actores del sector”. El cliente se verá favorecido, además, porque tendrá “más garantías” en los negocios, al estar asesorado por gente “más capacitada”. Por otra parte, la ley permitirá al Estado recaudar, por lo que también sale ganando.
La nueva normativa propone la creación de un registro de operadores inmobiliarios. Lo que se busca, apuntó Carámbula, es “prevenir la competencia desleal”, combatir el lavado de activos y fomentar la formalidad, asegurándose de que los corredores estén registrados por organismos como el Banco de Previsión Social (BPS), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
A su vez, la presidenta de la gremial argumentó que la norma “no coarta la libertad de trabajo” ni “las diferentes formas del negocio”, ni “la libertad de comercialización” del propietario. Es decir, el dueño del inmueble puede elegir vender o comprar sin que exista una inmobiliaria de por medio; lo que regula la ley es que, de existir dicha inmobiliaria, esta sí tiene que estar registrada.
Asimismo, la nueva reglamentación pone el norte en una mayor profesionalización del sector, ya que los inscriptos en el registro, además de estar reconocidos por las distintas instituciones y organismos estatales, deberán presentar la aprobación del curso de operador inmobiliario validado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
La formulación del registro
Debido a que recién se aprobó el documento, el resto del proceso todavía no está del todo estipulado, en cuya reglamentación actualmente “están trabajando los abogados”, comentó Carámbula. Sin embargo, el artículo 16 de la normativa establece que habrá un año de prórroga a partir de la promulgación, para que los aplicantes cumplan con todos los requisitos. Por ejemplo, en el caso de que no se cuente con la antigüedad necesaria, este año de gracia puede significar la diferencia. Luego de que termine ese período, sí o sí se requerirá la presentación del curso de operador inmobiliario aprobado. Además de estar en la órbita del MEC, la ley indica la creación de una comisión administrativa integrada por tres personas del Poder Ejecutivo.
La regulación también sienta las bases para que la comisión cree un observatorio inmobiliario, algo que el sector viene reclamando hace tiempo, ya que, como detalló la entrevistada, los datos que se tienen hoy se recopilan con dificultad y se publican con mucho atraso. Además, la administración tendrá a su cargo recibir todas las denuncias de potenciales incumplimientos, para los que puede haber sanciones como multas o suspensiones.
Uruguay a la par del resto de América Latina
La importancia de contar con esta ley, subrayó la presidenta de la cámara, también radica en que Uruguay era de los pocos países de América Latina que no tenía esta regulación. “El nuestro es un país reconocido en el mundo por sus reglas claras, su estabilidad y su transparencia, por lo que consideramos que Uruguay se merecía este marco regulatorio”, destacó Carámbula.
