Un decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería que se aprobó el 8 de agosto, desató miradas críticas, fundamentalmente, por parte de la directora de UTE por el Frente Amplio (FA), Fernanda Cardona, y del director de UTE por Cabildo Abierto (CA), Enrique Pées Boz. CRÓNICAS conversó con este último, quien explicó las críticas que se hicieron en aquel momento y las soluciones que llegaron a través de dos decretos aprobados el 24 de agosto. El jerarca resaltó que uno de ellos “corrigió errores de fórmula” y el otro “puso tope” sobre los daños que se le van a provocar a UTE.
Promediando el mes de agosto, algunos ojos se posaron en un decreto que muchos advertían que podría generar serias repercusiones para las finanzas de UTE. Este es el caso del doctor en Economía y hoy director de UTE por CA, Enrique Pées Boz.
El jerarca explicó que este primer decreto lo que hizo fue sustituir a partir de una fórmula matemática la necesidad de tener determinados elementos físicos que aseguren dar potencia firme. En específico, se reconoció a la energía eólica, solar y de biomasa con capacidad de suministrar potencia firme, algo que en el pasado solo se le adjudicaba a la energía hidráulica y térmica.
Este nuevo escenario extendió la posibilidad para que los generadores privados puedan firmar contratos con los grandes consumidores de energía. Hasta el momento, la atención a estos actores la tenía fundamentalmente UTE, dadas sus disponibilidades a nivel de energía térmica e hidráulica. El ministro de Industria, Energía y Minería, en declaraciones a El País afirmó que la mencionada normativa es “una oportunidad de más competencia” y que con ella se busca atraer “proyectos de grandes consumos eléctricos”.
Por el contrario, Pées Boz sostuvo que el escenario planteado le parece “injusto y desleal” a nivel de competencia. Justifica esto por el hecho de que entiende que UTE deberá asumir costos reales por suministrar energía durante las 24 horas y, en cambio, a los otros consumidores les alcanzará con quedar comprendidos dentro de la fórmula matemática.
Más allá de criticar el espíritu de fondo del decreto, el representante cabildante apuntó a que la fórmula presentada en el primer decreto para la sustitución de la obligación física cometía un “error garrafal”. Esta equivocación le quitaba su significación, cuando la misma lo que buscaba era nada más y nada menos que representar lo que se debía entender por potencia firme.
Los decretos de “corrección”
Pées Boz subrayó que el 24 de agosto se aprobaron dos artículos que en cierta medida subsanaron lo que habían sido las críticas propiciadas. Uno de ellos se expidió en relación al error de fórmula y, según el economista, se le atribuyó la responsabilidad de la equivocación a la Dirección Nacional de Energía (DNE). En ese caso, el entrevistado indicó que, si bien la misma pudo haber sido la que dio inicio al error, el documento pasó tanto por la cartera de Industria como por la de Economía, lo cual también hace a ambos ministerios responsables. A su vez, recordó los dichos que Paganini había hecho sobre él y comentó que “por haber descubierto el error que ahora reconocen” se lo trató de “terrorismo, de delirios y de inexactitudes”.
El otro decreto de la fecha, según Pées Boz, apuntó a limitar el daño original que se le iba a hacer a UTE. Agregó que en un principio se les abrió las puertas a 470 grandes consumidores, casi el 20% del total de la facturación, para que pudieran dejar de ser clientes de UTE. En este escenario, la empresa pública perdería US$ 280 millones.
La limitación, en concreto, determinó que aquellos que podían establecer contratos con generadores privados serían solo los que tuvieran una potencia mínima contratada de 1.500 kilowatts. Este cambio hace pasar la posibilidad de pérdidas de grandes clientes de 470 a aproximadamente 50, lo que se traduce en una modificación de la posible pérdida financiera de US$ 280 millones a US$ 20 millones. El director de UTE aseveró que esta nueva pérdida sí puede ser absorbida por parte de la empresa sin tener la necesidad de aumentar un 10% las tarifas, como lo había anunciado en el escenario anterior.
¿Advertencia o mensaje?
Pées Boz hizo énfasis en un detalle que se dejó asentado en el decreto que le puso “tope” a la salida de los grandes consumidores privados. En particular, se refirió al fragmento donde se establece que el Poder Ejecutivo podrá modificar el tope de 1.500 kilowatts, si lo entiende necesario, conforme a la evolución del sistema eléctrico nacional. Desde la visión del economista, las interpretaciones al respecto pueden ser dos. La primera es que eso significa “un aviso para los que estábamos en contra de esta privatización, la cual se sigue dando con estos decretos”. Por otra parte, consideró que puede ser un mensaje para los aproximadamente 430 que en esta oportunidad no tienen la posibilidad de dejar de ser clientes de UTE. Para Pées Boz, puede significar decirles “no pudimos liberar a todos, pero en otras circunstancias quizás podamos lograr que ustedes también se vayan de UTE”.
Ambas posibilidades, según el jerarca, confirman su aseveración de que “los promotores de la privatización de las empresas públicas en 1992, ahora la impulsan en el mercado eléctrico”. Explicó esto, sumado al razonamiento de los contratos PPA (Power Purchase Agreement) y la integración de la DNE, la cual, dentro de sus cinco directores, cuenta con dos representantes de los intereses privados y uno de UTE.
