Solo en el último año comenzaron a construirse 84 proyectos de vivienda promovida –que alcanzan unas 2.470 unidades-, mientras que, en los tres años anteriores, en promedio, la cantidad fue de 42 –que totalizaron aproximadamente 1.870 soluciones habitacionales- por cada año. Así lo indican las cifras que la ministra de Vivienda, Irene Moreira, brindó a CRÓNICAS. En otro orden, destacó la implementación de una nueva herramienta constructiva que, según dijo, permitirá generar viviendas a mayor ritmo y menor costo.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
En abril del año pasado, el presidente Luis Lacalle Pou firmó un decreto en el cual se establecieron modificaciones al régimen de vivienda promovida –originalmente llamada de interés social-, como respuesta al reclamo del sector privado de la construcción, que ya no encontraba rentabilidad en el negocio.
El objetivo de los cambios fue, básicamente, impulsar la inversión en el rubro, considerando la importancia que este tiene en la reactivación económica y en la generación del empleo. De esa manera, además, se buscó favorecer las condiciones de acceso a la vivienda.
El nuevo decreto permite que se incluyan monoambientes en los proyectos realizados bajo este régimen, elimina el tope máximo de 100 viviendas que estaba previsto y agrega otros beneficios tributarios a los ya existentes. También suprime los límites que estaban determinados en los precios de venta y de alquiler de las unidades, entre otras reformas.
Luego de un año de la implementación de esas modificaciones, el impacto que se ha visto ha sido “muy positivo”, según expresó a CRÓNICAS la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira.
Desde 2017 hasta abril de 2020 se llevaron adelante 128 proyectos que suman 5.612 viviendas. En promedio, se hicieron 42 por año. Si bien estaban bajo la reglamentación anterior, se acoplaron a la nueva disposición.
En tanto, tras los cambios realizados, ya se han concretado 84 proyectos que completan 2.468 unidades. Significa que “en un año tenemos casi un 50% de las soluciones habitacionales logradas –bajo este mecanismo- en tres años en la administración anterior”, agregó la jerarca.
De todas maneras, aclaró que no se trata de viviendas finalizadas, sino que son proyectos que están en construcción.
“La nueva reglamentación es súper motivadora para las empresas. Este gobierno consiguió, a través de estos lineamientos, que la construcción de viviendas sea realmente atractiva para el sector privado. Al mismo tiempo, eso repercute en la finalidad de acortar la brecha de soluciones habitacionales que necesita el Uruguay”, apuntó.
Menos costo, misma calidad
Desde que asumió, Moreira –junto a su equipo- ha buscado la forma de flexibilizar la normativa de la construcción con el objetivo de bajar el valor del metro cuadrado para, de esa manera, poder generar más cantidad de viviendas, pero sin perder la calidad.
La Auditoría Interna de la Nación marca que se está construyendo vivienda promovida a un costo de entre 2.200 y 2.400 dólares por metro cuadrado. Como la titular de la cartera entiende que es elevado para el régimen en cuestión, determinó un meta de 1.200 dólares.
A fin de lograrlo, fue que abrió el abanico de los sistemas constructivos. Así, se creó una herramienta que “flexibiliza y democratiza” la construcción con el Estado, porque, entre otros públicos, “está pensada para las mipymes”, comentó. Se trata de los sistemas constructivos no tradicionales, que, tal como sostuvo, permitirían construir a un mayor ritmo.
Estos podrán ser registrados en el Certificado de Incorporación de Registro (CIR). Si no hay observaciones o errores, el proceso para obtener la habilitación no superará los 90 días, había señalado la ministra en una conferencia de prensa en febrero, en la que anunció la aprobación del reglamento del nuevo instrumento.
Los sistemas de construcción no tradicionales requieren de una capacitación y uso de tecnologías que no se utilizan en las construcciones habituales, explicó en esa instancia. Entre los materiales cuyo uso se pretende estimular están, principalmente, la madera, el plástico y el barro.
La jerarca afirmó a CRÓNICAS que en realidad en el organismo están abiertos a todos los sistemas constructivos y no se atan a ninguno. “Uno de los que estamos impulsando es la madera. Basta con recorrer el Uruguay y ver miles de hectáreas de monte con eucaliptus o pino, que hoy los enviamos al puerto sin valor agregado alguno”, argumentó.
“La nueva reglamentación es súper motivadora para las empresas. Este gobierno consiguió que la construcción de viviendas sea realmente atractiva para el sector privado”.
En ese sentido, destacó tres características que ofrece la madera: la construcción de vivienda, el cuidado del medio ambiente –ya que capta el CO2- y una fuente de trabajo, teniendo en cuenta que los operarios deberán adaptarse para lograr darle ese valor agregado al producto.
Hay diversas formas de construir con este material. Entre ellos, los bloques encastrados, que ya se utilizan en Maldonado, y el sistema de madera laminada, con el que también se está trabajando en el país.
En esta línea, el Ministerio ha creado la Oficina de Asesoramiento en Construcción de Madera, que no existía como tal, y que recibe consultas de interesados en incursionar en ese tipo de edificación.
A su vez, Moreira declaró que ese material también puede servir para brindar soluciones a los asentamientos, sobre todo, por la rapidez con la que se puede construir.
Impulsar el alquiler para tener un techo propio
La ministra considera que en todos los sectores de la población existe déficit habitacional, pero que hay un segmento muy importante que no está totalmente amparado, que comprende a las personas que hoy están alquilando. Muchos son jóvenes que quieren independizarse, que terminaron su carrera, que quieren formar su familia, ejemplificó.
Parte de los planes del Ministerio están dirigidos a los deciles más bajos, como el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Programa de Relocalizaciones y el Plan Juntos. En el otro extremo, hay programas para franjas más altas, como los que nuclea la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario.
Sin embargo, las autoridades detectaron que, la clase media trabajadora –gran parte de la cual alquila-, no podía acceder a un techo propio, de acuerdo con la jerarca. “Hoy el ahorro previo es muy difícil, entonces, nosotros queremos potenciar esa construcción con el plan de alquiler con opción a compra”, aseveró.
Ese mecanismo le va a permitir al usuario alquilar una vivienda por cinco años y, una vez cumplido ese lapso, podrá decidir si quiere comprarla o no. Además, en esos primeros cinco años el organismo va a evaluar el compromiso de pago de la persona, y el monto depositado mes a mes le va a servir como entrega inicial de capital para conseguir esa propiedad. Después, en caso de elegir esa opción, durante 20 o 25 años va a seguir pagando la cuota, ya no de un alquiler, sino de su casa propia.
