En un contexto de caída de la economía, golpeada fuertemente por la pandemia, el gobierno definió priorizar el mantenimiento de las fuentes de trabajo por sobre los salarios. Entrevistado por CRÓNICAS, el abogado experto en relaciones laborales y seguridad social, Nelson Larrañaga, sostuvo que comprende la posición de las autoridades y destacó la importancia de darles tiempo a las empresas para su recuperación. En otro orden, advirtió que la ley de urgente consideración no garantiza libertad de trabajo y de empresa en caso de ocupación y piquete.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
Entre tantos y diversos efectos, la pandemia del Covid-19 también impactó en la negociación colectiva. Desde el punto de vista locativo no hay instalaciones disponibles como para garantizar que se cumplan las medidas sanitarias adecuadas, porque los locales del edificio donde se negocia son cerrados y no tienen una adecuada ventilación.
Esa falta de condiciones para que las partes interesadas se reúnan, se suma a un escenario económico complejo, con 200.000 trabajadores en seguro de paro, una tasa de desocupación cercana al 11% y una caída del PIB que se estima en un 3% para el año 2020, de acuerdo con las declaraciones de Larrañaga. Además, hay sectores de actividad en los cuales las empresas atravesaron un período de tres meses sin generar ingresos y recién ahora comienzan a reactivarse.
En ese panorama, sostuvo que el gobierno utilizó el mecanismo de aplicación de correctivos de inflación, que ya venían de los convenios colectivos anteriores, lo que se sumará a ajustes nominales futuros. Esto significa que va a haber aumentos, pero serán por debajo de la inflación e implicarán pérdida del salario real.
El planteo del gobierno es que en la medida en que se restablezca la actividad económica hacia el futuro, esa pérdida se va a ir recuperando. Se trata de una solución de emergencia planificada para el plazo entre julio de 2020 y junio de 2021. Después, a partir de julio de 2021, si no hay más emergencia sanitaria, se van a convocar los Consejos de Salarios tal como venían funcionando antes.
En esa instancia, los sindicatos podrán proponer como reivindicación recuperar, al menos de modo paulatino, esta disminución salarial.
El norte de la coalición multicolor es no perder empleo. “Lo que dice el gobierno es que ya hay 200.000 personas con subsidio de desempleo y Uruguay no se puede dar el lujo de perder 200.000 fuentes de trabajo. Por eso fue que hizo este plan gradual a un año como una medida excepcional. Habrá pérdida de salario real, pero por otro lado se mantendrán los empleos”, puntualizó.
A su vez, hizo énfasis en que la pérdida de salario real se complementa con diversos apoyos a las empresas, por vía del seguro de paro y de la exoneración de aportes patronales a la seguridad social, tema que se está estudiando.
Asimismo, la prórroga del seguro de desempleo parcial ya se ejecutó hasta el 30 de junio y el gobierno analiza mes a mes si es necesario. Si no hay posibilidad de que las empresas retomen a esos trabajadores, se irá prorrogando ese subsidio, señaló el abogado laboralista.
Dado que el período máximo de suspensión por falta de trabajo son cuatro meses, entre el 16 y el 31 de julio vencen los subsidios por desempleo solicitados en marzo, tras la declaración del estado de emergencia. Llegado el momento, el empleador tendrá que decidir si reintegra al trabajador o lo despide. “Si el 31 de julio no hay posibilidades de que se retome a todos, las empresas pueden solicitar una prórroga y el Poder Ejecutivo tiene la facultad de aplazarlo hasta por un año”, indicó.
Empleo versus salario
La posición del PIT-CNT, según afirmó a CRÓNICAS la semana pasada su secretario general, Marcelo Abdala, refiere a que se “moverán desde todo punto de vista” para evitar el deterioro del poder de compra del salario real.
Consultado al respecto, Larrañaga opinó que existe una tensión entre la conservación del empleo y del salario. “En una situación excepcional como la que estamos atravesando, de caída de la actividad económica, las dos cosas a la misma vez no se pueden mantener, porque la realidad no lo permite. Si tú querés garantizar el 100% del mantenimiento del poder de compra de los salarios, si las empresas no pueden pagar ese ajuste, van a reducir su plantilla laboral, y ahí habrá pérdida de empleo”, argumentó.
Dijo también que “es comprensible la posición del gobierno de priorizar que se mantengan las fuentes de trabajo, que una vez que se pierden, son muy difíciles de reponer. Por eso es que prorroga el subsidio por desempleo y sacrifica el poder de compra de los salarios en aras de mantener el empleo”.
Por su parte, “el PIT-CNT quiere defender el salario real, pero pasado este año de excepcionalidad, cuando se reinicien los Consejos de Salarios en julio de 2021, allí se plantearán las reivindicaciones para recuperar el salario en forma gradual”, aseveró. Añadió que eso no sucederá en forma inmediata, puesto que “hay que darles tiempo a las empresas para que se recuperen de esta inactividad, que ha sido muy severa con sus ingresos”.
Advertencias por la LUC
En materia laboral, la ley de urgente consideración se propone, entre otras cosas, regular el ejercicio de tres derechos: la huelga, la libertad de trabajo y la libertad del empleador de ingresar a la empresa.
Para el consultor en derecho laboral, lo importante en este punto es determinar qué concepto de huelga se maneja, y planteó dos opciones. Una, que a su juicio es la correcta, es definir a la huelga simplemente como “no trabajar”, con el fin de hacer reivindicaciones al empleador, decididas por el colectivo de trabajadores. Por otro lado, existe un concepto amplio del término, que comprende medidas adicionales a la negativa a trabajar, como la ocupación y el piquete.
El proyecto de ley establece que el Estado asegura el ejercicio pacífico de los tres derechos. Sin embargo, el especialista entiende que, en base al estricto significado de la huelga, la iniciativa legal no garantiza la libertad de trabajo ni la de empresa para los casos de ocupaciones y piquetes, dado que son medidas distintas de la huelga, porque se trata de tomar el control del establecimiento.
“Si se pretende garantizar esos dos derechos, en realidad no se los está garantizando en caso de ocupación y piquete, salvo que el legislador se pliegue a un concepto amplio de huelga que incluya a los otros dos, y no creo que esa haya sido la voluntad. De hecho, los referentes del oficialismo que han opinado sobre este tema han dicho que la ocupación y el piquete no están dentro del derecho de huelga”, explicó.
La propuesta del experto es que se realice una redacción alternativa para que realmente esté protegida la libertad de los trabajadores y la de los empresarios. De esa manera, expresó que la norma tendría que comprender a cualquier medida de acción colectiva decidida por el gremio.
Las resoluciones sindicales que impiden el acceso a las instalaciones son las ocupaciones y los piquetes, entonces, con esa redacción más genérica, se determinaría que ante cualquier medida se deberá respetar el derecho de los trabajadores no adherentes y de la dirección de la empresa a acceder libremente al local y a trabajar, sin que nadie perturbe a esas personas.
