Seis años después de la primera iniciativa presentada por el diputado Alfredo Asti, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente recibió respuesta a un nuevo proyecto de ley sobre viviendas abandonadas y degradadas.
Por Jessica Vázquez | @jessvazquezl
Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay, en diálogo con CRÓNICAS, expresó que las bases el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) están fundadas en el proyecto de ley que él elaboró en equipo con el diputado Mauricio Guarinoni en 2012. Indicó, además, que se trabajó en ese entonces conjuntamente con el Mvotma, organismo al que Asti solicitó asesoría.
El representante fue consultado respecto a su proyecto original, a lo que respondió que después de 2014 el documento estuvo detenido en comisión, pero en 2015, con la nueva legislatura, fue desarchivado. “No se volvió a tratar el tema en profundidad pero tuvimos reuniones con el Mvotma, que lo analizó críticamente manteniendo las sustancias y buscando soluciones legales un poco más afinadas que las que nosotros presentábamos”.
Pese a esto, el documento quedó descartado y fue desde el Ministerio que se elaboró uno nuevo con muchos puntos en común al anterior. “Ya sabíamos que se iba a presentar, no corrigiendo el otro sino haciéndolo de nuevo”, indicó Asti. Además, afirmó que se analizará la iniciativa sin descartar algunas de las soluciones que se planteaban en el documento original.
“A veces se nos decía a nosotros que estábamos legislando retroactivamente, pero la obligación de los propietarios existe desde 2008”, señaló Alfredo Asti.
Este proyecto no solo tiene como base el anterior, también se apoya en la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial (OT), más precisamente en su Artículo número 37. En el mismo se indica la obligatoriedad de los propietarios de inmuebles a mantener las buenas condiciones y hacerse cargo del mismo y proteger de igual manera el patrimonio cultural y el medio ambiente.
“A veces se nos decía a nosotros que estábamos legislando retroactivamente, pero la obligación de los propietarios existe desde 2008”, sostuvo el diputado. A lo que añadió que el proyecto se hace con las mejores garantías teniendo en cuenta todas las normas del código del proceso: las intimaciones previas, con la posibilidad de que el propietario corrija la situación.
En cuanto a los beneficios de que el documento haya sido presentado por la cartera de Vivienda, Asti explicó que es fundamental que no sea solamente la idea de un par de legisladores sino que esté detrás también el poder ejecutivo.
“La elaboración fue en conjunto, se partió del análisis de aquel proyecto para encontrarle la vuelta a cómo mejorarlo, y creo que en muchas cosas es notoriamente más completo y menos tachable de inconstitucional” -argumento que se utilizaba para atacar al original-, expresó el representante.
Asti indicó que se alegra de que el Ministerio lo haya tomado, aunque remarcó que le hubiera gustado un poco más de interacción. “Pero lo importante es que el proyecto esté”, señaló. Lo que se pretendía era que se discutiera el asunto. “Ahora hay un proyecto que tiene los mismos objetivos, y algunas de las formas que nosotros planteábamos para resolver el problema es mucho más amplia y detallada”, agregó.
El objetivo de este proyecto, al igual que se había planteado en el original, es que no existan inmuebles abandonados. “Creemos que está muy bien resuelto, ya que si el propietario no puede, se niega o no se encuentra, ahí puede darse la venta judicial”, dijo el diputado.
El documento indica que el producido del remate queda a favor de quienes puedan tener derechos sobre el bien, esto es, según Asti, “para que a raíz de distintas acciones judiciales, no siga deteriorándose y causando perjuicios para toda la sociedad como pasa en la mayoría de los casos”.
Proyecto original
La primera iniciativa presentada contaba con cuatro líneas de salida. En primer lugar se encontraba la obligación del propietario de rehabilitar el bien. Por otra parte, estaba previsto el remate judicial si había oposición de intereses o derechos que estuvieran discutiéndose. Ambas puntos están contemplados en el nuevo proyecto.
En tercer lugar, los diputados proponían la expropiación del inmueble. En el documento del Ministerio “no se habla de eso, pero sería una eventualidad que pudiera darse en algún caso. Teniendo en cuenta que esto no sea un incentivo para que los inmuebles sean abandonados especulando que pueden ser expropiados”, expuso Asti.
Como último punto, se presentaba la declaración de bien vacantes. Es decir, que si no aparecía nadie que tenga derecho sobre el bien, este pasaría a ser patrimonio del Estado como lo indica el código civil.
Esta cuarta característica no está contemplada dentro de las soluciones, pero sí se indica que si luego de cinco años del remate judicial nadie reclama el monto, pasa a poder del Fondo Nacional de Vivienda para seguir construyendo. Ante esto, el entrevistado opinó: “Creo que esto hay que trabajarlo un poco más, y nosotros estamos dispuestos a colaborar”.
Terrenos baldíos
Hay un tema que no está presente en este proyecto y son los terrenos baldíos. “Para nosotros es una cuestión muy importante porque también los baldíos cumplen con algunas de las restricciones que tienen los inmuebles degradados”, aseveró Asti.
Además, argumentó que tener un bien baldío en el medio de una ciudad completamente consolidada es una ineficiencia “que debe corregirse con regulaciones, y estas son poner las condiciones de que ese inmueble deba ser ocupado para los fines que sean socialmente aceptables”
Para el diputado, quienes se ven más afectados son los vecinos, ya que se generan problemas de seguridad pública y también ambientales. “Hay una parte de la manzana que está desaprovechada y hace ineficiente el resultado de la inversión que no es solamente en calle, energía eléctrica o agua potable y saneamiento, sino también en alumbrado, centros de educación o de salud que están previstos en esa zona”, aseguró al respecto.
En su opinión, y siempre refiriéndose a los terrenos baldíos, “no es socialmente aceptable de que se desperdicien por la inacción de quien tiene la obligación de cuidarlos y conservarlos como establece la ley de OT”.
